El sur de Bolívar enfrenta una crisis humanitaria por los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan el control de las rentas criminales y la minería ilegal en la región. La violencia ha obligado a más de 500 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plaza, en zona rural de Montecristo, a abandonar sus hogares este fin de semana, mientras otras 104 permanecen confinadas en el corregimiento de Mina Piojó.
Iván Sanes, secretario de Víctimas de la Gobernación de Bolívar, advirtió que la situación sigue deteriorándose. "Las confrontaciones de grupos ilegales han aumentado, poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de los pobladores de estos corregimientos, especialmente en las zonas rurales. Nosotros, desde la Gobernación de Bolívar, estamos brindando ayudas de reacción inmediata, pero se requiere que, así como el Catatumbo tiene una merecida atención, también el sur de Bolívar la reciba", afirmó.
Según cifras oficiales, en lo corrido del año ya son más de mil personas desplazadas por los recurrentes enfrentamientos. "Solamente en el 2023 se duplicaron los hechos de desplazamiento y confinamiento; en el 2024, casi se triplicaron, y en lo que va de este año la tendencia va en aumento", detalló Sanes.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el deterioro de la seguridad en la región. "En lo que va de 2025, se han producido cuatro desplazamientos forzados masivos, más de cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados", indicaron.
Los principales grupos armados ilegales que operan en la zona son el ELN, las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’, y el ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’. En la serranía de San Lucas, las comunidades rurales de Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Norosí y Río Viejo están atrapadas en medio del fuego cruzado.
Carlos Trujillo Bustamante, secretario de Gobierno de Montecristo, confirmó la gravedad de la situación: "Se han desplazado 171 familias hacia el corregimiento de Paraíso, y se mantiene la información de confinamiento de 120 familias en la vereda Mina Piojó".
Mientras tanto, la comunidad insiste en que la ausencia del Estado en estas zonas apartadas es un factor clave en el agravamiento del conflicto. "Que volteen la mirada hacia estos sectores que están en total abandono. Los grupos armados aprovechan para apoderarse de las economías ilícitas. Nosotros hemos pedido desde hace varios años la formalización de la minería y no ha sido posible. Es responsabilidad del Gobierno lo que está ocurriendo por falta de atención", denunció un líder comunitario bajo reserva.
En las últimas horas, un líder social fue asesinado en Santa Rosa del Sur y un soldado del Ejército Nacional murió al pisar una mina antipersonal en el mismo municipio. Las autoridades han desplegado tropas en la zona para intentar controlar la situación, mientras se habilitan albergues para atender a los desplazados en Montecristo.