Hay plazo para verificar validez de rúbricas, pero no acerca de cuentas de financiación

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La realización de la consulta anticorrupción y la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, están pendientes por la certificación que debe entregar el Consejo Nacional Electoral de las respectivas cuentas sobre la financiación para la recolección de firmas de ciudadanos de apoyo a estas iniciativas, en el sentido de ver si fueron respetados los topes establecidos. Sobre el particular se está diciendo que hay un vacío en la ley porque no hay plazo para que el organismo cumpla esta tarea.

La representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, indicó a EL NUEVO SIGLO que “en la Ley existe como un vacío, hay 45 días máximo para que la Registraduría revise las firmas, millones, en cambio no hay plazo para que el Consejo Electoral revise las cuentas. Miren la diferencia de la tarea: revisar 4.600.000 firmas (en el caso de la consulta anticorrupción) versus revisar los libros contables de $500 millones”.

Lozano, una de los promotores de la consulta anticorrupción, explicó que “la Registraduría certificó las firmas como a los 40 días de entregarlas, como en septiembre, pero las cuentas no las han certificado (el CNE)”.

Añadió que han urgido al Consejo Nacional Electoral pronunciarse sobre este tema, hasta el momento sin resultados. “Sí hemos hecho cartas, primero exigen una carta con unos requerimientos, entonces los contestamos. Luego como al mes y medio-dos meses, hicieron como otros cinco requerimientos y nosotros los contestamos. Luego se tomaron como un mes y pico y hace unas semanas llegó otro requerimiento. Y en otro momento nos dijeron que era que los contratistas estaban sim contrato”, explicó Lozano.

A mediados de septiembre pasado, la Registraduría terminó  de verificar las más de 4,230.000 firmas ciudadanas de respaldo a esta iniciativa que entregó el Partido Alianza Verde. Un total de 3’092.138 firmas fueron aprobadas al determinar el organismo su validez.

En la consulta anticorrupción  los colombianos decidirían en las urnas reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo. Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional, se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

Además obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos. Limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.

Revocatoria

El 26 de octubre pasado, la Registraduría confirmó que el comité ciudadano promotor Unidos Revocamos a Peñalosa había cumplido con el primer paso de los requisitos para convocar la revocatoria, pues acreditó como válidas 458 mil firmas de las 706 mil firmas presentadas. Para el trámite tan solo se requerían 271 mil.

En tanto que va para cinco meses que este comité entregó al Consejo Nacional Electoral el informe con las cuentas sobre los ingresos y gastos para la recolección  de las más de 700 mil firmas que hizo llegar a la Registraduría, con el fin de llevar a las urnas la continuidad o no del Burgomaestre en el cargo.

Sobre el particular en la segunda semana de septiembre pasado el magistrado Emiliano Rivera presentó a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia sobre las cuentas de la recolección de firmas, en la que indica que hubo irregularidades en la financiación.

Sin embargo, la discusión sobre el particular se dilató todo este tiempo, por lo que varios promotores de la revocatoria, entre otros José Cuesta, ex subsecretario de Gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro, presentaron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo ir a las urnas.

Por ello a principios de diciembre anterior, el Tribunal Administrativo  de Cundinamarca falló la tutela a favor de los accionantes  en la que pidió al Consejo Nacional Electoral superar los obstáculos y dar celeridad a los trámites de la revocatoria de Peñalosa.

No obstante la determinación sobre si las cuentas que presentó este comité se ajustan o no a los topes establecidos no se ha podido tomar en el CNE, luego de la orden de este Tribunal, porque no se ha resuelto una recusación que fue presentada contra el magistrado Armando Novoa.