Debido a que la ley no le permite levantar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados delincuenciales que no tengan estatus político, el fiscal Francisco Barbosa reafirmó ayer su decisión, después de que el viernes pasado no atendiera una resolución que le envió el Gobierno respecto a 16 integrantes del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, con los cuales la administración Petro busca adelantar una negociación para su sometimiento a la justicia. 

La negativa del fiscal Barbosa ha generado una controversia jurídica, pues el Gobierno dice que la ley lo habilita para solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de integrantes de organizaciones delincuenciales, con el fin de que funjan como voceros en conversaciones para el sometimiento a la justicia. 

Barbosa en declaraciones a Blu Radio dijo que para tocar este tema se reunirá con el presidente Petro el próximo 30 de enero, una vez que regrese de Estados Unidos. 

Añadió que “no voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados”.

Agregó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos "está tremendamente preocupado frente al tema" y que "está siguiendo estas conversaciones día a día con la Fiscalía y el fiscal general de Colombia". 

Por ello, explicó Barbosa, será uno de los temas que abordará en su viaje a ese país, en donde sostendrá "una reunión de alto nivel con el Departamento de Justicia" y con otras entidades. 

El fiscal dijo que ya le había advertido al Gobierno sobre la imposibilidad de levantar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados al margen de la ley que no tengan estatus político. 

"Los llamamos nosotros para preguntarles cómo iba el asunto porque nos estaban llegando los decretos en cascada. Queríamos saber qué estaba pensando el Gobierno frente a lo que nosotros estábamos diciendo. La respuesta que nos dieron después de dos horas fue: ‘Estamos con ustedes y no vamos a enviar ningún tipo de decreto, sino que hay que sacar la ley de sometimiento’. Tres días después nos envían una resolución pidiendo las liberaciones", contó Barbosa Delgado.

• Le puede interesar: Ministro del Interior y Alianza Verde revisaron agenda legislativa

El fiscal general también se refirió a lo señalado hace algunos días por el director de la Policía, el general Henry Sanabria, quien dijo que fue notificado de la suspensión de 18 órdenes de captura contra integrantes de las disidencias y del Eln.  

Dijo el oficial que, en el caso del ‘Clan del Golfo’, no ha sido notificado de la suspensión de la orden de captura contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, pero la Policía no hace “la acción ofensiva de ir a buscarlos”. 

Esto último que dijo el general Sanabria, tiene que ver con el cese el fuego bilateral que acordó el Gobierno con cuatro grupos armados desde el pasado 1 de enero y hasta el 30 de junio, con los cuales espera adelantar negociaciones para su sometimiento a la justicia, entre estos las disidencias y el ‘Clan del Golfo’.

Barbosa reveló que le dijo a la directora de la Dijín que "el jefe de la Policía Judicial de Colombia es el fiscal general de la Nación, en términos de la investigación y la persecución judicial", y que por ello no puede decir que no actuará "policialmente con el CTI para capturar asesinos de líderes sociales en el Cauca".  

Agregó el fiscal que “la suspensión de operativos policiales no significa la suspensión de operativos de captura contras esas personas a las cuales yo no les suspendí las órdenes de captura”.

El martes pasado, la procuradora general, Margarita Cabello, coincidió con el fiscal en que "por estar vigentes las órdenes de captura, los miembros de la Fuerza Pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectivas, esto es un tema de separación de poderes dentro de una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la Constitución y de la ley”.

Petro: paz es una obligación 

Desde Davos, Suiza, donde asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial, el presidente Petro advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluido yo, debemos obedecer la Constitución, que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía”. 

El jefe de Estado enfatizó que una ley “le permite al presidente designar una serie de intermediarios, digámoslo así, o de negociadores con grupos que no necesariamente tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento sociojurídico para su desmantelamiento pacífico, que implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno”. 

Esa norma, añadió, busca “un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, la posibilidad de una pacificación urbana entre bandas”.