En el foro El campesinado como sujeto de especial protección de derechos, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, remarcó lo que la población campesina hace desde la ruralidad por el país; sin embargo, llamó la atención de la institucionalidad gubernamental, para que emprenda planes que permitan transformar sus condiciones de vida.

Durante la instalación del foro, liderado por la Defensoría y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Iris Marín Ortiz recalcó cuán importante es sumar esfuerzos para que sean materializados los mandatos contenidos tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de Otras Personas que trabajan en las zonas rurales como en el Acto Legislativo 01 de 2023, el cual reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección y conmina al Estado a promover que trabajadoras y trabajadores agrarios y campesinas(os) tengan acceso progresivo a la propiedad de la tierra de manera individual o en asocio.

El jefe de la Misión de Verificación en el país, Carlos Ruiz Massieu, destacó que la Declaración es un hito a nivel internacional en materia de reconocimiento de derechos de la población campesina, la cual aún no es vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, y también resaltó el trascendental paso dado con ocasión de la expedición del Acto Legislativo en mención.

En materia territorial, fue abordada la trascendencia de las nuevas territorialidades campesinas, especialmente con ocasión del impulso a los Territorios Campesinos Agroalimentarios, figura que, con el necesario respaldo institucional, permitirá contribuir a la construcción de una sólida soberanía alimentaria, la protección de la naturaleza y la vida digna de las familias campesinas.

Derechos étnico-territoriales

Unir esfuerzos en la exigibilidad de derechos entre los pueblos étnicos y el campesinado, de manera tal que se logre avanzar hacia el relacionamiento armónico de las distintas formas de territorialidad, hoy en día reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, fue otro de los llamados de la Defensora del Pueblo.

Este tema es de especial relevancia, pues la Declaración de las Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas que trabajan la tierra como sujetos destinatarios de ese instrumento internacional. El foro fue una oportunidad para acercar a las organizaciones étnicas y el campesinado al diálogo constructivo sobre temas de territorialidad.

Sin embargo, hay grandes retos para que las políticas públicas incorporen el enfoque para las mujeres étnicas, sobre todo si se tiene en cuenta que entre 2020 y 2024, de un total de 656.837 casos notificados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, 35.975 correspondieron a violencias contra mujeres de pueblos étnicos, lo cual representa el 5,4% del total. Los números hacen referencia a violencias sufridas en el curso de la vida.

Por lo tanto, es clave garantizar sus derechos en la ruralidad, en particular porque la Declaración desglosa ese enfoque, el cual implica la protección de sus derechos, reconocer también las culturas de los pueblos étnicos en los territorios y las prácticas tradicionales de las mujeres.

Cifras que también preocupan

Según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2023), en Colombia un total de 10.640.000 personas se identifican subjetivamente como campesinas. La inmensa mayoría de hogares campesinos, atendiendo a la misma fuente, se identifica como pobre (69,7%).

Los niveles de pobreza tienen relación directa con la desigual distribución de la propiedad de la tierra en el país. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2023), la nación presenta un índice de concentración de la propiedad agraria (medida por el Coeficiente Gini) de 0,89. Detallando las cifras, el 1% de los propietarios de predios rurales privados posee el 49,8% del total de área rural bajo esa clasificación.

La situación de pobreza impacta en mayor medida a las mujeres campesinas, rurales y pesqueras, pues el Índice de Pobreza Multidimensional en hogares rurales y centros poblados con jefatura femenina es del 27,8% (Dane, 2023). Asimismo, del total de predios rurales con única(o) propietaria(o), apenas el 36,3% está en cabeza de mujeres, siendo la inmensa mayoría de ellas microfundistas (Dane, 2021).

Intervención de personas lideresas campesinas

Las personas lideresas de la población campesina remarcaron durante sus intervenciones en el evento, realizado en la sede nacional de la Defensoría, que la Declaración se constituye como el instrumento internacional de protección de sus derechos más importante, sin el cual no hubiese sido posible el reconocimiento constitucional especial que hoy tienen.

Representantes de ministerios, congresistas, magistrados, exconstituyentes y expertos de la academia formaron parte del foro, el cual fue realizado en la semana que conmemora el sexto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz.