Durante el foro “Retos y desafíos en materia de seguridad en el marco de la Ley 2197 de Seguridad Ciudadana”, organizado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, la alcaldesa Claudia López hizo un balance sobre los primeros tres meses de la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Advirtió que en Bogotá no se han visto sus efectos.

“Esta es una norma muy reciente. Sin embargo, transcurridos tres meses de vigencia de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, no tenemos en los indicadores ninguna modificación en lo que tiene que ver con Bogotá”, manifestó López, en referencia a los procesos de judicialización efectiva.

Agregó que “cuando uno compara los números y porcentajes de la gente que quedaba libre antes de la Ley, y hoy, son casi los mismos. Solo hay un modesto cambio en la recurrencia y por eso convocamos este evento, para saber qué debemos hacer”.

También se refirió al serio problema de hacinamiento en las cárceles del país y dijo que este no se puede resolver en las sentencias de los jueces, sino con la construcción de nuevos centros penitenciarios que ofrezcan segundas oportunidades a los ciudadanos. 

“Este es un problema que el Gobierno nacional tiene que resolver con cárceles dignas que les den segundas oportunidades a los ciudadanos; por eso, se va a presentar un proyecto de ley la próxima semana, con mensaje de urgencia por parte del Ministerio del Interior”, detalló la alcaldesa López.

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Igualmente, señaló que el impacto de la prevención y lucha contra la criminalidad depende, en gran medida, de la interacción y colaboración armónica con las autoridades y las ramas del poder público, e indicó que el ciudadano de a pie solo va a salir a defender la democracia si tiene seguridad, equidad y justicia.

En este espacio de discusión académica sobre la nueva Ley, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, resaltó la importancia de buscar acciones efectivas que contribuyan al mejoramiento en la administración de justicia y a garantizar la seguridad y la convivencia.

“Debemos fortalecer los mecanismos institucionales para beneficio de todos los ciudadanos, que sientan que no se les vuelven a vulnerar sus derechos”, indicó la magistrada.

La Ley de Seguridad Ciudadana introdujo una serie de herramientas que busca perseguir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, y en ese sentido, amplió el alcance de las normas sobre medidas de aseguramiento y otorgó instrumentos a la Policía para la atención preventiva.