Liberan a dos líderes sociales tras 25 días de cautiverio en Catatumbo | El Nuevo Siglo
Los retenidos habían sido interceptados por hombres armados y desde entonces no se tuvo noticias de su paradero. / Foto: AFP
Domingo, 22 de Septiembre de 2024
Redacción Web

Después de 25 días de cautiverio, los líderes sociales María Caicedo Osma y Miguel Antonio Quintero fueron liberados en la región del Catatumbo, gracias a la intervención de una comisión humanitaria. Ambos, oriundos de Cúcuta, habían sido secuestrados el 27 de agosto cuando se dirigían a la vereda Mesa Rica, en el municipio de La Playa de Belén, para adelantar proyectos sociales con la comunidad. Fueron interceptados por hombres armados y desde entonces no se tuvo noticias de su paradero.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, se presume que los líderes estuvieron en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que ejerce un fuerte control sobre esta zona del departamento de Norte de Santander. Durante su cautiverio, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, juntas de acción comunal y la Defensoría del Pueblo trabajaron incansablemente para garantizar su liberación.

Finalmente, la comisión humanitaria, integrada por estas organizaciones, se adentró en el Catatumbo y logró llevar de vuelta a Caicedo y Quintero, quienes fueron entregados a sus familiares en Cúcuta. La liberación de estos líderes sociales trae un alivio temporal a una región marcada por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.

Continúan las amenazas en la región

Paralelamente, en un operativo reciente, el Ejército Nacional rescató a una menor de 13 años en el municipio de Tibú, quien estaba siendo amenazada con ser reclutada por disidencias de las Farc. La menor, junto con su madre, fue evacuada en un vuelo humanitario, alejándola del peligro.

El coronel Leonardo Ferreira Lugo informó que la vida de la menor estaba en riesgo por el intento de reclutamiento forzado. Según testimonios de la madre, varias niñas han desaparecido bajo las mismas circunstancias, pero sus familias no denuncian por miedo a represalias de los grupos armados que operan en la región.