El primer escándalo estalló en esta Jurisdicción, supuestamente por disputas burocráticas. Mientras esta situación es aclarada, vale señalar varias circunstancias que se deben resolver para que opere plenamente y cumpla su trabajo de impartir justicia por lo sucedido en el conflicto

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Apenas han pasado 39 días desde que la Jurisdicción de Paz (JEP) abrió sus puertas al público y ya carga con el primer escándalo por presuntas peleas burocráticas; un hecho que sin duda la deja mal parada por las denuncias que en este sentido hizo el saliente secretario ejecutivo Néstor Raúl Correa.

Pero al menos hay seis lastres más en este momento, que atentan para que esta instancia opere con total normalidad y se dedique a cumplir el fin para el cual fue creado por el Acuerdo de Paz, como es impartir justicia por los delitos graves que cometieron los desmovilizados de las Farc, así como uniformados y civiles, que en el caso de los dos últimos, se presentan por su voluntad.

 

1. Escándalo

 

El saliente secretario ejecutivo Correa, quien estará en el cargo hasta principios de mayo tras presentar su renuncia, aseguró que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se puso de acuerdo con ocho magistrados más para hacer lobby ante el Gobierno con el fin de que entre las funciones de la Presidencia quedara el nombrar el personal para la Jurisdicción.

Correa señaló en una carta donde explicó las razones de su renuncia que “en materia de cargos primó el criterio de los magistrados, que desequilibra el funcionamiento de la JEP y le abre paso a sus apetitos burocráticos. Si se contaran los cargos que se establecieron luego a las otras dependencias, en esta propuesta maximalista del Comité Estratégico, los magistrados de la JEP tendrían 831 cargos en su primer año, o sea el doble del presupuestado”.

Mientras que la magistrada Linares aseguró ayer que "la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno. Esa es función de la Secretaría Ejecutiva cuya estructura se mantiene intacta".

Añadió que Correa "ejecutó 4,5 millones de dólares de los cuales solo rindió cuentas cuando la Contraloría inició la investigación de los dineros".

Aseguró que pese a que Correa debía ejecutar el presupuesto, actualmente en la JEP "carecen de sistemas de información, telecomunicaciones, protección a magistrados, papelería, impresoras. La Secretaría Ejecutiva debía avanzar en el sistema de representación y protección de las víctimas, y vigilancia de libertad condicionada, tareas sobre las cuales hay un nulo o incipiente avance que ha sido asumido por los propios magistrados".

 

2. Ley procedimiento

 

Una de las normas que requiere la JEP para operar al 100%, es la ley de procedimiento, la cual define el proceso que tendrán que afrontar los postulados a esta instancia y el trámite que asumirán las víctimas ante el Tribunal Especial de Justicia para buscar la reparación de sus derechos.

El pasado 13 de marzo, la JEP hizo entrega al Gobierno nacional del proyecto de ley de procedimiento; no obstante éste apenas lo radicó en el Congreso de la República el martes de esta semana, aunque con mensaje de urgencia.

El Ministro de Justicia, Enrique Gil, señaló que este proyecto “va con mensaje de urgencia y de insistencia con el fin de lograr, lo antes posible, la aprobación de este texto que es fundamental en la materialización e implementación de la JEP”. Sin embargo, aseguró que esto no significa que mientras se aprueba este procedimiento, la JEP esté en 'hibernación'.

 

3. Santrich

 

La captura hace tres semanas del dirigente del partido Farc, Jesús Santrich, por parte de la Fiscalía por supuestamente conspirar para enviar a EU diez kilos de cocaína, es el primer gran reto que tiene la JEP.

No obstante, esta instancia aún no se ocupa del caso, porque según explicó la magistrada Linares, tienen que esperar a que la Fiscalía entregue el material probatorio. A partir de ahí y según la norma, la Sección de Revisión cuenta con 120 días para definir si se queda con el expediente de Santrich o por el contrario, pasa a manos de la justicia ordinaria, que en este último caso le significaría perder los beneficios penales que le garantiza el Acuerdo de Paz y además quedaría expuesto a ser deportado.

Esta demora ha generado polémica, porque la Farc exige que según el acuerdo la JEP se ocupe de Santrich, al que sus compañeros de lucha consideran inocente; mientras que desde sectores como el Centro Democrático piden que se defina con prontitud su situación y que la justicia ordinaria lo investigue y juzgue, ateniéndose a que la Fiscalía señaló que cometió el presunto delito después de la firma del acuerdo.

 

4. Choque de trenes

 

La Corte Suprema de Justicia le advirtió a la JEP que solo tiene competencia para revisar las tutelas contra esa jurisdicción. Así se lo indicó en una comunicación la magistrada Patricia Salazar a la magistrada Caterina Heyck.

La Corte Suprema aclaró que la JEP únicamente podrá revisar tutelas que se presenten por decisiones de sus diferentes órganos.

La advertencia se origina en que la JEP vinculó a la Sala Penal de la Corte Suprema en una tutela, en la que un oficial de la Policía condenado por la justicia ordinaria pide beneficios en esa jurisdicción.

Para la Corte, la vulneración de presuntos derechos recaería en la JEP, porque no le ha contestado al uniformado esta petición.

Las Altas Cortes advirtieron desde el trámite que se dio en el Congreso de la reforma constitucional que le dio vida a la JEP, que se presentarían colisiones de competencia entre esta jurisdicción especial y la ordinaria.

 

5. CPI

 

Una serie de reparos ha hecho la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la JEP en materia de la impunidad que podrían generar sus fallos en cuatro puntos claves: la definición de responsabilidad de mando, crímenes de guerra, el significado de la participación activa o determinante en los crímenes, y la restricción efectiva de libertades y derechos de quienes pasen por ese sistema.

Así lo manifestó la CPI en octubre pasado en una comunicación, después de que la Corte Constitucional solicitara su opinión como insumo para el análisis que por esos días realizaba a la reforma legislativa que creó la JEP.

En ese sentido, es claro que en adelante la CPI se pronunciará solo sobre los fallos que emane la JEP, y por ello, en cuanto a los cuatro puntos clave que hizo advertencias, rondará el fantasma de una eventual intervención en caso de que considere que no fue aplicada justicia.

 

6. Demora en arranque

 

La JEP podría estar operando en un 100% a finales de este año, para cuando esté lista la normatividad que la regula así como la que fija sus procedimientos. Mientras tanto, aunque ya está funcionando, hacen cola los más de 7.000 expedientes que ha recibido para definir la situación jurídica en su mayoría de desmovilizados de las Farc y de agentes del Estado.

El tiempo que le ha tomado arrancar a la JEP puede tener unos efectos colaterales no deseados, como es generar impaciencia e inseguridad en desmovilizados de las Farc que están en las zonas de capacitación, que sumado a algunos incumplimientos del Gobierno con ayudas económicas para proyectos productivos, sea caldo de cultivo que conduzca a muchos a las disidencias.

También estas demoras han generado polémica en la opinión pública porque excabecillas de las Farc están haciendo política y algunos integrarán el próximo Congreso sin antes cumplir con verdad, justicia y reparación, porque esta instancia hasta el momento no ha estado habilitada para llamarlos a rendir cuentas.