EL MINISTERIO Público pidió a la JEP rechazar la petición extendida por exlíderes de las Farc-EP de nulidad parcial por crímenes de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños de las comunidades de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y Nariño.
La Procuraduría también señaló que, en el marco del proceso de reparación y justicia adelantado con este grupo, la JEP “habría identificado circunstancias de victimización a pueblos étnicos y de control territorial a gran escala con un amplio número de víctimas y durante amplios espacios temporales”.
La petición había sido elevada por miembros del extinto grupo el pasado 13 de julio para anular este punto en el macrocaso 02, mismo que recopila las violaciones de derechos humanos a estas comunidades entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016.
Dentro de los solicitantes de este recurso se encuentran los senadores Jorge Torres, más conocido por su alias de Pablo Catatumbo, y Édgar López, a quien en su época de militancia se referían con el alias de ‘Pacho Chino’.
En su argumentación, “la sala no cumplió con los estándares normativos, ya que no se suministró a la defensa y los comparecientes la información necesaria en la que se agrupan los hechos”. A ello añadieron que “no se estableció una metodología respecto de la contratación de la información y se incumplió con los criterios de selección y el debido proceso”.
En adición, los solicitantes también agregan que la magistrada Belkis Florentina Izquierdo estaría actuando de forma sesgada.
No obstante, el coordinador delegado de la Procuraduría ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta, señaló que sí han existido las garantías para el conocimiento de los hechos a los que se denuncian a miembros de este grupo. A ello, el organismo de control también dijo en un comunicado que sí existen pruebas para demostrar la ocurrencia de las conductas señaladas y por ello elevó la petición a este mecanismo de justicia transicional.
Son 45 los comparecientes de las Farc-EP y otros 12 miembros de la Fuerza Pública que deben rendir descargos sobre hechos que incluyen asesinatos, masacres, instalación o detonación de minas antipersona, reclutamiento forzado, desaparición y/o desplazamiento forzado y el punto en discusión de violencia sexual.
Esta sala busca la reparación de al menos 93.000 víctimas relacionadas a este macrocaso, a las que la procuraduría quiere garantizar un proceso de justicia total a través de la JEP.
Para la Procuraduría, los entes deben alinearse al compromiso internacional de Colombia en materia de derechos humanos, pero además insistió en una toma de decisiones óptima y oportuna, con el pleno respeto hacia las víctimas para evitar casos de revictimizaciones. El ente también resaltó el derecho a la defensa de los comparecientes dentro del marco de estos juicios.