EL 2025 para Colombia ha de iniciar con un serio recorte presupuestal en diversos rubros sociales y de inversión, a pesar de ser el año en el que el Gobierno nacional contará con mayores recursos en su historia. Sin embargo, los problemas fiscales que han anunciado desde tiempo atrás entidades del Estado, gremios y hasta la Presidencia, no han impedido el impulso de proyectos para la creación de nuevos entes estatales en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

La principal entidad que ha visto la luz en esta administración fue el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, mismo que es fuente de diversas críticas por su alto presupuesto – en comparación a carteras como Deporte o Justicia – y que entró en funcionamiento en 2023, pero al que la Corte Constitucional puso fecha final tras declarar inexequible la ley que permitió su constitución.

A su vez, solo este año al menos una decena de entidades fueron propuestas, entraron en funcionamiento o llegaron a ser debatidas para su creación, promovidas en su mayoría por el Gobierno. De hecho, ya con diversos avisos desde mediados del año pasado, Invir vio la luz en noviembre del año pasado, y entró en funcionamiento pleno a partir de febrero de 2024.

El Instituto Nacional de Vías Regionales surge para el fomento de la conservación de vías regionales, o terciarias, y busca su intervención para facilitar el tránsito de los colombianos especialmente en las regiones más apartadas. No obstante, para octubre ya tuvo su primer traspié luego de que la Corte impidiera la contratación directa con la ciudadanía y sin límites de cuantías, tras vulnerar el artículo 150 de la Constitución, según definió el Alto Tribunal.

Junto con esta entidad, el año pasado el Gobierno también propuso la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (Indtot); el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira; además de la recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios. Según el Gobierno, estos cuatro entes garantizarían el cumplimiento significativo de algunos puntos clave en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, las iniciativas no han tenido el avance deseado.

En cuanto al Indtot, había sido avalado, inicialmente, a través del artículo 162 del PND (Ley 2294 de 2023) y el decreto 0076 de 2024 y buscaría regular e impulsar las investigaciones en el campo de donación de órganos. No obstante, en noviembre se anuló su creación, debido a que la creación del Indtot “representa una transformación institucional que debía haber sido tratada mediante los procedimientos ordinarios del Congreso”, señaló la Corte.

En cuanto al Instituto de Gestión del Agua destinado a la Guajira, este apenas va para tercer debate en el Congreso. La senadora Martha Peralta del Pacto Histórico es quien promueve el proyecto de ley para la constitución del ente, que había visto su aprobación desde presidencia, pero que nuevamente fue tumbado por la Corte Constitucional, y que además ha visto un freno debido al escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y los carrotanques de agua que también iban destinados al mismo departamento. Según opositores al Gobierno, el ente costaría 750.000 millones de pesos anuales en costos burocráticos.

Una nueva Superintendencia

Otra propuesta de iniciativa gubernamental es la creación de la Superintendencia de Educación mediante un acto legislativo que llegó a iniciar carrera en el Congreso. Si bien no hay claridad sobre este proyecto, pues el documento no especifica mayores funciones u objetivos del ente, se estima que podría haber tenido un coste, solo en salarios, de 400.000 millones de pesos.

El órgano de Control buscaría, a priori, garantizar la calidad educativa en las más de 55.000 instituciones del país. Sin embargo, la propuesta llega en un momento crítico para el sistema educativo, especialmente en los créditos del Icetex, entidad que se encuentra desfinanciada y depende en su mayoría del Ministerio de Educación.

La propuesta llegó a la Comisión Primera del Senado donde se quedó apenas en las proposiciones negativas. Su archivo fue inminente en esta sala, debido a los serios problemas que presentaba la propuesta y los ya evidentes problemas fiscales y de funcionamiento que ha tenido Mineducación en los últimos años.

En desarrollo o discusiones

Una de las apuestas ambiciosas del gobierno Petro, desde su campaña, ha sido la reactivación férrea en el territorio nacional como alternativa de transporte, especialmente de carga. De los más de 3.500 kilómetros de vías férreas, desde el Ministerio de Transporte se indicó que apenas el 31% se encuentra operativos, pero las inversiones recientes a través de la ANI dan muestra del deseo por reconectar a Colombia por estas vías.

Ahora bien, el Gobierno en su momento llegó a proponer una agencia para la regulación de este transporte, pero finalmente quedó en ello. Es por ello que la Agencia Nacional de Infraestructura e Invías son los principales operadores de estas rutas logísticas.

Por otro lado, la creación de la empresa Ecominerales, la ‘Ecopetrol’ de la minería en Colombia, sería el ente que desde la Cámara de Representantes se buscaría promover para la coordinación estatal de recursos como el carbón. Su paso a segundo debate ya es un hecho, a pesar de las advertencias en materia fiscal, logística, de funcionamiento, de seguridad e implementación de parte de numerosos actores relacionados a esta materia.

Finalmente, en el apartado de discusión también se encuentran las Gestoras de Salud y Vida. Estas entidades están sujetas a la aprobación, o no, de la reforma a la salud. Su objetivo principal es gestionar integralmente los riesgos de salud de la población asignada, con el fin de asegurar atención eficiente y continua a nivel territorial. En cuanto a costes, se encuentran supeditadas justamente al avance de la reforma, que se encuentra en debate en plenaria de Cámara, pero que parece, se ha de hundir en 2025.

Proyectos divulgados

Dentro de propuestas apenas divulgadas tenemos el nuevo viceministerio para la Cancillería encargado de solventar los problemas que presenten ciudadanos colombianos en el exterior. El canciller Luis Gilberto Murillo habló sobre la medida, definiendo esta nueva oficina como necesaria para el fortalecimiento de las labores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales costaría 92.000 millones de pesos, de acuerdo a opositores de su creación, y se encargaría la protección de las infraestructuras por donde transita la información y el fortalecimiento digital en el país. El ente, desde su anuncio, resultó polémico y apenas ha tenido algunos cortos avances dentro del Congreso. No obstante, los ponentes de la medida afirman que no generaría costes adicionales, aunque sí una carga a Mindefensa, MinTIC y la Cancillería.

Otro anuncio realizado este año fue el caso del banco genómico y epigenómico que buscaría consolidar un repositorio con la información de 10.000 colombianos, distribuidos en todo el territorio nacional, que permitirá con las muestras recolectadas y analizadas, obtener los datos de la información genética de nuestra población y cómo ésta es modificada por la exposición a factores como el medio ambiente y los hábitos de vida de las personas. Adscrito al Instituto Nacional de Salud, aún no ha iniciado su proceso de constitución.