Este viernes, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución de los exgobernadores de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y John James Fernández López. A ambos también se les inhabilitó por 11 y 10 años, respectivamente, por lo que no podrán ejercer cargos públicos; la decisión fue tomada por incumplimiento de normas contractuales.

De igual manera, la Procuraduría mantuvo firme la suspensión de los exgerentes Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, de la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío) por tres meses. Entretanto, Heidelman Grajales Puentes, de la Empresa de Servicios Públicos Esaquín S.A,. actualmente EPQ, también fue suspendido, aunque en su caso por seis meses.

En la web de la Procuraduría se explica que los disciplinados "celebraron indebidamente convenios interadministrativos por valor de más de $36.398 millones entre las empresas Esaquín S.A. y Proviquindío con la Gobernación de Qundió y algunos municipios del departamento, evadiendo los procesos de selección objetiva previstos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

"A través del material probatorio, el ente de control demostró que estas empresas no tenían la capacidad técnica, administrativa, logística ni operativa para desarrollar los objetos contractuales, lo que conllevó a que se convirtieran en intermediarios, para cumplir con las obligaciones pactadas en los convenios celebrados".