Por posibles irregularidades relacionadas con la operación y funcionamiento de los cementerios distritales de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho Sánchez y el entonces representante legal del Consorcio San Marcos 2021, David Alejandro Cedeño Cárdenas.
El ente de control busca establecer si durante la ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que superó los $ 41 mil millones, se habrían presentado irregularidades que podrían atribuirse a presuntas fallas en el seguimiento y control por parte del Consorcio San Marcos 2021, responsable de la interventoría.
El ente disciplinario también analiza los múltiples inconvenientes que la Unión Temporal Cementerios del Distrito tuvo durante la ejecución de este bilateral y que la hicieron acreedora de sanciones impuestas por la administración distrital. A juicio de la Segunda Delegada de Contratación, estas situaciones podrían indicar un seguimiento y control deficiente, atribuible a la interventoría.
También son objeto de investigación las presuntas anomalías derivadas del contrato de interventoría, celebrado por más de $ 6 mil millones, con el citado consorcio, pues al parecer, una integrante de este se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado en virtud de una condena penal ejecutoriada en su contra.
El Ministerio Público solicitó a la UAESP información relacionada con el estado de los contratos de concesión y de interventoría, así como de los procesos sancionatorios adelantados, entre otros aspectos.