En un concepto que busca la protección del núcleo familiar y los derechos de la mujer gestante, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó ampliar la cobertura del fuero de paternidad (Ley 2141 de 2021), para que los empleados cuya pareja o cónyuge esté embarazada no puedan ser despedidos a pesar de que ellas cuenten con un trabajo estable.

Así lo pidió la jefe del Ministerio Público a la Corte Constitucional, al indicar que la exigencia contemplada actualmente en la ley, que limita esa protección a casos donde la mujer se encuentre desempleada, es una medida desproporcionada y regresiva en relación con la protección de la familia, los derechos de la mujer gestante y el interés superior de los niños.

Indicó que dicho requisito desampara a las familias en las que los ingresos de subsistencia no solo dependen del trabajo del hombre cuya pareja está embarazada, sino del empleo de ambos miembros del núcleo familiar. 

Advirtió que la aplicación de la referida protección solo cuando la pareja no tenga un empleo formal “condiciona materialmente la vinculación y estabilidad laboral de la mujer gestante, pues su permanencia en el trabajo impide que su pareja se beneficie del fuero de paternidad y, en consecuencia, se garantice cierta estabilidad laboral y económica de la familia”.  

Señaló que la norma es regresiva, en tanto introduce un requisito adicional para la aplicación del fuero de paternidad, el cual no era requerido previamente en los términos de la Sentencia C-005 de 2017 de la Corte Constitucional, que habla de la estabilidad reforzada de la pareja de las mujeres embarazadas. 

Por esas razones, la Procuradora General pidió declarar inexequible el aparte de la Ley 2141 de 2021 que exige que la mujer no tenga trabajo formal para que pueda operar el fuero de paternidad (art. 1, numeral 5) y, con ello, “se optimice la protección de la familia, los derechos de la mujer gestante y el interés superior de los niños”.