En una reciente audiencia, el Tribunal Superior de Cartagena ratificó la condena de Margareth Chacón Zúñiga por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, inicialmente establecida en 39 años de prisión. Sin embargo, tras un análisis detallado, la pena fue reducida a 35 años.

Esta decisión se tomó luego de absolverla del cargo de porte ilegal de armas, lo que llevó a una revisión de su grado de responsabilidad en el crimen. La defensa de Chacón argumentó que no había pruebas directas que respaldaran el testimonio de Francisco Luis Correa Galeano, un testigo clave que coordinó a los sicarios. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento, afirmando que el testimonio era válido y suficiente para sostener la condena.

El tribunal evaluó cuidadosamente el papel de Chacón en el homicidio. Aunque su defensa insistió en que su implicación fue mínima y que no se benefició económicamente del asesinato, se determinó que su participación fue significativa. Chacón no solo proporcionó un vehículo utilizado en el crimen, sino que también estuvo involucrada en la entrega de dinero para financiar la operación delictiva.

Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, la condenada asistió a reuniones en Cartagena, donde se definieron detalles logísticos y financieros para llevar a cabo el asesinato. Estos encuentros involucraron a otros actores clave como Francisco Luis Correa Galeano y los hermanos Pérez Hoyos.

La jurisprudencia enfatizó que la coautoría implica un acuerdo y una división de funciones entre los participantes, lo cual se evidenció en este caso a través del dominio funcional que Chacón mantuvo sobre el curso delictivo.