ANTE LA ola de violencia en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad en la Casa de Nariño para abordar la compleja situación, pues los últimos hechos en los que resaltan el secuestro de William Velasco, hermano de la alcaldesa de Torinto, Martha Velasco, en el sector del 20 de agosto; y el asesinato de Elmer Abonia Rodríguez, alcalde del municipio de Guachené, que perdió la vida luego de haber recibido un impacto de bala mientras estaba reunido con la comunidad de la vereda Cabito, tienen al país en vilo.

A su vez, los problemas de orden público llevaron al ministro del Interior, Iván Velásquez, en cumplimiento de lo dispuesto por Gustavo Petro, a enviar “50 policías de inteligencia y de investigación y otros 80 especialistas en operaciones especiales”, primera acción concreta del Gobierno por solucionar la problemática.

Rechazo a la violencia

Frente a la situación, las empresas del Cauca y del Valle del Cauca manifestaron su temor por lo que pueda suceder en el futuro, mensaje que lideró Gerardo Arrollo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, quien pidió acciones concretas en pro de la seguridad y el bienestar de los residentes del suroccidente del país.

“Exigimos estrategias concretas en terreno para estabilizar la situación y garantizar la justicia y protección de los derechos ciudadanos”, indicó.

A esta petición también se han unido las voces de políticos, defensores de derechos y organizaciones relacionadas como Leonardo Gonzáles, director de Indepaz, quien manifestó que, aunque en el territorio del Cauca ya hay una alerta por el alto potencial del riesgo, la atención y presencia del Estado con acciones concretas es imprescindible.

El presidente Petro también alzó su voz por lo sucedido en el Cauca, ya que, de acuerdo a lo dicho por él, “en el 2024 se desplegaría un plan contra la violencia”, pues para el mandatario, esta problemática es un intento de las organizaciones ilegales por tomar el control.

“El estado está al servicio de su paz y su bienestar. El año entrante estaremos con la movilización popular en contra de la violencia y con el proceso de sustituir economías ilícitas por lícitas. En el Cauca debe surgir el Poder Popular por la Paz”, escribió Gustavo Petro.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, pidió que se les prestara más atención a los conflictos de Colombia que a las situaciones de violencia que suceden en otras ciudades diciendo: “El Cauca no es Gaza, pero también es Colombia”.

Otra de las opiniones que ha hecho eco es la de Carlos Fernando Motoa, senador del Cambio Radical, quien aseguró que el Estado perdió su control en el Cauca y dejó solo a este y otros municipios que requieren de su atención.

Tal y como le dijo el senador a EL NUEVO SIGLO, las bandas delincuenciales están en su libre ejercicio en el Cauca, ya que recuerda que en años pasados el control era mayor en todos los sentidos.

“En años anteriores existía mayor control, mayor inteligencia, mayor persecución de los delincuentes en ese territorio, cosa que a partir del gobierno de Gustavo Petro se ha perdido, no existe ninguna acción ni de confrontación ni de planeación ni de prevención ni de inteligencia frente a esas acciones criminales”, puntualizó.

En cuanto a la estrategia de seguridad planteada por el Gobierno nacional para mitigar la violencia en el Cauca, Motoa cree que esta no existe y que la propuesta de la paz total es una iniciativa improvisada, debido a que la misma comunidad no siente apoyo, por ello desde la oposición y el Senado de la República solicitan se tome las acciones pertinentes para confrontar y proteger el territorio del Cauca que, para ellos, está abandonado y a la suerte de los criminales.