Un llamado para adoptar medidas que garanticen que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la indemnización, y en general a la reparación integral en un tiempo razonable hizo la Procuraduría a tres entidades. 

Se trata del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a las cuales recomendó incluir en el Documento CONPES, las disposiciones necesarias para llevar a cabo la reparación económica de las víctimas.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que estas deben ser incluidas teniendo en cuenta que el año pasado la UARIV presentó una estimación de $49.5 billones para pagar indemnizaciones, asignación presupuestal que no es la prevista para los próximos 10 años.

Asimismo, la Procuraduría instó a las entidades competentes a mantener actualizada la apropiación presupuestal, luego de identificar en una acción de vigilancia preventiva, que entre junio de 2011 y julio de 2020 solo el 10,5% del total de las víctimas recibieron el pago de indemnización, lo que equivale a $6.3 billones.  

En el informe presentado por la Procuraduría se alertó que, de continuar con la dinámica de pagos efectuados en 2020, que ascendió a $805.120’463.201, se requerirán 62 años para indemnizar a las 9.090.995 de víctimas, lo cual preocupa porque en la propuesta de Documento CONPES publicada por el Gobierno Nacional, no se incluyen cambios para acelerar este pago.

Por lo tanto, el órgano de control aclaró que, si bien reconoció el esfuerzo presupuestal realizado por el Gobierno Nacional, también recomendó a la Unidad para las Víctimas efectuar las modificaciones técnicas necesarias que ayuden a identificar el número de personas que cuentan con este derecho. 

De igual manera, pidió que se desarrollen acciones eficientes que disminuyan los tiempos y trámites; "pues persisten deficiencias y demoras en la respuesta institucional, lo cual evidencia una falta de capacidad de la UARIV, además de un posible desconocimiento de la hoja de ruta a seguir por parte de la población víctima", señaló la Procuraduría.