En la posesión del nuevo Comandante del Ejército, el presidente Duque señaló que este año debe ser el de “la mayor consolidación de la seguridad en el territorio”

Fortalecer los resultados frente al hurto en las ciudades, defender líderes sociales y comunidades indígenas, robustecer la capacidad de la Fuerza Pública, profundizar la lucha contra el narcotráfico, golpear al Eln y las disidencias son algunos de los retos en materia de seguridad que enfrentará el Gobierno nacional durante 2020.

Esta semana durante la ceremonia de reconocimiento de tropas al mayor general Eduardo Zapateiro, como comandante del Ejército Nacional, el presidente Iván Duque afirmó que 2020 debe ser el año de la “mayor consolidación de la seguridad” en los territorios de Colombia.

“El año tendrá que ser el año de la mayor consolidación de la seguridad en el territorio”, afirmó el Jefe de Estado, quien agregó que el año que está por empezar “es de esperanza para todos los colombianos, porque la seguridad es un valor democrático, la seguridad es un bien público. Y por eso, tenemos que todos los días, buscar mejores cifras, mejores indicadores”.

Fortalecer los resultados contra el hurto es una de las tareas más importantes a las que se comprometió el ministro Carlos Holmes Trujillo tras su posesión. “En estos 15 meses se ha demostrado una reducción de todos los delitos excepto el hurto. Esos resultados van bien, pero tenemos que buscar más. Necesitamos reducir los delitos, en especial el hurto, el homicidio y la extorsión”, dijo. En ese sentido el presidente Duque sostuvo que el delito de hurto a personas “ha subido debido a que nosotros tomamos la decisión de sincerar las cifras, había un subregistro. Al implementar la denuncia electrónica y facilitar que los ciudadanos a través de medios móviles puedan presentar una denuncia, ha permitido superar esa situación, antes no todas las personas denunciaban por los trámites engorrosos. Una de las tareas del señor Ministro con todos los miembros de la Policía es reducir esas tendencias y tenemos el compromiso y las capacidades para hacerlo. Esperamos tener una reducción en el número de homicidios para que sea la más baja desde 1985”.

Otro de los retos más apremiantes es evitar la muerte de líderes sociales. Según cifras del Defensor del Pueblo entregadas en julio en Colombia hay por lo menos 983 líderes sociales bajo amenaza de muerte. Según el Ministerio de Defensa una de las estrategias es “elevar el costo a los cabecillas de organizaciones criminales que amenazan y atacan a líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que contribuye a garantizar su protección efectiva”.

Fortalecer el combate al Eln y a las disidencias de las Farc es una más de las tareas. El Comandante de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, afirmó que el Eln tiene 44% de sus miembros en los estados venezolanos de Barinas, Táchira y Apure. “Encontramos más de 1.000 hombres del Eln que permanecen en esos estados fronterizos de tiempo completo porque el régimen de Nicolás Maduro no los combate”, dijo en una entrevista registrada por la agencia Anadolu. El reto del gobierno es continuar asestando golpes contra esa estructura.

Otra de las preocupaciones en materia de seguridad para el Estado es el resurgimiento de la extinta guerrilla de las Farc, varios grupos disidentes de quienes dejaron las armas tras el acuerdo de paz con el Gobierno, siguen delinquiendo en los territorios que antes ocupaba la guerrilla. Además, las llamadas disidencias, según lo ha denunciado el mismo gobierno, operarían más allá de las fronteras colombianas, lo que genera un gran problema para su control.

Golpear a objetivos de alto valor luce como otra de los retos. El Ministerio de Defensa tiene entre estos a varios jefes militares de la extinta guerrilla de las Farc y por supuesto a varios líderes de lo que el Gobierno considera Grupos Armados Organizados (GAO). El nuevo Ministro tendrá que golpear a los cabecillas entre los que figuran alias ‘Otoniel’, conocido como Dairo Antonio Úsuga, quien comanda el grupo ‘Los Urabeños’; ‘Iván Márquez’, quien supuestamente lidera el grupo de las disidencias de las Farc; en la lista también está ‘Jesús Santrich’, quien se fugó del proceso de paz. Allí también son considerados objetivos de alto valor ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’, ‘John 40’ y ‘Cabuyo’. Por el lado del Eln, el Gobierno ofrece una recompensa por todos los integrantes del Comando Central (COCE) cuya gran mayoría se presume en Cuba, sin embargo, habría otros comandantes de esta guerrilla en el territorio nacional. Por último figura alias ‘Caín’, líder de ‘Los Caparrapos’.

En relación con el narcotráfico, el Gobierno ha insistido en que este es la gasolina del conflicto en Colombia por lo que se debe erradicar la siembra y resiembra de hoja de coca. De acuerdo con el último reporte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia logró en 2018, reducir por primera vez en cuatro años los cultivos de uso ilícito, pasando de tener 171.000 hectáreas en 2017 a 169.000 el año siguiente. Sin embargo, de acuerdo con el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el porcentaje de resiembra en los casos de erradicación forzada estaría entre 50% y 67%. Es decir, por cada 1.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa, entre 500 y 670 hectáreas estarían siendo sembradas nuevamente.

El ministro Trujillo sostuvo tras su designación que durante su gestión profundizará la lucha contra este flagelo: “Esa es la principal razón de la violencia en Colombia, vamos a seguir avanzando en la erradicación manual de cultivos ilícitos. Continuaremos liderando la lucha contra las drogas trabajando con los países del hemisferio a través de operaciones como Orión y la articulación con las policías del continente”.

Legitimidad de las operaciones. El catalizador que llevó a que el exministro de Defensa, Guillermo Botero, renunciara a su cargo, en noviembre pasado, fue el bombardeo militar del pasado 29 de agosto, al campamento de ‘Gildardo Cucho’, líder disidente de la extinta guerrilla de las Farc en la vereda Candilejas, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde según la Fiscalía murieron ocho menores de edad. Dichos hechos han golpeado fuertemente la legitimidad de las operaciones militares en Colombia, por lo que el ministro Trujillo deberá levantar la imagen de las operaciones y de paso asegurar que dichos operativos garantizan el cumplimiento de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.