Dos iniciativas de sometimiento de bandas criminales están en el orden día de la Comisión Primera del Senado, compitiendo contra el reloj pues les queda poco tiempo para lograr su aprobación.

Una es la radicada por el Centro Democrático, que ya tiene ponencia del senador uribista Alfredo Rangel y que se estudiará el próximo miércoles.

La otra es la del Gobierno, presentada por el Ministerio de Justicia, cuya ponencia sería radicada la próxima semana, según se lo dijo a EL NUEVO SIGLO el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Proyecto uribista

El proyecto del Centro Democrático establece un procedimiento inicial de acercamiento con las organizaciones criminales por parte del Ejecutivo, en el que se les da la posibilidad de acordar las condiciones de sometimiento y acogimiento a la justicia, abriendo un espacio de diálogo en el cual se puedan fijar condiciones en pro de la convivencia, la seguridad y del mantenimiento del orden público.

Por otro lado, se establece un procedimiento penal abreviado en comparación al proceso ordinario establecido en la Ley 906 de 2004, el cual pretende que el sometimiento a la justicia sea expedito, sin dejar a un lado las garantías y derechos que tienen tanto las personas que se van a someter a esta ley, como las víctimas.

Por eso se crea, plantea la exposición de motivos del proyecto, la necesidad de un proceso de sometimiento que responda al impacto que tienen las organizaciones criminales en la seguridad del país, puesto que junto a las guerrillas son las principales responsables de homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros delitos en todo el territorio nacional. Por ello, un sometimiento a la justicia por parte de los integrantes de las organizaciones criminales permitiría una reducción de la comisión de estos delitos lo que, a su vez, permitirá a Colombia ser un país más seguro. Todo ello sobre la base de que debe existir investigación de los hechos, aplicarse condenas efectivas, repararse a las víctimas, entregar todos los bienes ilegales y garantizarse la no repetición, so pena de perder todos los beneficios.

Para el primer debate de la iniciativa, la ponencia propone añadir una serie de aspectos a la caracterización de la definición de una organización criminal. Esto con el fin de diferenciarla de las agrupaciones que se dedican a la delincuencia común u organizada, toda vez que esta ley está dirigida a un tipo en específico de estructura que representa un riesgo para la seguridad nacional, la cual tiene entre otras características una jerarquía definida, influencia y control territorial, capacidad de confrontación y de ejecución de operaciones militares.

Se propone fusionar el artículo séptimo con los parágrafos del artículo 26, ya que a consideración del ponente poseen identidad en el tema al que se refieren. Adicionalmente, se incorpora una disposición para aclarar que los beneficios de esta ley no se aplicarán a los desertores o disidentes de grupos que hayan suscrito previamente acuerdos de desmovilización con el Gobierno.

Se propone modificar la autoridad competente para adelantar los acercamientos con las organizaciones criminales, ya que a consideración del suscrito, es improcedente que el mismo organismo que elabora las negociaciones sea el encargado de realizar las acusaciones individuales, pues esto podría cuestionar la objetividad del proceso.

Proyecto gubernamental

Aunque la opinión pública sigue hablando de bandas criminales (Bacrim), las autoridades ya no utilizan ese término, sino que hablan de GAO (Grupos Armados Organizados) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados). Podría decirse que mientras los GAO son nacionales, los GDO son locales.

El ministro de Justicia, Enrique Gil, explicó los principales aspectos del proyecto de ley que el Gobierno presentó ante el Senado para el sometimiento a la justicia de los GAO.

Gil explicó que en el proyecto no se fijó una jurisdicción especial ni la posibilidad para que se conviertan en un grupo político después del sometimiento a las autoridades.

"Este proyecto también mantiene todo el peso de la ley (…) lo que está buscando es precisamente garantizar la terminación del actuar delictivo de organizaciones criminales a través de dos estrategias", precisó.

De esa manera, se explican dos aspectos importantes que contempla la iniciativa, en busca de sacar a las estructuras armadas y criminales de los hechos de violencia que protagonizan en diferentes regiones del país.

“Queremos diseñar toda una estructura de orden procedimental, de orden judicial y de orden normativo que permita judicializar, condenar, y sancionar efectivamente a esos grupos o a esas bandas criminales. El beneficio judicial es el que se otorga a cualquier delincuente en el código penal, que se entregue a la justicia, confiese, entregue los bienes, y se allane; allí tiene una rebaja hasta del 50% en la condena", aclaró el Ministro al momento de radicarlo.

Por su lado, Barreras, ponente en el Senado, dijo que “estamos a la espera que, como es proyecto con mensaje de urgencia, la Comisión Primera de la Cámara nombre ponente, porque hasta ahora no se ha hecho, para poder presentar ponencia conjunta”.

Barreras manifestó que hoy en el Código Penal ya existe la posibilidad de someterse a la justicia individualmente pero no en grupo para las grandes bandas.