En momentos en que nuevamente se tensionan las relaciones entre Colombia y Nicaragua por la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de ese país, de la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”, se plantea una alerta para que se agilice la revisión del fallo de la Corte de La Haya.

De acuerdo con el historiador, exasesor del Comando Sur y excomandante del Cuerpo de Infantería de Marina, vicealmirante (RA), Luis Fernando Yance Villamil, solo queda un año de plazo para la revisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo con Nicaragua, en el que se desconoció el tratado vigente Esguerra-Bárcenas, al tiempo que se dejó enormes secuelas en los tratados marítimos con Jamaica, Honduras y Panamá.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que “en mi concepto la Corte de La Haya en su fallo modificó de un plumazo el tratado vigente con Nicaragua, se extralimitó en sus funciones y le abrió la puerta al país centroamericano para obtener más territorio y aspirar a extender su plataforma continental de acuerdo con su última demanda de 2013”.

Agregó que solo le quedan pocos meses a Colombia para que La Haya revise el fallo que no solo desconoció las posesiones vinculadas al territorio nacional sino que ignoró varias razones históricas, entre ellas la Costa de Mosquitos o Mosquitia que era de Colombia y que desde 1.822 el país ha reclamado como posesión suya.

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“Las dos naciones se pusieron de acuerdo y nació el tratado en el que Colombia reconoció la soberanía de la Costa de Mosquitos a Nicaragua que a su vez le otorgaba reconocimiento soberano al país sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tratado que fue ratificado por los Congresos de ambas naciones”, precisó.

Agregó que “a la Corte Internacional de Justicia se le olvidó que en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Colombia aceptó que la costa de Mosquitos sería de Nicaragua y que esta a su vez reconocía plena soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además la misma Corte de La Haya, en decisión del 13 de diciembre de 2007, establece que el tratado era válido”.

De otro lado, el historiador naval indicó que “La Haya no debió conocer las pretensiones de Nicaragua contra Colombia, porque esa nación centroamericana en su primera demanda adujo que el tratado Esguerra-Bárcenas no era válido, porque cuando se firmó el país estaba ocupado por los Estados Unidos y luego cambió su posición tras aducir que el Archipiélago de San Andrés le pertenecía. En forma errática e insólita la Corte de La Haya aceptó la demanda presentada por Nicaragua el 6 de diciembre del 2001”.

Yance Villamil se basa en tratadistas internacionales, entre ellos Alberto Lozano Simonelli y a José Joaquín Caicedo Demoulin, así como en estudios de la Universidad Javeriana, entre otros, que expresan que la “La Corte de La Haya carecía de jurisdicción y competencia para conocer reivindicaciones territoriales y delimitaciones marítimas y que el estatuto de la Corte es para divergencias jurídicas y en cuanto a tratados solo le permite su interpretación”.

Recordó que Lozano Simonelli en su obra “Internacional Law”  señala que la Corte Internacional de Justicia se equivocó tajantemente al establecer un “diferendo limítrofe” que no existía y además porque estaba de por medio el tratado Esguerra-Bárcenas, un acto jurídico ratificado por los congresos de las dos naciones y válido ante el derecho internacional que bajo ninguna circunstancia puede ser modificado por ninguna autoridad y bajo ningún pretexto”.

Cursos de acción

El vicealmirante (RA) Yance Villamil insistió en que es necesario frenar el apetito desmesurado de Nicaragua, y más bien fortalecer y continuar con la demanda de reconvención que hizo Colombia el 17 de noviembre de 2016. Dos de las pretensiones del país están cobijadas en el Artículo 80 del Reglamento de La Corte de La Haya. Una de ellas afecta a los pescadores raizales colombianos por que Nicaragua les impide sus faenas que venían desarrollando ininterrumpidamente desde hace más de cien años.

“Colombia está en mora de organizar la pesca artesanal con los raizales nacionales con apoyos oficiales para generar empresa, proteger y potenciar esas aguas jurisdiccionales”, indicó.

El oficial lamentó que Serrana y Quitasueño quedaron “encerrados”  con la decisión de la CIJ, porque la pesca de los raizales va más allá de las 12 millas, debido a que el coral y los arrecifes existentes no le permiten al país salir de esta jurisdicción. Esta decisión solo genera mar territorial y no se pueden explotar los recursos en estas aguas jurisdiccionales históricas.

También afirmó que “el 19 de noviembre de 2022 el fallo de la CIJ queda ejecutoriado si Colombia no acude a la revisión con argumentos sólidos que están ahí, a la luz del derecho internacional, con la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas, con la Convemar, las líneas para medir la anchura del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva, la Zona Contigua y la Plataforma Continental, habida cuenta que Nicaragua hizo sus propias mediciones trazando líneas de base recta, contrario a lo reglamentado por la Convención del Mar”.

Aseguró que “Colombia tiene argumentos robustos y específicos  para inferir que estas mediciones de Nicaragua están mal delimitadas y que ignoró la línea de baja mar. Además existe de por medio una sentencia de la CIJ entre Catar y Baréin, también basada en las líneas de baja mar. El Artículo 61 de los Estatutos de la CIJ exige un hecho nuevo para una revisión antes de la fecha en mención, si Colombia tiene los argumentos científicos, morfológicos, geológicos, de geomorfología, oceanográficos de que el archipiélago es una masa uniforme sumergida, y probar que es un conjunto de islas de origen volcánico, con grandes riquezas que al dividirlas genera un cambio ambiental con grave daño a la fauna y flora de esta jurisdicción”.

Argumentó que la Reserva Marina del Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, fue declarada por la Unesco, en el año 2000, como la Reserva de la Biosfera más grande y diversa del mundo y con esa decisión de La Haya queda sin protección. Afirma que por los deseos de Nicaragua de acudir a su desarrollo económico, la exploración y explotación de hidrocarburos y su megaobra del canal, se vulneran los derechos del medioambiente.

El exasesor del Comando Sur pidió defender los intereses nacionales que no tienen color ni partidos políticos y que el país no esté de espaldas a la realidad de nuestros dos océanos, debido a que ha perdido en su vida republicana más del 54% de su territorio. "Es el momento de la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía e integridad territorial como lo demanda la Carta Magna, no hacerlo es ser inferiores a la responsabilidad dada por el constituyente a su autoridad soberana”.

Insistió en que “Colombia no tiene posiciones contundentes antes las pretensiones y ambiciones de los vecinos, como ocurrió hace 64 años con la entrega de Los Monjes a Venezuela. Nuestros gobernantes no se han dado cuenta de lo que significa ese fallo, desconocen que parte del futuro de Colombia está en el Pacífico y en el Atlántico y además no aprendemos de nuestros errores. Perdemos todo en un escritorio”.

El exjefe militar se mostró extrañado de que los presidentes de Colombia no volvieron al mar y muchos de los dirigentes y los que toman decisiones solo van a los océanos nuestros "a bañarse”.

Finalizó el vicealmirante (RA) Yance Villamil, que “es lamentable que nuestro litoral Pacífico no esté desarrollado y que es más triste aún que la reunión del Pacto Pacífico entre Chile, Perú, México y Colombia, se haya llevado a cabo en Cartagena, en el Atlántico. Qué ironía”.