Esta semana el chavismo adelantó las elecciones presidenciales para abril, declaró ilegítimos a los partidos de la MUD y lanzó a Maduro como candidato, confirmando su esencia dictatorial. Mientras  hacía todo esto, el FMI calculó la hiperinflación en 13.000%

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NICOLÁS Maduro, sesenta años después del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, aquel dictador que construyó puentes mientras gobernaba con medidas totalitarias, conmemoró el fin de la caída de ese régimen, para consolidar uno igual.   

Rodeado de la cúpula chavista, no dejó a un lado el verbo agresivo y lanzó una amenaza a lo Pérez Jiménez. “Si algún día llegarán las circunstancias de tomar las armas (...) el pueblo venezolano las tomaría. No me temblaría el pulso para convocarlos”, espetó.

Dos días antes, Diosdado Cabello había dicho que por  las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Venezuela, convocaba a elecciones presidenciales en abril, un anuncio que también le sirvió para expulsar una rima sínica: “si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones”.

Las elecciones de las que habla Cabello son, sin duda, un saludo a la bandera. Esquemáticamente, el chavismo tenía preparado cada paso para que, tras las medidas del bloque europeo, quedara legitimada la convocatoria a elecciones y dejara por fuera  a la oposición. Y, así fue.

Ilegítima irregularidad

La autoridad que convocó las elecciones, como era de esperarse, fue la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano impuesto por el chavismo para legislar a su gusto, que no ha sido reconocido por la mayoría de países del mundo.

Quebrada en varias partes por su falta de unidad y el intento efectivo del régimen por acabarla, la oposición considera la ANC como un órgano ilegítimo y no reconocido.

La Constituyente, ilegítima desde el primer minuto que tomó asiento en el hemiciclo legislativo, carece de consenso democrático, ya que nunca fue validada por la mayoría de venezolanos para modificar la carta política de su país. Fue, por el contrario, una imposición de una minoría para perpetuarse en el poder, como se ha dicho en reiteradas oportunidades.

La falta de reconocimiento, de otro lado, también hizo que la ANC carezca de validez. Desesperado, en varios intentos fallidos el chavismo le ha pedido a sus contradictores que reconozcan la ANC, una petición que igualmente ha sido negada las misma veces.

Este órgano, desprovisto de legitimidad y reconocimiento, ha sido pues el encargado de citar las elecciones anticipadas, en un contexto sin “integridad electoral”, concepto usado por Juan Ignacio Hernández, analista del portal Prodavinci, para definir el complejo momento por el que pasa la institucionalidad venezolana.

La integridad electoral, según Hernández,  son las condiciones mínimas para “garantizar la libre expresión de los electores” y “la solución pacífica y electoral de crisis políticas”. Estos requisitos, durante el gobierno de Hugo Chávez, se cumplieron parcialmente, ante el afán del gobierno por legitimar un proyecto socialista que gozaba de enorme apego popular.

Una tras otra de estas condiciones se fueron olvidando, con la llegada del impopular Nicolás Maduro. Tres años y medio en el poder bastaron para que hoy, después de un difícil 2017, el régimen impida que la oposición participe en las elecciones de manera libre, las instituciones estén completamente parcializadas a su favor y los electores no tengan las mínimas garantías.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigido por la misma persona durante 15 años, Tibisay Lucena, ha demostrado que sus decisiones están manchadas por el interés de perpetuar al chavismo en el poder. Una y otra vez lo ha hecho. La última vez dilató la decisión sobre el referendo revocatoria contra Maduro, que finalmente no se hizo, mientras que mostró una eficiencia del primer mundo para contar las papeletas en la Constituyente de julio del año pasado.

Este órgano (ANC), desprovisto de legitimidad y reconocimiento, ha sido pues el encargado de citar las elecciones anticipadas, en un contexto sin “integridad electoral”.

Igualmente las instituciones al servicio del régimen han cercenado el derecho a la participación política, inhabilitando o encarcelando a casi todos los líderes importantes de la oposición. Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Freddy Guevara, poco a poco han sido apartados de la escena política.

Mazo a la oposición

A esta decisión de apartar a las personas con mayor apego en la oposición, se suma la reciente medida tomada por la ANC de declarar ilegal a todos aquellos partidos que no participaron en las elecciones municipales.

El Tribunal Supremo de Justica, en cumplimiento de las órdenes de la superpoderosa ANC, anuló parcialmente la convocatoria para la renovación de los partidos Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (VP) y Acción Democrática (AC), que también participan en la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), por incurrir en doble militancia.

Según Cipriano Heredia, coordinador de ideas de VP, el año pasado estos partidos se habían sometido “a un proceso de validación, porque efectivamente habían dejado de participar en dos procesos electorales de carácter nacional”, como parte de la MUD.

En esa ocasión, el gobierno decretó que los partidos miembros de la coalición opositora debían legalizar su personería en un plazo de sólo 48 horas, limitando los sitios donde se podía hacer la validación, que aún se efectúo.

Insiste el gobierno ahora que hubo una violación a ley por haber dejado de participar en la elección municipal del año pasado, lo que “no constituye una violación” pues la norma es muy clara en que hay una conducta ilegal siempre y cuando se deje de participar en dos procesos electorales de “carácter nacional”. Supuesto que no se dio.

ESTA SEMANA, sesenta años después del fin de la dictadura de Marcos Peréz Jiménez, Nicolás Maduro conmemoró el fin de la caída de ese régimen, para consolidar otro igual. 

“Decidimos no participar en las elecciones municipales, y eso no es causal para invalidar una remediación política, es una cosa absolutamente arbitraria”, le explicó Heredia a EL NUEVO SIGLO y añadió “esto ha sido un proceso que no es nuevo, el régimen ha venido ilegalizando organizaciones políticas en los últimos años, algunas veces lo ha hecho por vía judicial u otras a través de decisiones administrativas”.

Sin la oposición unida, tanto por decisiones del régimen como por problemas internos, el poder electoral tendrá que definir la fecha exacta de las elecciones presidenciales, que algunos fijan a finales de abril pero otros dicen que podrían celebrase el 15 de abril.

¿Quién será?

Un nombre sonó toda la semana. Incluso Twitter se inundó de mensajes que decía “carta a…” y los líderes de la oposición, inhabilitados o no, salieron hablar para que ese nombre no tomará tanta fuerza. Se trata de Lorenzo Mendoza, el jefe de empresas la Polar, que en reiteradas oportunidades ha dicho que no aspirará.

Maltrecha y dolorida, la oposición venezolana intenta sobrevivir entre bloqueos y divisiones, que demuestran la falta de unida de la coalición antichavista, ganadora del premio Sarajevo en 2017, pero carente de un líder que unifique a sus miembros alrededor de un objetivo común.

Tras el anuncio de la Constituyente y la posterior ratificación del TSJ, la oposición no tiene a la vista un candidato que logre unificar a todos los sectores. El viejo dirigente adeco, Henry Ramos Allup, anunció su intención de participar, al igual que Henri Falcón y Julio Borges, expresidente del Parlamento.  Ninguno de ellos tiene la capacidad de reunir a todos los opositores, al menos ahora.  

Otros creen que la oposición, como lo hizo en anteriores oportunidades, no debe participar en las elecciones presidenciales. Acusada de participar en “actos terroristas”, que conllevaron a su inhabilitación, Mariana Corina Machado dijo el pasado viernes que “la única respuesta al narco fraude: es no. No vamos a entrar en ese túnel que implica imponernos las condiciones y los términos de la narcodictadura”.

Firmemente, Machado ha mantenido esta posición, diciendo que no existen condiciones mínimas para participar, porque el régimen controla cada una de las instituciones que controlan el proceso electoral (y, las demás también).

Algunos sectores opositores, sin embargo, consideran que la vía sea el abstencionismo pues, como dice José Ignacio Hernández, “que en Venezuela no existan condiciones de integridad electoral no implica, necesariamente, que la única opción sea no participar en las elecciones”.

Esta línea cree que si bien en Venezuela se ha impuesto un autoritarismo no competitivo, la única manera de mostrar las falencias del régimen, así haya fraude, es por medio de elecciones generales.

Tire y afloje

Maduro, con una inflación calculada en 13.000% (según el FMI, esta semana),  busca mantener su régimen, pero las perspectivas de este año son más negativas que las de los años anteriores, mucho decir.

Citados por el presidente de República Dominicana, Danilo Médina, oposición y chavismo están citados nuevamente para continuar los diálogos hoy y mañana, que no han logrado ni un comunicado conjunto.

Algunos analistas estiman que el régimen intenta llegar más fortalecido a las conversaciones anticipando las presidenciales, después de las sanciones impuestas por la UE y el anuncio de Marco Rubio de que vienen nuevas medidas contra Maduro y su cúpula.

Uno de los puntos centrales para la oposición ha sido que se fijen las elecciones presidenciales el segundo semestre de este año, lo primero que el chavismo incumplió esta semana.

Luis Florido, representante opositor en Dominicana, ha dicho que “no será posible concurrir” mientras el gobierno “no envíe garantías electorales” (al cierre de esta edición, no había cambiado de decisión).

Si no se logra convocar a las partes de nuevo en la isla caribeña,  la consolidación de la dictadura venezolana es casi inminente, con un camino sistema diseñado a su gusto para barrer en las elecciones de abril.