La crisis en el sistema de salud ha estado en la primera plana en las últimas semanas. De un lado, por las alertas de las EPS en torno al riesgo de un inminente apagón financiero debido al bajo incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la demora del fondo-cuenta Adres en el giro de los llamados “presupuestos máximos”. De hecho, la propia Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que reajustara lo primero y se pusiera al día con lo segundo, pero, al parecer, esa directriz fue incumplida y se espera un pronunciamiento del alto tribunal.

Por otra parte, en la Cámara de Representantes se retomó a mediados de la semana pasada, en sesiones extraordinarias, la discusión del polémico proyecto de reforma a la salud. Aunque se han aprobado algunos artículos, todavía faltan por debatir los temas más gruesos, sobre todo los relacionados con el cambio de rol de las EPS, el nuevo modelo de aseguramiento y el espinoso asunto de la sostenibilidad financiera del sistema a corto, mediano y largo plazos.

Sin embargo, poco eco han tenido las múltiples denuncias sobre la crisis que a diario están sufriendo millones de pacientes y usuarios del sistema. No solo se está evidenciando un deterioro crítico del servicio, que incluye que muchos hospitales y clínicas han decidido no atender a afiliados de determinadas EPS, sino que las citas con especialistas y para exámenes de mediana y alta complejidad se están demorando varios meses.

No menos grave resulta que la escasez de medicamentos se está agravando más. De un lado, porque los dispensarios de las EPS se mantienen, literalmente, con los estantes vacíos. Las medicinas, desde las más básicas hasta las de mayor estándar, tienen una oferta muy baja. Los pacientes tienen que ir a diario y hacer largas filas con el único fin de preguntar si los medicamentos que les fueron recetados efectivamente han llegado. En no pocas ocasiones solo encuentran uno o dos, o tienen que resignarse a recibir apenas una parte de los que necesitan.

Frente al riesgo vital que esto implica, algunas personas deben acudir a la red de droguerías privadas para comprar con su propio dinero sus medicamentos, pero en la mayoría de los casos el bolsillo de los pacientes y sus familias no alcanza para suplir este gasto adicional por mucho tiempo.

La cuestión es tan crítica que algunas asociaciones de pacientes denuncian que hay personas cuyo estado de salud y calidad de vida se han deteriorado gravemente o incluso han terminado falleciendo. ¿Qué responden las EPS y el gobierno Petro ante esta dramática situación?