La Defensoría del Pueblo reveló que 188 municipios del país presentaron en 2020 alto riesgo de reclutamiento forzado de menores, al punto de que desde el 17 de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia en el país, a la fecha, han sido reclutados 83 menores.
Así lo establece el informe ‘Reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia’, divulgado ayer por la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor del organismo de protección de los derechos humanos.
El documento señala que desde 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc, se han emitido 204 alertas tempranas. De ellas, 161 han identificado riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización, “lo cual implica que en 78,9% de las situaciones de riesgo identificadas por la Defensoría, se ha advertido riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”, destaca.
Solo en 2020 la Defensoría emitió 46 alertas en las cuales se identificó riesgo de reclutamiento. Los departamentos en los cuales se concentró la advertencia de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Mientras, en Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta y Vaupés y en la ciudad de Bogotá, se advirtió riesgo de reclutamiento por parte de estructuras del crimen organizado.
De los 83 casos identificados, la Defensoría informó que 80% se reportaron en zonas rurales; las edades de las víctimas oscilan entre 8 y 18 años, siendo el 33% menores de 14 años y 59% hombres (49 casos). Además, se registraron 20 casos de indígenas reclutados y 2 de afrodescendientes.
Pero no solo fue reclutamiento forzado, pues la entidad estableció otros delitos de los que son víctimas los menores de edad: desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16); desapariciones forzadas (3); violencia sexual (2); lesiones personales (2) y otros (16).
En lo que va de 2021 se han emitido cinco alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada.
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Los perpetradores
En el informe ‘Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia’, que se publicó en agosto del año 2020, la Defensoría del Pueblo realizó un análisis sobre los grupos armados al margen de la ley y del crimen organizado que se constituyen como los principales perpetradores de esta conducta.
El documento estableció como principales responsables de estas acciones a grupos armados ilegales posdesmovilización como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia; ‘Clan del Golfo’, y el ‘bloque Virgilio Peralta Arenas’ de ‘los Caparros’, principalmente; además del Epl, el Eln y diferentes grupos armados de delincuencia organizada.
Dicho análisis diferencia también a grupos ilegales que utilizan a menores de edad en actividades de explotación de economías ilegales. En esa categoría ubicó a ‘las Águilas Negras’, ‘los Rastrojos’, ‘la Constru’, ‘los Pachenca’, ‘la Oficina’, ‘el Mesa’, ‘la Oficina’, ‘la Unión’, ‘las Chatas’, ‘los Costeños’ y ‘los Pachelly’, entre otros.
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Modalidades de reclutamiento
El análisis de la Defensoría diferencia las dinámicas del reclutamiento forzado de menores de edad luego de la firma del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, en el contexto rural los fines son el control y expansión territorial donde los niños, niñas y adolescentes “son utilizados como campaneros, informantes, vigilantes, traslados de armas y drogas, insumos para las economías ilícitas, consumo de estupefacientes, hasta el abuso y explotación sexual comercial”.
También han sido utilizados como combatientes, y en algunos casos mediante “el ofrecimiento de dádivas a las familias, ofertas de trabajo engañosos en fincas o en megaproyectos, amenazas contra el grupo familiar, el enamoramiento, persuasión sobre supuestos roles de poder o de estatus derivados del porte de armas o manejo de dinero”.
Otra forma de utilización ilícita consiste en el adoctrinamiento en los entornos escolares e internados rurales debido a la falta de docentes y hasta la inoperancia institucional.
Y en los contextos urbanos los menores son instrumentalizados por los grupos armados ilegales para actividades de control social y territorial, inducción y adicción al consumo de sustancias psicoactivas, y ampliar la distribución y el mercado local.
En los barrios vulnerables y asentamientos informales esto lo logran mediante dádivas como gestos de confianza, entrega de dinero o regalos para actividades como inteligencia, transporte y mercadeo de sustancias psicoactivas, de campaneros, vigilantes, sicariato y hasta explotación sexual comercial.