La Corte Constitucional falló, nuevamente, en contra del Ministerio de Salud y su jefe de cartera, Guillermo Jaramillo, por el “incumplimiento general del componente de suficiencia de los presupuestos máximos que se estudia en el marco al seguimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda impartidas en la sentencia T-760 de 2008”, abriendo con ella un incidente de desacato para el ministro.
Según argumentó el tribunal, este ministerio debía realizar los pagos correspondientes a los presupuestos máximos equivalentes 800.000 millones de pesos para las EPS, que se adeudan de 2022, ordenados por el fallo en mención, hecho que finalmente nunca se dio y agudizó una crisis económica dentro del sistema de salud que a la fecha perjudica a miles de pacientes, especialmente a quienes deben someterse a procedimientos de alto costo.
Asimismo, en su nueva orden, la Corte exige al Gobierno nacional realizar el pago de los dineros pendientes por el mismo rubro de los meses entre julio y diciembre del 2024, dejando un plazo máximo de 48 horas para el cumplimiento de esta solicitud. El auto fue celebrado por diversas bancadas de oposición, quienes ahora piden que haya un pronunciamiento del Alto Tribunal en relación a la crisis por la UPC, presupuestos que de momento siguen sin modificaciones por parte del Gobierno.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, apuntó que “este es un golpe durísimo para él, es un golpe durísimo para Félix León Martínez, director de la Adres, porque ambos de manera sistemática han retrasado los pagos de presupuestos máximos poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes”.
Según estima el parlamentario, son cerca de 1,5 billones de pesos los que tendrá que pagar el Gobierno en este plazo que ha dado la Corte, siendo 819.000 correspondientes de la deuda de 2022, y los otros más de 700,000 millones de pesos pertenecen a los pendientes de 2024. Ante esto, Forero señaló que las deudas han representado un golpe importante al sistema de salud dado que “obviamente eso había tenido incidencia en la interrupción de tratamientos, en la falta de medicamentos para personas que sufren enfermedades de alto costo”.
“Hemos visto cómo se ha denunciado que se han interrumpido procedimientos; se han interrumpido tratamientos; cómo no han podido acceder a medicamentos. Hemos visto incluso niños que se han muerto que tienen enfermedades de alto costo, unas que están relacionadas con la EPS y otras con presupuestos máximos. Lo cierto es que las asociaciones de pacientes se han quejado precisamente de eso. El gobierno lo que no ha entendido es que con estos retrasos no son las EPS las que se afectan, estos retrasos los que se afectan son finalmente los pacientes y también se afectan obviamente a las clínicas y hospitales”, señaló Forero.
Y si bien esta determinación de la Corte, sumada al reciente llamado a declaración por parte de la Procuraduría al ministro Jaramillo en relación a la crisis de medicamentos en 2023, y que se ha arrastrado hasta este año, se podría pensar en un posible tropiezo a la imagen del jefe de cartera y de su impulso de reforma a la Salud, “en términos políticos, pues uno sabe que el gobierno pues ha logrado configurar unas mayorías en la Cámara y seguramente esta reforma va a ser aprobada una vez que volvamos a las sesiones ordinarias en la plenaria de la cámara. Pero donde yo creo que no va a tener ninguna oportunidad de pasar ese proyecto es en la Comisión Séptima del Senado, este es básicamente el mismo proyecto con algunas modificaciones cosméticas que ya se hundió en esa instancia”, dijo finalmente Forero en EL NUEVO SIGLO.
Al cierre de esta edición, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), sostuvo una reunión con diez EPS para aclarar los diferentes enfoques de esta determinación, poniendo además en la mesa los problemas con la definición de la UPC. El encuentro fue liderado por el director de la entidad, Félix León Martínez, quien también ha sido seriamente señalado por dar respaldo al Gobierno Nacional en su ajuste del aumento de UPC para 2025.
En la reunión la entidad también entregó un balance en el que puntualizó que “la ADRES trasladó $3,15 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,60 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530.000 millones a las EPS. Por otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,62 billones, de los cuales pagó directamente $2,24 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,34 billones a las EPS”.