POR ORDEN de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado ayer en la noche el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Además, el máximo tribunal dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.

El congresista, investigado por el caso del fallecido Mario Castaño, ha sido señalado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

“El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”, informó el alto Tribunal, a través de su cuenta X.

Hace un mes, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra el parlamentario, en relación a alegaciones que sugieren su involucramiento y participación en la manipulación y en el direccionamiento de varios contratos con un valor conjunto superior a los $ 9.000 millones.

Además, la Sala Disciplinaria de Instrucción anunció en aquella oportunidad que se examinarían las denuncias presentadas por diversos medios de comunicación.

Dichas acusaciones insinúan que el congresista, posiblemente en colaboración con otros funcionarios, habría participado en la influencia indebida en al menos 15 contratos, específicamente en las regiones de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

La pesquisa contra el senador uribista hizo parte de una decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias, a fin de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema indagara los presuntos nexos del congresista en el entramado de la red de corrupción.

Los resultados de la investigación revelaron que un contratista y una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) estarían relacionados al presunto direccionamiento de contratación pública, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

Fueron identificados como Katherine Rivera Bohórquez, miembro de la UTL del senador del Centro Democrático y Anderson González González, contratista.

“En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos. En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías”, destacó a W Radio Martha Alejandra Parra Chavarro, directora especializada contra la Corrupción, en su intención de explicar en octubre de qué manera llevaron a cabo las investigaciones.

También destacó que “al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal”.

En vista de la situación, ambos fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato y concierto para delinquir agravado.

“De acuerdo con los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace de un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González y a algunas de las empresas en las que tenía participación”, apuntó Parra.