CUANDO HAN pasado 13 meses de que en el Consejo Nacional Electoral abrieran una investigación a la campaña de Gustavo Petro en 2022 por eventuales irregularidades en la financiación, se conoció ayer que los magistrados a cargo del caso, Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, tienen lista la ponencia para radicar ante la sala plena en la que piden presentar cargos contra el jefe de Estado; el entonces gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto, quien fue la auditora, y otros directivos de la misma, por violación de los topes autorizados por más de $6.000 millones.

A ello se suma que la Fiscalía anunció ayer que adelanta seis indagaciones por presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente de la República.

En tanto que ayer también hubo actividad en la investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara al presidente Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña, pues cumplieron la citación a declarar Ricardo Roa y el empresario Euclides Torres, quien habría sido uno de los importantes aportantes.

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En el Consejo Electoral

La noticia de que en el Consejo Electoral está lista una ponencia en que se determina, tras la investigación que se llevó a cabo, que la campaña petrista violó los topes electorales y no reportó todos los gastos generó reacciones en distintos sectores políticos, tanto en los partidos de oposición como en los de la coalición de Gobierno.

Ahora lo que viene es que los magistrados Ortiz y Prada radiquen ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral la ponencia para que los integrantes la analicen y voten si la acogen o la rechazan.

La sala plena está integrada por 10 magistrados, 9 con derecho a voto, pues Pablo Cruz está en representación de Comunes, el Partido que surgió tras la desmovilización de las Farc, y hace presencia allí producto del Acuerdo de Paz, pero no puede votar.

La ponencia para su aprobación necesita cinco de los nueve votos en Sala Plena, y si ello ocurre el Consejo Nacional Electoral presentará cargos por violación de topes de financiación contra el presidente de la República, Ricardo Roa, María Lucy Soto y otros directivos de la campaña en 2022 que condujo a Gustavo Petro a la presidencia con el respaldo de la coalición del Pacto Histórico, conformada por más de 14 partidos con personería jurídica y otros movimientos.

La magistrada de este organismo Alba Velásquez Hernández dijo en X que “la sala plena del Consejo Nacional Electoral aún no ha recibido el expediente, pero será la probidad: la transparencia, imparcialidad e independencia; garantizando así que la integridad y legitimidad del proceso electoral se impongan”.

Para la segunda vuelta presidencial en 2022 el tope establecido por el Consejo Electoral fue de $13.000 millones, pero según la ponencia este límite fue superado en más de $6.000 millones que no habrían sido reportados por la campaña.

Entre las pruebas está el pago a cerca de 60.000 testigos electorales del Pacto Histórico en todo el país para la segunda vuelta en junio del 2022, que no fue reportado. Una de las empresas por medio de la cual se hizo este pago envió al Consejo Electoral un reporte en donde se evidencia que cada persona recibió por transferencia $60.000.

También están los soportes de la aprobación que hizo la USO, el sindicato de los petroleros, de un aporte de $600 millones a la campaña, que habrían sido empleados el día de las elecciones en segunda vuelta en transporte y alimentación de simpatizantes y colaboradores.

Otra de las pruebas que tuvieron en cuenta los magistrados Prada y Ortiz es un cheque por $500 millones que donó Fecode, el sindicato de los maestros al servicio del Estado, al Partido Colombia Humana, pero que finalmente habrían recalado en la campaña.

También el organismo electoral tiene documentación por el pago de vuelos a diferentes regiones que hicieron integrantes de la campaña, entre ellos Gustavo Petro y la hoy vicepresidenta Francia Márquez, gastos que no habrían sido plenamente reportados.

En la Fiscalía

La Fiscalía informó ayer que hay seis indagaciones a la campaña Petro en 2022 por supuestas irregularidades en la financiación, así como a la del Pacto Histórico al Congreso en ese mismo año.

Entre otros están indiciados está la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien fue el gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso; y Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO.

El coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, dijo que se “investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez”.

Agregó que “estamos realizando las investigaciones y en su momento definiremos si se requiere una imputación, si se le solicita medida de aseguramiento, pero ahorita, inminente, que haya una formulación de imputación, no la hay. Se está recaudando elementos, se están escuchando personas”.

La vicepresidenta Márquez dijo a Noticias Caracol que “se anuncia una investigación, puedo decirles a los colombianos que no tengo nada que temer, he hecho las cosas con transparencia, igual hicimos una campaña con transparencia”. Agregó que “de eso se trata de que se haga la investigación y, pues tanto el presidente como yo, que de alguna manera estamos involucrados en este proceso, pues tendremos que responder a través de nuestros apoderados”.

El pasado 9 de junio, la Fiscalía abrió una investigación a la campaña, enfocada a “determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”, según explicó el organismo.

Esta indagación se activó por las afirmaciones del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en audios de WhatsApp enviados a la que por esos días era jefa de gabinete, Laura Sarabia, dijo que todos irían presos si revelaba cómo consiguió $15.000 millones en la costa norte para financiar la campaña.

En Comisión de Acusación

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, declaró ayer en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en su calidad de gerente que fue parte de esta campaña. También lo hizo el empresario Euclides Torres, quien habría hecho importantes aportes económicos a la misma. Cabe destacar que en esta célula legislativa se adelanta desde el año anterior una investigación al presidente Petro por las supuestas irregularidades que se presentaron.

Roa respondió a un cuestionario de veinte preguntas relacionadas con flujo de información, arquitectura de campaña, esferas de competencia, entre varios temas.

Mientras que Torres dijo en un comunicado tras su comparecencia, que “los señalamientos −hechos desde diferentes sectores−, sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’ no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”.