EN LA Comisión Primera del Senado de la República, avanza la discusión de la ley de jurisdicción agraria, y tras este proyecto se encuentra el principio de cumplir el acuerdo de paz de 2016 en cuanto a la distribución de la tierra en Colombia. No obstante, EL NUEVO SIGLO consultó con los ponentes del proyecto sobre dos preocupaciones de los gremios agrícolas, la propiedad privada y las facultades a los jueces agrarios. Frente a esto los congresistas afirmaron.
Inicialmente, el presidente de la Comisión Primera, Ariel Ávila manifestó que “hemos tenido reuniones sobre la Jurisdicción Agraria con especialistas y congresistas, creería que en unas dos semanas aproximadamente tendremos ya lista la ponencia. Lo que han dicho tanto Fedegan, como la SAC es como si no quisieran leer o no han leído el proyecto de ley, ahí no hay ningún tipo de expropiación ni nada de eso. Pero, entendemos que hay una discusión sobre el artículo 5, el 12 y el 34, entonces es eso lo que estamos empezando a abordar como ponentes para establecer cuáles van a ser los cambios en la ponencia”.
A su turno, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, explicó en torno a esos dos aspectos que “estamos en conversaciones con el Gobierno nacional tratando de ver si podemos llegar a un acuerdo que eso sería lo ideal para el país. Porque es necesario encontrar una norma que le responda a los campesinos, pero que no ponga en riesgo la producción agraria en medio de concesiones excesivas a los jueces agrarios. Lo primero que se debe entender es que no puede haber extinción de dominio, sino por razones de ilegalidad y no sobre asuntos ambientales o función social, tampoco debe haber expropiación sin las causales de indemnización y valor comercial de la tierra”.
Posteriormente, el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, afirmó que “dentro del grupo de ponentes estamos tratando de llegar a un consenso y mi posición es que la Jurisdicción Agraria o su implementación simplemente debe circunscribirse a lo que explícitamente manda el acuerdo de paz y estamos haciendo una reforma por mandato de un acuerdo que hace parte del bloque de constitucionalidad en el país. No podemos salirnos de ese mandato porque estaría incumpliendo la constitución, es una Jurisdicción Especial, sobre temas especiales y no es una Jurisdicción general que debe tratar sobre los conflictos de la tenencia de tierras en Colombia, así como tampoco se puede tratar de una ley que tenga principios de generales y que por esa vía intente hacer una reforma agraria. Las preocupaciones por la expropiación de tierras está más que claro en el país, y esta ley nada tiene que ver con ese punto, más que circunscribir la Jurisdicción a lo que en realidad es el mandato de la constitución y no se le puede adherir nada distinto a lo alcanzado en el acuerdo de paz”.
Modificaciones a la propuesta
De igual manera, y frente a cambios en el texto, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa dijo que “la Jurisdicción Agraria no se va a aprobar en la Comisión Primera sin modificaciones de los diferentes partidos políticos de la célula congresional. Ya se realizó la primera reunión de ponentes a la que asistió la ministra de Agricultura, la ministra de Justicia y el viceministro del Interior y estamos tratando de generar una ponencia conjunta donde se tenga en cuenta la voz de la oposición, la voz de los independientes y la posición del Gobierno. Vamos a tratar de acertar en esta iniciativa y esperamos en los próximos días que se radique la ponencia, pero aún falta demasiado camino para la discusión en primer debate”.
A posteriori, el senador, Richard Fuelantala, del Partido AICO, indicó que “la Constitución Política de 1991 da plenas garantías a la propiedad privada, sin embargo, la Jurisdicción Agraria nos puede ayudar a aclarar algunos procesos de expropiación que se dieron en el marco del conflicto armado y esta iniciativa es una fortaleza para la restitución de derecho en las zonas rurales azotadas por la guerra. Pero debe haber claridad en los procesos de investigación para que haya plena garantía de derechos a todos los sujetos procesales en relación con la posesión y la reclamación que es la preocupación”.