LA CRISIS en la frontera entre Colombia y Panamá por el aumento exponencial de migrantes ilegales que cruzan la temible selva del Darién buscando llegar a Estados Unidos, tomó ayer un nuevo ribete crítico. El país centroamericano anunció que deportará a las personas que ingresen de forma irregular a su territorio.

"Dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones" de migrantes que ingresen de forma irregular al país, señaló la directora nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, en rueda de prensa.

La frontera natural del Darién, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

Según datos oficiales, en lo que va de año, más de 348.000 personas han cruzado el Darién, pese a que Estados Unidos ha advertido de que no permitirá ingresar a su territorio a quienes entren de manera irregular a Panamá.

De ese total, según Gozaine, desde abril las autoridades panameñas han deportado a 452 personas, una cifra ínfima.

Las medidas para contener la ola migratoria, que rigen a partir de esta fecha, "se harán para todas aquellas personas que permanezcan de manera ilegal o pretendan permanecer de manera ilegal en el territorio" panameño, advirtió.

Con este fin, el gobierno panameño está preparando diversas aeronaves y está en proceso de contratación de vuelos chárter para la deportación de migrantes.

El total de migrantes que este año ha ingresado a Panamá por el Darién ya supera en más de 100.000 la cifra de todo el año anterior, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía, rompiendo todos los registros migratorios anteriores por la jungla.

En el último mes, un promedio de 2.500 a 3.000 migrantes han llegado al país centroamericano diariamente desde Colombia.

Sin embargo, Gozaine reconoció que el Gobierno panameño no podrá realizar deportaciones masivas por falta de recursos, por lo que se centrarán en primer lugar en las personas que tengan antecedentes penales.

"Obviamente, tenemos recursos limitados, nos gustaría que, si entran 3.000 personas de manera irregular a Panamá deportar a las 3.000, pero es imposible, no es operativo", dijo la funcionaria.

Casi la mitad son venezolanos, aunque también destacan los haitianos, ecuatorianos y colombianos. Además, hay asiáticos, con un número creciente de chinos y africanos, sobre todo de Camerún.

Analizan medidas

El anuncio de Panamá de que deportará a los migrantes ilegales, la mayoría de los cuales cruzan la frontera natural con Colombia que constituye la selva del Darién, se dio después de que el pasado jueves hubo una reunión en Bogotá, en la Cancillería, de los gobiernos colombiano y de Estados Unidos para analizar y buscar soluciones frente al creciente fenómeno de la migración por el continente.

El canciller Álvaro Leyva Durán, junto con un grupo de altos funcionarios, sostuvo una reunión con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall; la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson; y el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Richard Verma.

Durante el encuentro abordaron los retos que enfrentan ambos países en distintos frentes, especialmente los derivados de la migración irregular. Se comprometieron a mantener el trabajo conjunto, en instancias como el grupo tripartita (que comparten con Panamá), en ámbitos regionales y multilaterales y, sobre todo, en lo bilateral.

Adicionalmente, se discutió la necesidad de aumentar la cooperación bilateral que permita enfrentar la migración irregular, muchas veces promovida por organizaciones criminales, al tiempo que destacaron el avance que se ha alcanzado en el ámbito bilateral, en algunas medidas adoptadas como la instalación de los Centros de Movilidad Segura en Colombia, a través de los cuales los dos países avanzan en poder ofrecer vías legales de migración hacia los Estados Unidos.

Los funcionarios de los Estados Unidos se encuentran hoy en la zona del Darién (Necoclí), en donde, junto con representantes del Gobierno colombiano, harán una inspección en terreno de la situación que se vive en la frontera colombo-panameña.

A finales de agosto pasado, en el marco de una conferencia sobre migración con asistencia de 23 países, Estados Unidos anunció que no puede atender solo la extraordinaria ola migratoria actual.

"Nos enfrentamos a niveles sin precedentes de migración irregular y desplazamiento en el continente", dijo la subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense, Marta Youth.

"Como ha dicho varias veces el secretario de Estado, Antony Blinken, este es un desafío que un país no puede afrontar solo. La única manera de enfrentarlo es una manera colaborativa" entre todos los países, agregó Youth en rueda de prensa en la embajada estadounidense en Panamá.

"Muchas personas que están viajando no tienen toda la información, ellos han leído, escuchado, cosas de cuán fácil es el viaje o que va a ser fácil y están exponiendo a los niños a unos peligros increíbles. Varios casos de crímenes han ocurrido en la selva de Darién. Es una tragedia humana", enfatizó Youth.

Los extranjeros cruzan la jungla pese a estar plagada de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales. "El motivo por el que las personas se mueven son varios y son muy personales; se mueven por conflictos, se mueven por inseguridad, se mueven para reunificarse con familiares que ya están en otros países, hay motivos muchísimos", indicó la enviada estadounidense.

"Y parte de eso es lo que estamos trabajando, enfrentar algunas de las causas estructurales que se pueden enfrentar con ayuda humanitaria, con programas de desarrollo para que haya oportunidades, para que las personas tengan la opción de quedarse en su país de origen o en el país donde han buscado refugio", añadió Youth. / AFP-ENS

Recuadro

Récord de migrantes menores en América Latina

América Latina y el Caribe viven una "de las mayores y más complejas crisis" de migración infantil del planeta, con el récord mundial de niños que cruzan por sus principales puntos de tránsito, alertó el jueves pasado Unicef.

Un 25% de migrantes de la región son menores de edad, frecuentemente no acompañados, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que apunta a la pobreza, la violencia y la degradación del medio ambiente como causas del éxodo masivo.

Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños y adolescentes que cruzan por los tres puntos álgidos de tránsito migratorio: la peligrosa e inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá, el norte de América Central, y México, según el informe "El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe".

La situación de la infancia migrante en la región "no tiene parangón por su complejidad y magnitud", advirtió el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Gary Conille, en una conferencia de prensa.

Se trata, dijo, de un "problema continental" que requiere una "respuesta unificada".

La pobreza, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de Covid-19, la violencia de bandas armadas, los embates de los desastres naturales, exacerbados por el cambio climático o la reunificación familiar, explican este éxodo.

Los menores no acompañados corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes, bandas organizadas y otras personas que desean explotarlos, herirlos si se desplazan solos o en grupos pequeños, según el informe.

Independientemente de si son migrantes o solicitantes de asilo, "estos niños están expuestos a un enorme nivel de riesgos" y el "trato debería ser estándar, sistemático y el mismo", puntualizó Conille.

En los primeros seis meses de 2023, más de 40.000 menores y adolescentes cruzaron la selva del Darién. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores, frente a los 149.000 de 2021 y los 155.000 de 2022.