Nuevas denuncias se conocieron ayer sobre el festín de corrupción que se habría producido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) cuando la entidad estaba bajo el mando de Olmedo López, quien renunció tras estallar un escándalo por los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. El actual director, Carlos Carrillo, dijo que en las últimas horas de esa administración se comprometieron miles de millones de pesos en contratos.
Carrillo dijo que “en las últimas horas de Olmedo López como director de la Ungrd, los miembros de su dirección firmaron todo tipo de actos administrativos para comprometer centenares de miles de millones”. Reveló que “uno impresentable es el que trataron de entregarle al abogado Iván Alfaro Gómez, quien era el jefe jurídico de facto en la entidad”.
Añadió el director de la Ungrd que “el contratista Iván Alfaro, no contento con los casi 24 millones mensuales de su contrato, buscó para una de las varias firmas de abogados con las que está relacionado un contrato por 100 millones de pesos mensuales: verdaderamente insaciable”.
Sostuvo Carrillo que para recibir el contrato de servicios altamente especializados, que aún tiene vigencia, “sólo acreditó experiencia en una firma: la suya, Alfaro Gómez Asociados, esto a pesar de hacer parte de varias firmas con sus tres socios. Tampoco aparecen sociedades en su declaración de bienes”.
Señaló también que la Ungrd “fue demasiado generosa con Alfaro en los días de Olmedo. Ana María Castaño, la exsecretaria general que asegura estar embarazada, intentó darle a Capstone Group- Abogados Colombia el generoso contrato de asesoría jurídica el día en que Olmedo cayó. El 27 de febrero solicitan el CDP y el 29 de febrero solicitan la instrucción del contrato”.
Carlos Carrillo indicó que “el inexplicable atraso en gestión documental de la Unidad, la ausencia de un software que deje trazabilidad de lo que se firma, me impide encontrar muchos documentos, pero poco a poco van apareciendo las piezas del rompecabezas”.
Frente a estas nuevas denuncias de corrupción, el presidente Petro Urrego escribió en la red X que “la orden es desmantelar por completo el régimen de corrupción en la Ungrd y en todas las entidades del Ejecutivo”.
El jefe de Estado dijo la semana pasada que “la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo es profesionalizada y estructural”.
El escándalo
Lo que inició hace unos meses como una sospecha sobre la compra de 40 carrotanques para repartir agua a la comunidad en la alta Guajira por la extrema sequía, debido al fenómeno de El Niño, se terminó convirtiendo en un escándalo de gran gravedad para el Gobierno, pues el propio secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia contra el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, dos subdirectores de la entidad y varios contratistas.
Dijo Idárraga que “para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir este contrato de carrotanques, y por esa razón he decidido radicar el día de hoy (jueves pasado) la respectiva denuncia penal”.
Al lío por la compra de los 40 carrotanques, en la cual según las denuncias se habrían presentado supuestos sobrecostos por más de $20 mil millones, se suma que el senador Jonathan Pulido Hernández, de Alianza Verde, dijo que se compraron 35 carrotanques más y que los sobrecostos serían mayores, según un documento de la Ungrd que el parlamentario colgó en su perfil en la red X.
“Esto es gravísimo, aquí está la compra de otros 35 carrotanques por un valor total de $25.375'000.000. Otros 35 carrotanques que la Ungrd pagó a $725 millones c/u y su valor real no superaría los $350 millones c/u. Un posible sobrecosto superior a los $13 mil millones”, sostuvo Pulido.
Además de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigan estos hechos.
La semana pasada el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, sostuvo que de esta feria de contratos se entregaron, supuestamente, $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 al presidente de la Cámara, Andrés Calle, para hacer aprobar las reformas del Gobierno.