EL DEBATE en torno a la crisis en el sistema de salud se ahondó ayer luego de una carta del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, en el que le pide a la procuradora Margarita Cabello que intervenga de inmediato para evitar un colapso del mismo.

En la misiva, el exmandatario señala que el sector salud se encuentra desequilibrado en sus finanzas por las deudas que acumula el Gobierno nacional.

“El país enfrenta hoy una crisis de su sistema de salud sin precedentes, provocada por acciones del propio Gobierno que, sistemáticamente, ha desequilibrado sus finanzas, sin importarle las repercusiones sobre la atención de millones de personas”, señala la carta.

En ese sentido también agrega que “el Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos; además, a corte del 29 de febrero de 2024, aún no saldaba la deuda de sus ajustes 2022 y 2023, que equivalen a 820.000 y 900.000 millones de pesos, respectivamente”.

En el comunicado, Gaviria también habla sobre la orden de la Corte Constitucional que le dio un plazo de dos meses al Ejecutivo de pagar a las EPS y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), $1 billón, que corresponden a la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final y que están pendientes.

“Solamente, gracias a la intervención de la Honorable Corte Constitucional, que el pasado mes de febrero le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social estos pagos antes de 45 días, es que el sistema ha podido lograr evitar su colapso absoluto frente a esta injustificada e ilegal situación”, sostiene el expresidente.

Informe Contraloría

La carta de Gaviria se refiere, además a las observaciones que hiciera días atrás la Contraloría General respecto a algunas EPS que estarían en causal de intervención por un problema de reservas técnicas.

Allí, el expresidente Gaviria se despachó contra el vicecontralor encargado de las funciones del contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, a quien señaló de ignorar el fallo del Alto Tribunal respecto a las EPS.

“(..) de manera incomprensible, el vicecontralor Zuluaga, contraviniendo su deber constitucional de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que estipula la realización de giros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 en un plazo de 45 días, vuelve a centrarse en las deficiencias de las reservas técnicas de las EPS. Ignora por completo el fallo de la Corte Constitucional y desatiende que esta responsabilidad recae en la Superintendencia de Salud. Recién esta semana ha comunicado a la Contraloría que les proporcionará la metodología de evaluación de las EPS”.

Como se sabe, el pasado 16 de febrero la Contraloría General publicó un informe sobre la situación de cartera de 26 EPS que le reportaron al respecto, determinando que, con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda total de $25 billones con las IPS y proveedores (cuentas por pagar), además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos.

Según el ente de control fiscal, 16 de estas EPS (el 61,5% de las mismas), cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y, lo más grave, no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los tres requisitos para operar: contar con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas.

Frente a ese campanazo de la Contraloría General, las EPS por intermedio de Acemi, el gremio que las representa, respondieron que la disonancia en los números no le hace bien al Sistema.

“Mina confianza y destruye puentes. Fuimos citados a la Comisión de la Cámara de Representantes para esclarecimiento de la verdad de las cifras del sector. La Contraloría no se presentó ni tampoco la Superintendencia de Salud. Solamente Acemi lo hizo. Hacemos un llamado respetuoso a avanzar en la revisión (de las cifras). El Sistema de reporte tiene oportunidades de mejora. Nos conviene a todos que las cifras sean consistentes y confiables. Si dejamos la discusión en el pulso y la confrontación, no vamos a construir confianza”, afirmó Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi.

Réplica

A ello, el contralor Zuluaga replicó reafirmando el informe que demostraría un mal manejo de los recursos de la salud por parte de las EPS y, además, anunció que el ente tomará acciones penales por presunta falsedad de documentos en contra de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Visto lo anterior, la gran pregunta es, ¿qué hará la procuradora Cabello frente a la petición que le hace el expresidente Gaviria?

Como se sabe en lo corrido del año, el Ministerio Público se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la crisis del sistema de salud. El 23 de enero, la procuradora aseguró que las reformas que impulsa el Gobierno nacional, de manera simultánea y en asuntos tan sensibles como la salud, la justicia y la seguridad social, se han constituido en un factor de incertidumbre para una sociedad que salió muy afectada y no logra recuperarse de los efectos que tuvo la pandemia covid-19.

“Para los colombianos, asimilar ese conjunto de cambios se hace muy difícil cuando lo que observamos es una reiterada manifestación de incertidumbre y afectación a su salud mental”, concluyó, y cuestionó la veracidad del respaldo popular a las reformas, según el Ejecutivo.

Luego, el 29 de enero, la Procuraduría insistió en la revisión de la tutela presentada por la Comunidad Indígena Yukpa contra el Congreso de la República y el Gobierno nacional, con ocasión del trámite de la reforma a la salud sin adelantar previamente el proceso de consulta previa.

En solicitud enviada a la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, de la Corte, la jefa del Ministerio Público advirtió que se trata de un caso de relevancia constitucional, pues se encuentran involucrados sujetos de especial protección y se alega la afectación de derechos fundamentales. Igualmente, señaló que concurren los criterios objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento jurídico.