SE NECESITARÍAN 389 años para formalizar 6'876.680 hectáreas de tierra si ese proceso continúa al ritmo que lo viene haciendo el Gobierno Nacional. Así lo manifestó el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en el foro denominado "Jurisdicción Agraria y Rural".
Entre los datos entregados en el evento explicó que, según lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras con corte a enero del 2024, de los 7 millones de hectáreas para formalización solo se han logrado para la subcuenta campesinos 123.319,07 hectáreas, equivalentes al 1.7 % de la meta establecida.
Manifestó además que se observó que de los predios adquiridos por la Agencia en dicha vigencia, 17 de ellos no fueron ingresados al Fondo de Tierras, pese a contar con registros de compra emitidos por las oficinas de instrumentos públicos entre octubre y diciembre de 2023, a favor de la ANT, generando riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, con una subestimación material por valor de $12.930 millones.
Agregó igualmente que “si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirán siendo una promesa vacía”.
Añadió que “se requiere un compromiso continuo y un enfoque integral, que incluya la participación activa de las comunidades afectadas para lograr un cambio real y sostenible en la tenencia de la tierra en Colombia”.
Lejos de la meta
Según el contralor, el punto 1.1.1 del Acuerdo Final de Paz, que busca la adjudicación y formalización de tierras, está lejos de cumplirse en los cuatro años que restan para su implementación.
Expresó que uno de los inconvenientes que existen es la dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, que ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras, los cuales seguirán sin resolverse perpetuando la desigualdad y el descontento social.
Llamado al Gobierno
El jefe del ente de control fue enfático en manifestar que hay una desconexión total entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, y por eso el llamado a un trabajo más articulado.
Sobre este punto recalcó que “hemos señalado en nuestros informes la desarticulación entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. La falta de coordinación entre estas dos entidades clave para el desarrollo rural ha llevado a la duplicidad de esfuerzos y a una gestión fragmentada de los proyectos que buscan mejorar el acceso a la tierra y promover el desarrollo sostenible en las zonas rurales”.
Por ello, subrayó que se ha evidenciado una falta de coordinación interinstitucional entre las distintas entidades del Estado encargadas de la implementación de la reforma rural integral, lo que ha generado retrasos y falta de coherencia en la ejecución de las políticas.
El contralor aseveró en su intervención que hasta enero de 2024 se habían ingresado al Fondo de Tierras en la subcuenta campesinos, 252.113,2 hectáreas, correspondientes a bienes fiscales patrimoniales, equivalentes al 8,4 % de la meta pactada en el Acuerdo de Paz, que fue de 3 millones de hectáreas.
Para esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir, el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas a la población campesina.
Recordó que entre el Gobierno Nacional y Fedegán se firmó un convenio en octubre de 2022 para la compra directa de 3 millones de hectáreas que permitieran alimentar el Fondo de Tierras. De este solamente se han adquirido, a corte de enero de 2024, 805,3 hectáreas, correspondientes al 0,026 % de la meta.
Aseguró el contralor Rodríguez que, de acuerdo con la información anteriormente enunciada, se podría decir que a este ritmo y sin la Jurisdicción Agraria, para cumplir la meta de adjudicación, tomando la tasa a enero del 2024, se necesitarían más de 3.984 años para adjudicar 2'994.739,2 hectáreas.