El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló la imperiosa necesidad de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural en el país, como un mecanismo que permita llevar esta justicia especializada a la ruralidad colombiana.

El Acuerdo Final de Paz de 2016 reconoció la necesidad de una jurisdicción agraria para abordar los problemas históricos de tenencia de tierras y destacó la importancia de crear mecanismos específicos para garantizar justicia en las zonas rurales, donde los conflictos agrarios han sido una fuente constante de tensión y desigualdad. 

Al instalar el “Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y retos en el contexto de la Reforma Rural Integral”, el Contralor Rodríguez Becerra dijo que la Contraloría ve con preocupación el incumplimiento de las estrategias, productos, metas trazadas e indicadores para lograr en el país una Reforma Rural Integral.

“Desde este Foro instamos al Gobierno Nacional para que, a través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país”, dijo el jefe del organismo de control.

Consideró que la dilación en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, ha acentuado los problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de las tierras. “Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra, a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”, sostuvo.

Recordó que el sector agrario ha estado históricamente marcado por largos procesos judiciales que no responden a las necesidades de las comunidades rurales y por eso la creación de una jurisdicción especializada permitirá que estos casos sean atendidos con la prioridad que requieren.

“Uno de los principales problemas que enfrenta el agro en Colombia es la inequidad en la tenencia de la tierra. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos. Por ello, el país necesita saber dónde y en manos de quién está la tierra”, enfatizó. Consideró igualmente que la recuperación de baldíos debe ser una prioridad para la justicia agraria y un aspecto clave son los mecanismos de solución alternativa.

El Contralor General aprovechó para hacer un llamado a la Presidencia de la República, al DNP, al DANE, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al IGAC y demás gestores catastrales, para avanzar en la actualización y operación del catastro multipropósito.

Acuerdo de Paz: avances mínimos en adquisición de predios rurales

Como alarmante calificó el Contralor Rodríguez Becerra la situación actual de desarrollo del punto 1.1.1. del Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC en 2016 sobre adquisición de predios rurales y reveló que, de acuerdo con los seguimientos que realiza el ente de control, a enero de 2024 ni siquiera llegan al 1% las hectáreas adjudicadas a la población campesina. 

Lo mismo pasa con las hectáreas compradas directamente en virtud de un convenio que suscribió el Gobierno nacional con la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), aseguró.

Hasta enero de 2024, se habían ingresado al Fondo de Tierras en la Subcuenta Campesinos, 252.113,2 hectáreas, correspondientes a bienes fiscales patrimoniales, equivalentes al 8,4 % de la meta pactada en el Acuerdo de Paz, que fue de 3 millones de hectáreas. Para esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas a la población campesina, producto del Acuerdo.