Tras las críticas a la Contraloría General de la República por haber informado con base en un informe preliminar que hay $9,2 billones que no se sabe en qué los han invertido las EPS en el sistema de la salud, una serie de sectores le pidieron al ente de control que aclare el procedimiento para establecer realmente qué es lo que está pasando.

En la mañana del pasado lunes, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga se reunió con la fiscal General Luz Adriana Camargo y el defensor del Pueblo Carlos Camargo, para hacerles entrega de un informe sobre posibles irregularidades en el manejo de los dineros que las EPS reciben del Estado para pagar los servicios de salud, que podrían representar el desvío de $9,2 billones.

De acuerdo con lo dicho en el informe preliminar los recursos se habrían empleado para pagar deudas, en inversiones, carnés para los usuarios que ya no usan, compra de bienes inmuebles y honorarios, entre otros.

Sin embargo, llamó la atención que en la noche del pasado lunes, la Contraloría General de la República emitió un comunicado para aclarar que dicho informe es preliminar y que ahora debe ser contrastado con las explicaciones que entreguen al órgano de control las EPS y que, en sus hallazgos encontró que -supuestamente- habrían desviado a otros rubros dineros que principalmente recibieron por la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

En dicho comunicado explica la Contraloría General que “lo publicado referente al tema de EPS corresponde a un informe preliminar, que aún se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS, con el fin de que puedan responder los cuestionamientos y observaciones allí consignados”.

Agrega que “una vez concluya esa etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guías de la Contraloría, para que se tomen las medidas correspondientes: ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”. 

“En los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizarán los análisis jurídicos necesarios para abrir los procesos de responsabilidad fiscal como lo prevé la ley”, advierte.

Por su parte, la Fiscalía anunció que inicia una investigación “a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República”.

El comunicado de la Contraloría General en que aclara que se trata de un informe preliminar se produjo después de que Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, señalara que son bienvenidas las investigaciones de los órganos de control, pero pone de presente que “la Contraloría General de la República no ha publicado a la fecha ningún informe de cierre de actuación especial de fiscalización que dé cuenta de hallazgos fiscales en contra de las EPS”.

También Acemi explicó que "en el marco de la actuación especial de fiscalización al uso de los recursos de la UPC y de los No PBS girados por Adres a las EPS, la Contraloría General de la República ha requerido a algunas EPS para suministrar información que sustente la correcta gestión administrativa y fiscal de los mismos. El último requerimiento fue notificado a las EPS el pasado 3 de abril y concede un plazo de tres días hábiles a las EPS para dar respuesta y a llegar toda la información que soporta el uso de los recursos".

Agregó este gremio que las EPS tienen varios mecanismos de vigilancia que permiten conocer el uso de cada peso gastado, entre ellos se encuentran los estados financieros reportados periódicamente a la Superintendencia Nacional de Salud, el estudio de suficiencia para el cálculo anual de la UPC, la circular 08 de 2020, la plataforma Mipres para el gasto No PBS, “que permiten identificar el valor de cada servicio y el destinatario de estos. Asimismo se realizan auditorías periódicas por parte de la Contraloría General de la República y los registros individuales de prestación de servicios”.

Críticas

La actuación de la Contraloría General produjo algunas críticas porque se hizo pública una información tan delicada con base en un informe preliminar que requiere ser contrastado con las EPS, pues el informe final tendrá los eventuales hallazgos en los casos en que estas empresas no logren sustentar el uso de los recursos.

También, porque esta información se da en un momento en que reina la incertidumbre en el país porque la salud atraviesa por uno de sus momentos más críticos, debido a que la Superintendencia Nacional intervino a la Nueva EPS y EPS Sanitas porque, explicó, sus indicadores financieros muestran el riesgo de que se afecte el servicio que prestan; además que EPS Compensar solicitó su liquidación voluntaria debido a que dice que son insuficientes los recursos que entrega el Estado a estas empresas para poder operar.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, anotó que “es irresponsable que una página oficial divulgue esta información como cierta cuando la Contraloría ha aclarado que es un reporte preliminar no verificado. Desinformar de manera deliberada no debería ser una política de la Presidencia. Degrada el debate y mina la confianza”.

A su turno, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, dijo que “la Contraloría no tiene un informe final sobre las EPS. Personalmente encuentro exótico que un ente de control salga a dar declaraciones con un documento preliminar”. La congresista preguntó al contralor (e) Zuluaga “¿cuándo podemos ver el informe final?”.

Mientras que el senador Humberto de la Calle dijo que “se trata de un informe preliminar. Algunas de las deficiencias pueden ser de orden fiscal, otras de carácter penal, según se informa. También puede existir un problema de criterio. Habrá que examinar el supuesto desvío de algunas partidas, obedece a una discusión sobre su nexo con los objetivos del sistema de salud”.

En tanto que el exministro Juan Camilo Restrepo dijo que “el informe ‘provisional’ (como la misma Contraloría reconoce  que es en comunicado de hoy) se trata de un documento de la Contraloría que antes de divulgarlo ni siquiera fue confrontado con las EPS cuestionadas”.  

Lo que viene

EL NUEVO SIGLO preguntó a fuentes de la Contraloría General sobre qué viene en la actuación especial de fiscalización al uso de los recursos de la UPC y de los No PBS girados por Adres a las EPS, que, según lo que manifestó el órgano de control, en las próximas semanas dará a conocer un informe final con los eventuales hallazgos y a partir de sus resultados adoptaría procesos de responsabilidad fiscal.

El proceso auditor contempla la elaboración de un preinforme por la Contraloría con los hallazgos de eventuales irregularidades en el manejo de los recursos, que pone en conocimiento de la entidad auditada, en este caso las EPS sujetas del control, con el fin de que haya el debido proceso.

Ello ocurrió el pasado 3 de abril, y concedió un plazo de tres días hábiles a las EPS para dar respuesta y allegar toda la información que soporta el uso de los recursos, es decir esta semana.

Ahora, la Contraloría General con esa información que le enviaron las EPS, hará un análisis de las respuestas a cada observación y se miran los soportes; sobre esa base se determina si se deja en firme el hallazgo, si varía o se elimina.

En el informe final quedan los hallazgos en firme, eso va a un comité de aprobación en donde se levanta un acta y se comunica a los interesados, ya sea si tiene connotación simplemente administrativa para que hagan un plan de mejoramiento; si tiene fiscal, se hace el traslado en la misma Contraloría General a la dependencia de investigaciones para que haga el proceso de responsabilidad fiscal; si tiene connotación disciplinaria es enviado la Procuraduría y si tiene connotación penal a la Fiscalía.

<DESTACA>  Antes de divulgarlo ni siquiera fue confrontado con las EPS cuestionadas: Restrepo