Se alargó definir si será modificada o no la primera línea del Metro de Bogotá por la iniciativa del presidente Petro de que se subterranice una parte. En la reunión que sostuvieron ayer el jefe del Estado y la alcaldesa Claudia López, se analizó el informe del consorcio chino constructor, en el que recomienda una de cinco opciones pues las otras considera que tienen riesgo jurídico de modificar el objeto del contrato. 

Sin embargo, la Presidencia de la República difiere al señalar que dos de esas opciones, que son las que le gustan al jefe del Estado, no tienen riesgo jurídico si se modifica el contrato para hacer subterránea una parte de la línea. 

Por ello determinaron el presidente Petro y la alcaldesa López establecer unas mesas técnicas para analizar las recomendaciones del constructor chino sobre la mejor opción, así como los conceptos jurídicos de la Casa de Nariño, que a diferencia de lo que dicen los chinos, concluyen que no habría riesgo jurídico. 

La alcaldesa López explicó que el consorcio constructor recomendó una de las cinco opciones que analizó, “tanto por viabilidad técnica, económica y financiera, que es la extensión de la primera línea del Metro de la 72 a la 100, subterránea en tres estaciones adicionales y 3,9 kilómetros adicionales”. 

Agregó que el concesionario también recomienda esta opción porque considera que no modifica el objeto del contrato y “tiene menos riesgos jurídicos e institucionales, no superaría un 50 % del valor original de la concesión y porque añadiría valor agregado en términos que integraría mayor demanda de pasajeros”. 

Explicó López que el constructor descartó tres opciones de subterranización por razones jurídicas y mayor valor; y una más que si bien técnicamente sería viable, jurídicamente no. Esta sería de la Avenida Primera a la calle 72 por la Caracas. 

La postura del Gobierno 

El presidente Petro tras conocer dicho informe hizo una contrapropuesta a la alcaldesa, por lo que le pidió que continúen dos mesas de trabajo. 

López explicó que en las mesas se evaluarán dos cosas que pidió el jefe del Estado: uno es que Petro solicitó dos conceptos jurídicos según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato. 

Al respecto la alcaldesa López dijo que “el análisis que hace el concesionario chino es que sería muy riesgoso modificar el objeto del contrato”. 

Añadió la alcaldesa López que “como hay dos versiones jurídicas contrapuestas y ni el concesionario ni la Alcaldía conocen los conceptos jurídicos que hizo Presidencia de la República, hemos acordado entonces continuar la conversación teniendo dos mesas de trabajo, una jurídica para evaluar el análisis jurídico que hizo el concesionario, con los dos conceptos adicionales que no conocemos hasta ahora”. 

La otra mesa se ocupará de la opción que preferiría el presidente Petro, que no es la que propone el consorcio; es una subterranización desde la carrera 50 con Primero de Mayo hasta la calle 72. 

La alcaldesa López dijo a Blu Radio, antes de entrevistarse con el jefe de Estado en la Casa de Nariño, que “esto es un contrato con 18 % de ejecución y 4.200 trabajadores haciéndolo. Bogotá va a tener metro en el 2028, sí o sí. Porque por andar saboteando, parando y retrasando es que estamos tan trancados como estamos”.

Añadió López que “en la primera línea del Metro están trabajando hoy 4.200 colombianos, construyendo el patio taller en Bosa, terminando los estudios y diseños, construyendo el viaducto en la 72 con Caracas”. 

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Explicó la mandataria distrital que "el presidente le pidió al consorcio que está construyendo la primera línea del Metro desde el año pasado, como ustedes saben, que analizara la viabilidad jurídica, técnica y financiera de una eventual subterranización de un tramo... se lo vamos a presentar”. 

La posibilidad de que sea subterranizado un tramo del esperado, por más de 50 años, Metro en Bogotá, ha levantado una polémica porque implicaría más tiempo en su construcción y mayores costos, entre $12 y $15 billones. No obstante el presidente Petro dijo que la nación asumiría ese valor adicional, y si es necesario se modificaría la ley en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 

El proyecto del Metro fue aprobado durante la alcaldía de Gustavo Petro para hacerse subterráneo hasta la calle 127. El entonces presidente Santos se comprometió a que la Nación aportaría $13,7 billones, correspondientes al 70 % del valor de la primera línea. 

Sin embargo, el siguiente alcalde, Enrique Peñalosa, optó porque era más conveniente por tiempo de construcción y costos hacer el metro elevado, aunque se acortó la línea hasta la calle 72. Así quedó en el contrato con el consorcio chino que alcanzó a firmar en su mandato. Ello fue secundado por el entonces presidente Iván Duque para la entrega de los recursos de la Nación. 

La alcaldesa López recibió el proyecto con estas especificaciones, el cual inició su construcción el año anterior con el patio taller en Bosa, la compra de predios, así como la reubicación de las redes de servicios públicos. 

El presidente Petro revivió la idea de que al menos una parte de la primera línea del Metro sea subterránea. Incluso como candidato anunció que insistiría en ello si llegaba a la Casa de Nariño. 

En ese sentido se podría decir que subterranizar, aunque sea una parte del Metro de Bogotá, es una promesa de campaña de Gustavo Petro.  

En noviembre pasado el ya presidente dijo que “en el año 2015, el metro subterráneo de Bogotá, hasta la calle 127, costaba 14 billones de pesos. Hoy ese mismo tramo cuesta 35 billones de pesos. Ese es el costo de la mezquindad política”. 

Luego Petro, en una reunión con la alcaldesa López, planteó preguntarle al constructor la posibilidad de hacer subterráneo un tramo de la obra.  

López explicó, tras la reunión, en esa oportunidad con el jefe de Estado, que “al presidente Petro le preocupa el impacto urbanístico, el impacto ambiental y el impacto patrimonial porque pasaría por todo el centro histórico de Colombia, y por eso ha pedido que se evalúe esa posibilidad, pero es una evaluación”. 

Al respecto en esa ocasión dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que “queremos dejar claro que por parte del presidente de la República jamás ha habido una imposición, solo que como financiador del 70 % del Metro hay que hacer revisiones. No se están cambiando las reglas ni desconociendo contratos”. 

Piden que no haya cambios 

En las últimas horas se reunió una comisión accidental de congresistas y concejales de Bogotá para analizar los avances en la construcción del Metro. La principal conclusión es que el proyecto que está en marcha no debe sufrir variaciones para evitar más retrasos en la obra y perjuicios a la ciudad. 

Dicha comisión previno en un comunicado, que "si la modificación del cambio de estructura constructiva del metro genera al contratista mayores utilidades frente al modelo de negocios actual y le produce un beneficio especial en favor suyo, su concepto se vería afectado por el rompimiento de la imparcialidad e independencia para atender su propia conveniencia”.