EN COLOMBIA no sorprenden los escándalos por corrupción porque es un flagelo que mantiene incidencia a pesar de nuevas normas y políticas para reprimirlo. Sin embargo, ha llamado la atención en los dos últimos años el entramado que armaron algunos políticos, entre ellos congresistas, y varios alcaldes para amañar la contratación pública en ciertas zonas del centro y suroccidente del país, que se llamó ‘Las Marionetas’. La siguiente es la radiografía de este caso, incluyendo cómo avanzan las investigaciones.

Según las pesquisas la red de corrupción era liderada por el exsenador Mario Castaño, quien aceptó cargos y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. El pasado 18 de noviembre, se conoció que el político falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.

Esta red criminal se dedicó, entre 2021 y 2022, principalmente a redireccionar contratación pública por intermedio de alcaldes que eran ‘reclutados’, cobrando ‘mordidas’ a los contratistas que eran beneficiados, por lo general el 10% de los convenios, en los departamentos de Caldas, Cauca, Risaralda, Tolima, Valle, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá.

En el fallo de la Corte condenatorio a Castaño indicó que el alcance de esta red de corrupción llegó hasta los ministerios de Cultura, Hacienda, Deporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y las alcaldías de municipios del Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda y Chocó.

Las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema se han movido al final de este año, el pasado 15 de diciembre fue capturado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.

En octubre pasado, la Fiscalía pidió a la Corte investigar al senador Ramírez por su participación, supuestamente, en este entramado de corrupción.

En el caso de este parlamentario se investigó un contrato que firmó en 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial ‘Proyecta Quindío’ por $ 48.660 millones.

La Fiscalía encontró que una asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, Katherine Rivera Bohórquez, fue su enlace con el DPS y la empresa Proyecta Quindío.

La mujer habría coordinado con funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ la adjudicación de 15 contratos en el Tolima, 11 de los cuales se firmaron de manera directa por $ 9.376 millones.

El contratista Anderson González recibió, presuntamente, información anticipada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador, indicó la Fiscalía.

Agregó que, al parecer, por ese favorecimiento el contratista acordó el pago de $ 1.000 millones.

Los 11 contratos se realizaron en diferentes municipios del Tolima, como Melgar y Purificación, para obras como pavimentación.

En octubre pasado, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa al senador Ramírez por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los $ 9.000 millones

A Katherine Rivera y Anderson González la Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, no aceptaron cargos. Fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.

En tanto que se conoció ayer que la Fiscalía imputará al exdirector del DPS, Pierre García, quien se desempeñó en el cargo en el anterior gobierno, tras haber sido representante a la Cámara por el Tolima, a nombre del Centro Democrático.

García se vio salpicado en estos hechos de corrupción por la declaración que dio a la Fiscalía Pablo César Herrera, quien fue gerente de Proyecta Quindío para la época en que se habrían redireccionado los citados contratos en el Tolima.

Herrera es en este momento el testigo estrella que tiene la Fiscalía en el caso de ‘Las Marionetas’, pues por su testimonio también se vinculó a la investigación al senador Ciro Ramírez.

El contratista asegura que en el DPS el entonces director García y el senador Ramírez se reunían supuestamente a conversar sobre el redireccionamiento de contratos en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

En la investigación por ‘Las Marionetas’ han sido mencionados también los parlamentarios Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos, Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernando Motoa. Sin embargo, vale aclarar que la Corte Suprema hasta el momento no ha hecho pronunciamiento alguno sobre ellos. Igualmente, en los testimonios que han entregado algunos testigos fue nombrado el excandidato a la Cámara Julio César García.

Otro testigo clave es Nova Lorena Cañón, quien se desempeñaba como lobista ante varios ministerios y aceptó su participación en estos hechos, tras alcanzar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Por ello está cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria.

También está privado de la libertad en su domicilio el contratista Santiago Castaño Morales, quien habría entregado recursos por el redireccionamiento de contratos.

Otros vinculados

En agosto pasado fue condenada Ruth Piedad Echevarría a 28 meses de prisión por delitos de corrupción, quien fue una de las contratistas que pagó coimas a la red para quedarse con contratos.

Según la investigación, Echeverría contactó al entonces alcalde del municipio de Armero Guayabal, Medardo Ortega, para que direccionara el contrato, quien ya fue condenado a 5 años de prisión.

También serán condenados por el escándalo de ‘Las Marionetas’ el exalcalde de Norcasia (Caldas), Wilmar Herrera; el ingeniero civil y exsecretario de Planeación de Manzanares (Caldas), Juan Sebastián Vargas; y Jhon Alexander Sánchez, quienes en noviembre pasado aceptaron su responsabilidad en estos hechos.

Así mismo, hace algunas semanas, la Fiscalía imputó a los contratistas Raúl Cardozo Nuncira y Andrés Ospina Rosales por su presunta participación en el escándalo. Estas personas se habrían beneficiado con cinco contratos por más de $ 25.000 millones.

Otra pieza clave en la investigación por ‘Las Marionetas’ es Juan Carlos Martínez, quien habría sido la mano derecha de Mario Castaño, encargado de transmitir las instrucciones sobre cómo redireccionar los contratos. Está prófugo de la justicia.