Desde hace varios meses el Consejo Nacional Electoral fijó los topes de gastos que deberán observar las campañas para las elecciones de Congreso y presidenciales del próximo año.

De igual forma hay normatividad que establece qué se puede hacer y qué no en materia de financiación de las mismas. No obstante de cara a esta nueva cita con las urnas se mantiene la sensación de que no hay los instrumentos suficientes para hacer un control efectivo sobre los recursos que ingresan ni cuál es su origen.

La ONG Transparencia Por Colombia presentó un informe tras las elecciones parlamentarias del 2018, en el cual indicó que en “la financiación política en Colombia falta equidad y transparencia, es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones”.

Agregó que en esas elecciones los anticipos de financiación pública correspondieron tan solo a un 6.18% del total del ingreso, además de haber sido destinados en su mayoría a apoyar las candidaturas al Senado ($12.980 millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). 

“Para lograr equidad en la financiación estatal y disminuir los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos”, dijo en esa oportunidad.

Además Transparencia por Colombia llamó la atención en ese informe por los altos costos de las campañas, por lo que recomendó que “es fundamental poder establecer un valor real de las campañas políticas y sobre esto limitar el monto de los gastos”.

Así mismo la ONG dijo que es necesario que todos los candidatos cumplan con reportar en tiempo real en el aplicativo Cuentas Claras los ingresos y gastos de sus campañas, con el fin de que los ciudadanos puedan hacer una veeduría a lo que se gasta y saber quiénes son los financiadores.

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En esta oportunidad consultado por EL NUEVO SIGLO el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, dijo que “entre periodos electorales anteriores y este proceso electoral que vamos a tener el año entrante,  no hemos tenido en el país grandes cambios. En general uno esperaría que se hubiera podido abordar en años recientes de manera más profunda varias debilidades que tenemos en la normatividad y en la institucionalidad a través de una reforma política”.

Sin embargo recordó que esa tarea quedó pendiente por parte del Gobierno y del Congreso, “y eso significa que tendremos que abordar estas elecciones tal vez con unas capacidades adicionales,  pero no con una reforma de fondo que pudiera resolver unos riesgos grandes”.

Anotó que esos riesgos están en poder garantizar una información mucho más precisa sobre las fuentes de financiamiento de campañas, una capacidad de verificación de esos datos por parte del Consejo Nacional Electoral y “unos mayores controles y sanciones a esas posibles irregularidades”.

El Director de Transparencia por Colombia destacó que esto es una responsabilidad tanto de los partidos y las campañas, “como de las instancias que ejercen control”.

Es decir, resaltó, “no solamente depende de quien vaya a controlar posterior a las elecciones sino que es muy importante reiterar la responsabilidad de los partidos y las campañas de entregar información oportuna, de generar los mecanismos de prevención de riesgos de penetración de fuentes ilícitas  y por supuesto entrega de esa información en los estándares de calidad y bajo los mecanismos que tiene contemplado hoy la normatividad”.

Topes de campaña 

El Consejo Nacional Electoral determinó que el tope de gastos de las campañas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo del próximo año es de $27.453.094.557; en tanto que para la segunda vuelta, si la hubiere, el límite será de $12.840.703.931.

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

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Mientras que el organismo electoral fijó en $96.215.827.231 el límite de gastos de las campañas de cada una de las listas que se inscriban al Senado de la República para 2022 en la circunscripción nacional ordinaria.

En cuanto a los topes de gastos de las listas que se inscriban a la Cámara en las respectivas circunscripciones territoriales, van según el respectivo censo electoral entre los $20.093.516.658 y los $1.506.613.332.

Sin embargo el principal problema que tiene el Consejo Nacional Electoral para vigilar la observancia por parte de las campañas de los topes establecidos es que no cuenta con una infraestructura regional que permita hacer una verificación plena en el terreno.

En cuanto a los reportes que entregan las campañas en tiempo real a través del aplicativo Cuentas Claras o un mes luego de las elecciones en libros contables, siempre queda la posibilidad de que los gastos por arrendamiento de sedes políticas, publicidad y eventos, entre otros, no sean contabilizados a propósito por el valor real de los mismos o se mimeticen como donaciones u otras formas que se inventan algunos políticos para gastar dinero a manos llenas y hacerse notar ante el electorado.

Financiación estatal

El ex zar anticorrupción en el gobierno Uribe, Óscar Ortiz, indicó a este Diario que “ha habido varios sistemas de financiación de campañas, muchas veces es lugar común decir que el sistema de financiación debiera ser exclusivamente público para garantizar que no haya corrupción, yo creo que eso no necesariamente es así”.

Explicó que tenemos como una debilidad  y un terreno por recorrer el control de las campañas, “porque aunque fuera financiación de campañas exclusivamente estatal,  el que quisiera hacer trampa si no tiene un sistema el Estado, el propio partido, etcétera,  para tener certeza de que las reglas se cumplen, pues pueden ser burladas”.

Consideró Ortiz que deben existir “unas reglas que hagan visible el gasto de financiación de campañas, tener muy claro qué compone realmente el gasto de campaña, tener muy claras las reglas desde cuál momento, si la recolección de firmas es campaña o no. Hoy día, por ejemplo, la recolección de firmas no es propiamente campaña”.

 Añadió que “todo lo que tenga que ver con la promoción,  el apoyo a un candidato o un partido,  pues debiera ser transparente porque obviamente quien pone dinero en una campaña ejerce una influencia,  tiene un peso,  tiene unas consecuencias,  y de hecho  hay unas reglas que existen hace algún tiempo en relación por ejemplo con una proporción de aportes a campañas que genera inhabilidades para contratar”.

La Ley 1864 de agosto de 2017 convirtió en delito algunas conductas de tipo electoral que se consideraban apenas como infracciones a la ley.

Establece que quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y quienes utilicen recursos para la financiación de estas fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los cuatro y los ocho años, y altas multas.

Además la norma fija que “el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.