Mientras que unos piden volver a la penalización, otros piensan que es un asunto de salud pública
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En su regreso a sesiones este 16 de marzo, el Parlamento se va a encontrar con la discusión que está en ‘caliente’ por la dosis mínima del porte de sustancias psicoactivas, que fue autorizado por un fallo de la Corte Constitucional, cuya preocupación frente al tema hoy crece, como lo hace su consumo en el país. Incluso ya se han radicado algunos proyectos sobre el particular.
La más reciente iniciativa en ese sentido es precisamente del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien radicó en el Congreso un proyecto de ley que establece sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público.
Lara explicó que la medida tiene como fin proteger a los menores y adolescentes del microtráfico, un fenómeno que ha incrementado su impacto en las ciudades colombianas y, en los últimos años, ha centrado su accionar en los jóvenes de los barrios y localidades más vulnerables.
“Los parques y colegios se convirtieron recientemente en el principal escenario de consumidores y expendedores de drogas ilícitas, y es allí donde día a día las mafias buscan enviciar a los jóvenes y luego reclutarlos para sus actividades delictivas”, aseguró.
Añadió que “es nuestro deber como congresistas proteger a los menores de las drogas, haciendo respetar sus derechos como lo establece la Constitución Política en su artículo 44, que señala que todos los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los demás. Por tanto, le corresponde a la familia, la sociedad y al Estado asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Aclaró que “no estamos penalizando ni suprimiendo el uso de la dosis personal. Pero sí estamos prohibiendo su uso en parques, polideportivos, colegios y zonas comunes de los conjuntos. Vamos a recuperar los parques para devolvérselos a las familias colombianas”, señaló el Congresista.
Para el Presidente de la Cámara, “portar o consumir sustancias psicoactivas -e incluso la dosis personal- o cualquier sustancia alucinógena que afecte su salud dentro del perímetro de centros educativos, centros deportivos, parques y zonas comunes de propiedad horizontal, afecta la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.
En ese sentido el proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Policía y el Código de la Infancia y Adolescencia, establece el aumento de sanciones, la obligación de participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, la remisión a un Centro de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Fármaco dependencia, como el arresto por veinticuatro horas.
Igualmente, establece en el Código de Policía como comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos los siguientes: consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo; tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancia; consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro y tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante a la institución.
Discusión
Después del fallecimiento hace algunas semanas de la joven Andrea Cabrera por intoxicación con éxtasis, se revivió el debate por la dosis mínima.
La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra dijo, “ese cuento del libre desarrollo de la personalidad lo que ha hecho es un daño enorme para acabar con la juventud y la niñez colombiana, y por eso vamos a trabajar nuevamente en recuperar que se penalice la dosis personal“.
El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán piensa que el camino no está en volver a penalizar la dosis mínima sino tratar el flagelo de la drogadicción como un problema de salud pública. “La persecución, el castigo y tratar a los consumidores como criminales es una política errada, que no va a traer los resultados que estamos esperando. Colombia requiere una política que tenga dos énfasis fundamentales: la salud pública y la educación”, dijo.
Es decir, tratar a los adictos bajo la Ley 1566 de 2012, de autoría del senador liberal, para que tengan un tratamiento en el sistema de salud. Esta Ley, “reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado”.