El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un enfático llamado sobre la importancia de una planificación rigurosa en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025 y reiteró su preocupación por la desfinanciación de $12 billones que tiene, instando al Gobierno a proporcionar información clara sobre cómo se cubrirán estos recursos.
Al tiempo, consideró que la reforma tributaria es un instrumento crucial para fortalecer las finanzas públicas del país, pero es importante que cualquier modificación al sistema tributario tenga en cuenta el equilibrio fiscal, la sostenibilidad económica y la eficiencia en la asignación de recursos, garantizando al mismo tiempo una justa distribución de la carga impositiva entre los diferentes sectores de la población.
“Es esencial que esta ley de financiamiento respete el principio de progresividad y no ponga en riesgo la recuperación económica, que es clave para el adecuado desempeño de las finanzas públicas”, indicó. Recordó que en los últimos 20 años se han aprobado 12 reformas al estatuto tributario que no han logrado cerrar las brechas de financiamiento del Estado, debido a que se han centrado en soluciones fiscalistas de corto plazo, cuyos efectos en el aumento del recaudo suelen agotarse en uno o dos años.
El jefe del organismo de control de las finanzas públicas habló ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República, al presentar los informes de ley correspondientes a las Auditorías al Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública, la Cuenta General del Presupuesto, y la Situación de la Deuda Pública, de la Vigencia 2023.
Manejo presupuestal
En relación con el Presupuesto General de la Nación y del Tesoro, la Contraloría General de la República emitió una Opinión No Razonable para la vigencia 2023. “Quiero destacar que, aunque en 2023 se generaron $17 billones adicionales para financiar el presupuesto, se registraron pérdidas de apropiación por el mismo monto. Por ello, hago un llamado a mejorar la eficiencia del gasto público para evitar que se implementen reformas tributarias que recauden recursos, que al final no se utilizarán de manera efectiva”, insistió al respecto el Contralor General.
Una de las recomendaciones que hace la Contraloría General en dicho informe es que algunas entidades como, por ejemplo, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adopten medidas urgentes para corregir deficiencias en su gestión presupuestal.
En la presentación del informe, la Contraloría General también hizo un llamado de atención a la falta de ejecución de recursos por parte de algunas entidades, “En un entorno caracterizado por la escasez de recursos y mientras las necesidades básicas de grupos de población siguen sin solución, resulta inadmisible que en las dos últimas vigencias no se ejecutaran más de $10 billones apropiados para gasto social, por razones asociadas a una deficiente programación e ineficaz ejecución de los recursos”, afirmó el Contralor.
El Contralor General recomendó que en el tema presupuestal se reevalúe el uso de las vigencias futuras que actualmente representan en promedio un 12% del presupuesto total sin deuda, pero cuya ejecución solo ha alcanzado el 79%. “Es necesario revisar su aplicación, para garantizar que se ejecuten de manera eficaz y en los plazos previstos”, dijo.
Deuda pública genera presión considerable en el gasto público de las entidades territoriales
Al presentar el Informe sobre la Situación de la Deuda Pública 2023, el Contralor Rodríguez Becerra dijo que, aunque la deuda en sí no es negativa y constituye una fuente crucial para la operación del Estado, preocupa el endeudamiento territorial. Los departamentos acumulan una deuda total de $7,89 billones, de los cuales el 65.02% está concentrado en solo cuatro departamentos que suman $5,13 billones. Antioquia lidera con $2,03 billones, seguida de Cundinamarca con $1,35 billones, Atlántico con $1,01 billones, y Valle del Cauca con $0,74 billones.
Asimismo, las ciudades capitales del país acumulan un endeudamiento total de $17,20 billones, con una notable concentración en cuatro de ellas, que suman $15,10 billones, representando el 88% del total. Bogotá lidera con $9,04 billones, seguida de Barranquilla con $3,01 billones, Medellín con $1,96 billones y Santiago de Cali con $1,10 billones.
“Hago un llamado a prestar especial atención a la vigilancia de estos niveles de endeudamiento, para evitar que se conviertan en un factor de desestabilización para las finanzas de estas entidades. Algunas de ellas están alcanzando niveles de deuda preocupantes, lo que puede representar un riesgo significativo para mantener unas finanzas sanas y sostenibles”, subrayó el Contralor General de la República.