El presidente Gustavo Petro invitó a los movimientos agrarios del país para que se unan en una gran movilización campesina nacional. Esta convocatoria, hecha desde el corregimiento de Chicoral en El Espinal, Tolima, buscaría impulsar la Reforma Agraria y garantizar que "la tierra sea para quien la trabaja". 

En el discurso del mandatario, el cual se hizo en el marco de la firma del 'Pacto por la Tierra y la Vida', Chicoral es un lugar emblemático donde se "enterraron esperanzas de reforma agraria durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero". Fue allí donde comenzaron las masacres contra el movimiento campesino y se consolidó la gran propiedad privada. Su discurso recordó cómo decenas de miles de campesinos marcharon hacia Bogotá hace décadas exigiendo cambios significativos.

Actualmente, más de 1.5 millones de campesinos solicitan tierras para trabajarlas directamente. Por tal motivo, Petro fue claro al señalar que sin movilización ni organización no habrá avances significativos en las reformas sociales prometidas por su gobierno. Su llamado a una movilización "pacífica pero decidida" pretende concienciar sobre los derechos fundamentales del pueblo.

El evento reunió campesinos, indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y trabajadores de la tierra para debatir sobre temas clave como la redistribución equitativa de la tierra, la democratización del campo y su transformación productiva.

A través de mesas de trabajo, se abordaron estrategias para enfrentar el hambre, la crisis climática y fortalecer el compromiso con la Paz. Otros puntos centrales incluyen la recuperación de suelos, la protección del agua, la reorganización de las instituciones agrarias y la modernización del modelo productivo rural.

El Ministerio de Agricultura acordó 12 puntos que representan una alianza popular - institucional que tiene como principio el respeto y la dignidad hacia las comunidades, pueblos, y trabajadoras y trabajadores agrarios que luchan por la tierra, el agua y los ecosistemas. 

Estos puntos incluyen la redistribución equitativa de tierras y activos productivos, así como la justicia agraria para restituir y reparar las deudas históricas con las comunidades. Además, se enfocan en la restauración y protección del medio ambiente rural, asegurando el cuidado de suelos, cuerpos de agua y ecosistemas. La inclusión efectiva en políticas públicas es otro objetivo importante, junto con transformar el modelo agrario para garantizar derechos individuales y colectivos.

Estos acuerdos también abordan aspectos como la protección de logros sociales pasados, el fortalecimiento institucional agrario y garantías para organizaciones comunitarias. Se destaca el reconocimiento e inclusión activa de mujeres, diversidades sexuales rurales y juventudes campesinas. Además, se busca proteger los sistemas tradicionales del conocimiento indígena y transformar economías locales donde existen cultivos ilícitos hacia actividades más sostenibles.

Al finalizar la jornada, se firmó el nuevo Pacto de Chicoral, que servirá como hoja de ruta para la reforma agraria del país, "buscando un modelo sostenible que garantice el bienestar del campo colombiano y contribuya a la paz con justicia social.".