El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, conformado por la JEP, Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le solicitaron ayer a la Defensoría del Pueblo que emita una resolución defensorial que permita trazar una hoja de ruta para evitar más asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de Farc.

Se le pide al Defensor que se identifiquen las causas, se evalúen las medidas actuales, las posibles formas de prevención y los riesgos que corre el país si no se toman los correctivos adecuados.

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“Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, 904 líderes han sido asesinados. El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP arrojó este hallazgo después de realizar el proceso de contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones. Solo en 2020 se documentaron 297 casos. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos”, expresó la JEP.

Frente a los asesinatos de los excombatientes de las Farc, la UIA registra 276 homicidios perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de los asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP. Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios.