- Reforma pensional
El proyecto fue presentado ante el Congreso de la República por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro, en marzo de 2023. Un mes después, la Comisión Séptima del Senado aprobó los 94 artículos, sin que fueran necesarios grandes cambios.
La iniciativa busca que más personas adquieran una pensión digna; sin embargo, partidos de oposición como el Centro Democrático y gremios como Asofondos han solicitado un replanteamiento, ya que debe garantizar la protección del ahorro y propiedad del dinero.
- Reforma a la salud
En febrero de este año, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó su polémica reforma a la salud, la cual, con 10 votos a favor y 8 en contra, pasó su primer examen en mayo en la Comisión Séptima de Cámara.
Después la iniciativa transitó a segundo debate en plenaria, donde quedó estancada. En esta instancia, las discusiones de la reforma fueron aplazadas en varias oportunidades por recusaciones y falta de quórum.
Sectores políticos y gremios de la salud coinciden en que hace falta reformar el sistema, pero la propuesta del Gobierno resultaría inconveniente, ya que, según sus alegatos, no plantea una transición ordenada de las EPS y que la Adres como único pagador no cuenta (por ahora) con capacidad operativa.
- Proyecto de ley contra el fracking
Una de las propuestas que ha avanzado sin tantos tropiezos ha sido precisamente la que blinda al país frente a esta técnica de extracción de hidrocarburos y su uso en yacimientos no convencionales.
La propuesta fue aprobada en el Senado en abril en su segundo debate, por lo que tendrá que someterse a otras dos discusiones en la Cámara de Representantes antes de ser sancionada como Ley de la República.
“El proyecto aprobado por el Legislativo tiene como objetivo cuidar los recursos hídricos del país, proteger a las especies y garantizar la salud de las comunidades, prohibiendo la explotación de algunos yacimientos no convencionales, como lutitas de petróleo o gas, arenas bituminosas e hidratos de metano”, aseguró el Ministerio de Ambiente.
Los que llegan
- Reforma a la ley 30 o ley de educación superior
El presidente Gustavo Petro anunció el 7 de junio la radicación de un proyecto de reforma a la ley de educación. La información se conoció en medio de marchas en favor del Gobierno nacional y sus reformas sociales.
Se esperaba que la propuesta fuera presentada en el Congreso hoy, durante la instalación del segundo periodo legislativo, pero el Ministerio de Educación aseguró que no iba a ser así.
La iniciativa ha sido sometida a debates protagonizados por actores del sector educación (comunidad y expertos), a fin de tener a mano todas las propuestas para la creación de un texto que supere las expectativas de la mayoría. Con la intención de tener una visión mucho más amplia e integral del proyecto, las autoridades decidieron retrasar su radicación.
- Reforma a ley de servicios públicos
En el mismo momento en que el presidente Petro anunció la radicación de la reforma a la educación, informó que para esta nueva legislatura presentaría un proyecto de reforma de servicios públicos.
Si bien muchos de los gremios han hablado de la necesidad de hacer cambios al respecto, consideran que hacer reformas en el sector requiere de la concertación de todos sus actores para analizar las ventajas y desventajas.
Según gremios, una reforma de este tipo debe permitir una evolución en diferentes sistemas, como el eléctrico, desde el punto de vista de eficiencia y competitividad, y en tecnología.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, dijo a EL NUEVO SIGLO que, si la propuesta “es concertada entre los usuarios, empresas privadas, mixtas y públicas, además del Gobierno nacional, habrá un proceso magnífico”.
- Reforma al Código Minero
En medio de un paro minero en zonas del Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, el jefe de Estado anunció, el 12 de marzo, la reforma al Código Minero, la cual sería radicada en el Congreso durante el segundo periodo legislativo que inicia hoy. El presidente aseguró que la intención es no acabar con la pequeña minería, sino ofrecerles a los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan operar bajo el marco de la ley.
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“Avanzaremos, una vez se recupere la normalidad, los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el Distrito Agrominero en el Nordeste y en el norte de Antioquia: qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el Gobierno Nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca”, manifestó Petro.
Días después del anuncio, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, aseguró que no habría reforma al Código Minero, sino que se presentaría una iniciativa de ley minera en el Legislativo, con la intención de agilizar procesos en función del sector.
- Proyecto de humanización carcelaria
La semana pasada, el Gobierno anunció la presentación del proyecto de ley de humanización carcelaria en el Congreso, mismo que fue radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante la pasada legislatura. La iniciativa naufragó por falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas frente a sus implicaciones.
Desde que en esa oportunidad se dio a conocer el contenido generó disgustos en sectores políticos y sociales porque, a su juicio, incrementa el problema de inseguridad en el país.
El proyecto plantea reducir de manera importante el hacinamiento con medidas como beneficio de casa por cárcel para privados de libertad con penas de hasta 12 años, lo cual ha generado malestar. Por lo mismo, muchos cuestionaron que la aplicación de dicha ley dejaría en libertad a miles de delincuentes detenidos por hurto, extorsión y tráfico de drogas.
- Proyecto de ley de sometimiento a la justicia
Con algunos ajustes, el proyecto volverá al Congreso en esta nueva legislatura. El ministro Néstor Osuna aseguró que las múltiples discusiones que se han dado en diferentes foros han fortalecido esta iniciativa.
Desde su presentación a principios de año, la ley de sujeción de organizaciones criminales planteó fórmulas de coordinación para que los grupos armados de alto impacto pudieran someterse a la justicia ordinaria. El texto ofrece garantías de desmantelamiento de dichas estructuras, exigiendo, a cambio, el compromiso de no reincidir en las acciones delictivas.
- Proyecto de reforma a la ley de víctimas
La reforma será presentada en esta nueva legislatura por el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y por la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. El propósito es garantizar a las víctimas del conflicto armado una mayor atención.
El Ministerio de Justicia afirmó que los objetivos del proyecto son articular la política de víctimas con el Sistema Integral para la Paz, superar los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales identificadas en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional, fortalecer el rol de coordinación del Snariv propendiendo por una mayor responsabilidad y compromiso de las entidades nacionales y territoriales; y mayor acceso y garantía de los derechos para las víctimas.
Los que presentarán los partidos
- Proyecto de ley para reducir el precio de la gasolina
Una de las propuestas que llevará al Congreso el Partido Conservador es la que podría restarle más de 1.500 pesos al precio de la gasolina. La información la dio a conocer uno de los miembros de esta organización, Wadith Manzur.
- Proyecto de ley sobre suelos protegidos
Congresistas de la Alianza Verde han analizado la posibilidad de radicar esta propuesta. Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, aseguró que la iniciativa es fundamental para proteger la tierra y garantizar seguridad alimentaria. “Queremos fortalecer la institucionalidad para proteger los suelos”, aseguró.
- Proyecto de reforma laboral
Al igual que el Partido Liberal, la bancada conservadora anunció la presentación de su propia reforma laboral. Una de las principales propuestas es dividir las 47 horas semanales en 4 días. “Proponemos un seguro de desempleo obligatorio, pagado por el Estado, para empleados que luego de 12 meses queden cesantes, por supuesto con algunas limitaciones, pero seguro de desempleo”, destacó el presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda.