UNA PROPUESTA para disminuir en un 50 % los recursos que Estados Unidos envía anualmente a Colombia para la lucha antinarcóticos se evalúa desde la Cámara del país norteamericano, instancia que en reiteradas oportunidades ha manifestado preocupación por las políticas antidrogas implementadas por el gobierno Petro, lo que se evidencia en la drástica caída de la erradicación de cultivos ilícitos en los últimos casi dos años.

La reducción del monto que ya se ha discutido en el Capitolio de Washington resulta significativa, sobre todo porque, de ser aprobada, pasaría de US $410 millones en el presupuesto del año fiscal de 2024 a US $208 millones para el próximo 2025.

Pero es necesario considerar que la propuesta debe ser discutida y aprobada por el Senado −de mayoría demócrata−, esto quiere decir que puede existir la posibilidad de que, en medio de las negociaciones, la proposición sea objeto de modificaciones.

En consabidas oportunidades, Estados Unidos ha manifestado una supuesta falta de interés del gobierno Petro para mejorar relaciones con Washington y entregar resultados que aporten tranquilidad a la Administración Biden en cuanto a drogas. Por lo mismo, según Mario Díaz Balart, congresista republicano norteamericano, Colombia ya no hace parte del grupo selecto de países en recibir ayuda anual por parte de Washington.

“Colombia ya no está entre los ocho países selectos que reciben fondos de Estados Unidos. Hay una reducción del 10 % de los fondos que recibe (este año es de 401 millones de dólares, 50 millones menos que en 2023)”, indicó el legislador en abril de este año.

Además, destacó que “Colombia ha sido uno de los aliados más importante de los Estados Unidos, hemos estado involucrados en ayudar durante muchos años, pero el presidente Petro parece que no quiere esa relación especial con Estados Unidos y hemos dicho públicamente que él tiene que determinar si quiere mantener la relación especial con los Estados Unidos y hasta ahora, a través de palabras y hechos, está demostrando que no quiere esa relación especial”, agregó.

En esa oportunidad, el canciller colombiano, Luis Guillermo Murillo, respondió al congresista: “Difiero de las apreciaciones expresadas por el representante del Congreso de EE. UU., Mario Díaz-Balart. La relación Colombia - Estados Unidos es sólida, robusta y bipartidista. Nuestra cooperación y trabajo conjunto son fundamentales para el resto de la región, muestra de ello es el reciente paquete de cooperación aprobado en el Congreso de los Estados Unidos”.

No es la primera vez

Sin embargo, esta no es la primera vez que Estados Unidos hace una proposición similar. El año pasado también se advirtió sobre la reducción de los recursos a Colombia para la lucha contra las drogas, por la descolgada del actual Gobierno en materia de erradicación; no obstante, el respaldo de Washington a Bogotá en esta materia se mantuvo, por lo que fueron otorgados US $410 millones durante el año 2024.

Como se sabe, durante la Administración Duque, la estrategia contra las drogas fue una de las políticas de mayor respaldo, como lo prueban las estadísticas del Ministerio de Defensa: en 2018 se destruyeron 60.000 hectáreas de hoja de coca; en 2019 se pasó a 94.000; en 2020 se lograron 130.000, pero desde entonces la curva comenzó a bajar.

Mientras que 2021 cerró con 103.000 hectáreas erradicadas y en 2022 (que tuvo ocho meses de Administración Duque y cuatro de Petro) se cayó a 68.000, la mayoría durante el gobierno saliente.

Tal y como es conocido, desde el día uno del mandato de izquierda se advirtió que la destrucción de los sembradíos ilícitos ya no sería la prioridad, bajo la tesis de que afectaba más al pequeño cultivador (que el gobierno considera una víctima y el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico). El foco, entonces, sería el decomiso e interdicción de la droga.

Ese giro en la estrategia es el que explica cómo desde agosto de 2022 empezó a bajar drásticamente la destrucción de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, ya que el énfasis se fijó en atacar solo los “narcocultivos de gran tamaño o industriales”.

La mayor evidencia de ese cambio de enfoque se dio en 2023, cuando la meta (que en el gobierno Duque siempre estuvo por encima de las 100.000 hectáreas a erradicar) se fijó apenas en 20.000, lo que a duras penas se terminó superando (20.323).