LA DIRECTORA del Departamento de Prosperidad Social y antigua jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, acudió ayer a la Fiscalía General para responder sobre las anomalías en las que habrían incurrido funcionarios en torno a una prueba de polígrafo a la que fue sometida su exniñera, Marelbys Meza, por una supuesta orden suya.

Pero apenas llegó, negó, a través de un comunicado leído por ella misma, haber dado la orden efectuar el procedimiento.

“Reitero: no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas”, leyó.

También destacó que como funcionaria es respetuosa de la institucionalidad y de las normas.

“Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, pero, además, afirmó que acude hasta la sede del ente investigador, en compañía de su abogado, Jorge Mario Gómez, con la intención de “responder todas y cada una de las preguntas, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”.

“Confío en que una justicia recta y digna permita pasar esta página amarga”, destacó la actual directora del Departamento de Prosperidad Social.

Como se recordará, por este hecho la Fiscalía General de la Nación judicializó el año pasado al coronel Carlos Feria, quien funge como jefe de Seguridad Presidencial, por sus presuntos nexos con la aplicación irregular de la prueba de polígrafo a Sarabia. Lo mismo ocurrió con el capitán Elkin Gómez y el intendente Jhon Sacristán, involucrados en el mismo caso.

El conflicto inicia luego de la pérdida de una cantidad de dinero en casa de Sarabia, siendo Meza la principal sospechosa. Para conocer el paradero del efectivo, la exniñera fue sometida a dicho procedimiento.

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El Caso 

Sarabia es investigada  por el uso indebido del polígrafo al cual fue sometida su exniñera, Marelbys Meza.

Cabe recordar que la exmpleada doméstica de Sarabia denunció que fue obligada a rendir un interrogatorio y sometida a la prueba del polígrafo en una dependencia de la Casa de Nariño, por la desaparición de una maleta con $150 millones, en lo que asegura nada tiene que ver. 

Meza contó que fue intimidada por funcionarios que la interrogaron durante cuatro horas en el sótano de un edificio anexo a la residencia del presidente Petro.

A juicio 

El caso no solo quedó en el presunto uso irregular del poligráfo sino que también la Fiscalía conoció que a Marelbys Meza y otra empleada doméstica se le intervinieron o 'chuzaron' sus líneas telefónicas de manera ilegal. 

Ante esta situación, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete.

En ese sentido, el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’. Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Meza Buelvas y otra empleada. 

Por estos hechos, la Fiscalía también imputó al jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.