UNA MINUCIOSA revisión de los “cuello de botella” que han generado retrasos en la expedición de trámites ambientales para el desarrollo de proyectos no renovables en Colombia, ordenó ayer la Procuraduría General de la Nación.

La intención del Ministerio Público, liderado por Margarita Cabello, es hallar soluciones alternativas para la implementación de la hoja de ruta para la política de transición energética y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en términos ambientales.

En medio del seguimiento que ha hecho el ente de control a la política actual de transición energética, se puso en evidencia que “buena parte de las demoras en los trámites de licencias y permisos ambientales se deben a dificultades normativas, como por ejemplo la definición por parte del gobierno nacional de las fuentes de ‘energía alternativa virtualmente contaminantes’, que son las que requieren licencias ambientales o por procesos como consultas previas a comunidades, entre otros”.

Frente a este escenario, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidió a las autoridades “articulación nacional y territorial, teniendo en cuenta el papel relevante que cumplen para la puesta en operación de los proyectos para energías alternativas a la eléctrica y a la de hidrocarburos, como el carbón, que tradicionalmente se ha utilizado en el país”.

Pero también refirió que la entrada en funcionamiento de los Proyectos de Energía Renovable No Convencional Fotovoltaicos y Eólicos es indispensable para que “el país logre cumplir con la reducción de los Gases Efecto Invernadero y la carbono neutralidad, al mismo tiempo que se generen condiciones de desarrollo sostenible y se mitigue el riesgo de desabastecimiento de energía”.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación recalcó la necesidad de fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales, reforzando sus equipos técnicos y conocimientos sobre este tipo de energías, unido a los procesos de diálogo y concertación social, como las consultas previas; y a los estudios de impacto ambiental que elaboran los dueños y titulares de estos proyectos.