El Informe de conciliación del proyecto de ley de Inversión Social o reforma tributaria presentado por el Gobierno el pasado 20 de julio fue aprobado  por las plenarias de Senado y Cámara. Esto significa que el articulado pasó a sanción presidencial.

La iniciativa, que busca recaudar $15,2 billones para seguir financiando programas sociales y estabilizar las finanzas públicas, obtuvo en la Cámara 132 votos a favor y 22 en contra. En el Senado 70 congresistas apoyaron la iniciativa, mientras que las bancadas de oposición se retiraron en señal de protesta.

“Esta Ley de Inversión Social ha recorrido un importante y largo camino, pasará a la historia como un proyecto ampliamente consensuado y que responderá a las necesidades urgentes que acarreó la pandemia, a la vez que generamos recursos permanentes, honrando esa tradición de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas”, manifestó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Indicó además que “se mantienen los recursos que consideramos necesarios para atender a los más vulnerables, sin tocar al grueso de la población, que está en la clase media, jalonar la reactivación, sin afectar la productividad y estabilizar las finanzas públicas de una manera ordenada”.

Recordó Restrepo que el dinero se recaudará a través de un esfuerzo en lucha contra la evasión, planes de austeridad del gasto público y el aporte de las empresas a través del impuesto de renta y el ICA, para financiar los programas que beneficiarán a 4,1 millones de familias.

Por su parte, el presidente Iván Duque, destacó que “esta es la primera gran reforma fiscal en el marco de una situación de pandemia en América Latina y el Caribe”.

Además, señaló que esto se ha logrado gracias a la responsabilidad del Congreso con el presente y el futuro del país, sin dejar de lado la “defensa irrestricta, una defensa permanente”, de la iniciativa privada como motor del desarrollo.

El recaudo y sus fuentes

Con la reforma aprobada se obtendrán $6,7 billones del aumento en la tasa de renta corporativa del 30 al 35%, $1,9 billones del plan de austeridad en el gasto del Estado. Por lo menos $3,9 billones de la reducción del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Se calculan $2,7 billones de recaudo derivados del fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal. Esto con el fin de que al menos 14 millones de colombianos se vean beneficiados con los planes de inversión social a los que el Gobierno destinará los recursos.

De igual manera, con el ánimo de proteger el empleo y apoyar la reactivación económica se extiende el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), para acompañar a las pequeñas empresas de julio a diciembre de este año.

Para los que empleen hombres y mujeres entre 18 y 28 años se otorga el 25% de un salario mínimo, por cada contratación adicional.

De igual manera, para beneficiar la contratación de mujeres mayores de 28 años, el empleador recibe el 15% del salario mínimo, para quienes devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el resto de la población se otorgará el 10%.

La política de gratuidad de educación superior para técnicos, tecnólogos y superior, de los estratos 1, 2 y 3, será permanentemente gratis. Se convierte en política de Estado. Con esta medida se espera beneficiar a cerca de 700 mil jóvenes en el país.

Se incrementa también la meta para la población de Colombia Mayor y se destinarán más recursos, se pretende que llegue a cerca de $120 mil de giro individual.

También se beneficiará una población cercana a los 4,1 millones de familias. Se aprobaron $160.000 por persona, pero esa cantidad podría ser mayor, dependiendo del número de personas que tenga el hogar.

Igualmente, se crearán instrumentos para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tenga capacidad de fiscalización. Se ha incorporado la normalización tributaria, pagando una sanción del 17%, pero si la persona trae esos dineros al país la sanción sería del 8,5%.

En los tres días sin IVA se podrán hacer compras en efectivo exigiendo la factura. Ya no solo será utilizando el dinero plástico, ajustando además la definición de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación de los bienes cubiertos con la exención de los días sin IVA, para incluir las estufas y los bienes que utilicen gas, aplicando a cualquier tipo de gas combustible y energía solar para su funcionamiento.

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¿Cómo se recaudará?

Las empresas van a ser las que más tendrán que pagar impuestos. La tarifa de tributación pasa del 31 al 35%, pero para el sector financiero se eleva al 38%.

La clase media y los pobres no serán sujeto de más impuestos en esta nueva reforma.

Además, se estima que más del 60% de los dineros serán aportados por el sector empresarial, a través de la eliminación de algunos lineamientos establecidos en la Ley de Crecimiento Económico del año 2019.

El 40% restante, provendrán de la lucha contra la evasión y el recorte a los gastos públicos.

Algunos de los beneficios

Con esta nueva ley se prorrogaron dos beneficios incluidos en la Ley de Turismo, hasta el 31 de diciembre de 2022. El primero es la exención de la sobretasa de la energía para los establecimientos de alojamiento turístico, operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, y parques temáticos.

Respecto a este punto, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, destacó ayer que “el sector hotelero, durante 2022, reflejará este beneficio en un potencial de reinversión en 2.490 habitaciones las cuales, a una tasa de ocupación del 55,46% y con una tarifa estimada de $239.310, generarían ingresos adicionales de $120.623 millones anuales en la actividad”.

El segundo beneficio para el sector, derivado de la aprobación de la nueva Ley de Inversión Social es que queda en firme la exención del pago del IVA a los servicios turísticos con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo.

“Esta medida de competitividad impulsa la demanda y contribuye a mejorar la estabilidad financiera de las empresas. Ayuda a reactivar el sector, permitirá un proceso de recuperación más ágil, protege los empleos del sector y asegura seguir avanzando en la reactivación económica segura para el país”, advirtió Lombana.

Dentro del articulado también se estableció que en los cuatro meses siguientes de vigencia de este instrumento legal, se reducirán las multas de tránsito al 50% del capital y de los intereses de la deuda. Estas son herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito. Estas condiciones no se extienden a infracciones de tránsito impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Del mismo modo, establece que para el siguiente año no se cobrará el impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares contribuyentes del impuesto unificado simple que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas.

Una parte de la reforma entrará a regir tras ser aprobada por el presidente Duque, mientras que la otra funcionará el año entrante.