Tanto en 2010 como en 2014 la alianza, primero, entre el Presidente y el ministro del Interior y luego de Vivienda, y después entre el Jefe de Estado y su Vicepresidente no se dio sobre la base del proceso de paz. Por eso no se puede hablar ahora de divorcio ni sorpresiva ubicación en orillas distintas

Vargas Lleras, incluso antes del plebiscito que fracasó en las urnas, había dejado claro que la justicia transicional requeriría ajustes en la fase de reglamentación. Desde ese punto de vista, la postura crítica de Cambio Radical es coherente, por más que le disguste a la Casa de Nariño

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Desde ya hace un largo tiempo, como parte sustancial de su carrera política, Germán Vargas Lleras se ha destacado por ser un líder de la llamada centro-derecha, una posición un tanto extraña en los calificativos políticos colombianos, tradicionalmente asociados a los partidos Liberal y Conservador o a los movimientos políticos independientes que a cada tanto surgen y se desvanecen en el país. Pero esa división entre la derecha y la izquierda, propia del lugar donde se sentaban en la Asamblea Nacional los representantes de la Revolución Francesa, hace más de dos siglos, ha tomado reciente y atávica preponderancia en Colombia para dividir el espectro político entre los papistas y menos papistas, los exaltados y moderados, los propagandistas y los cautos, los idealistas y los realistas, frente al proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc.

En ese sentido y de acuerdo al informe de carátula de la revista Semana, que comenzó a circular el domingo, la coalición entre Santos y Vargas Lleras, que los llevó a compartir tiquete en las elecciones de 2014 como Presidente y Vicepresidente, habría llegado a su fecha de vencimiento. Y esto, precisamente, porque a raíz de los cambios parlamentarios en los protocolos firmados por Santos con las Farc, en los acuerdos de Cartagena y el Colón, ambos habrían quedado definitiva y finalmente en orillas opuestas.

En una orilla, Santos, de jefe de un gobierno cuyo propósito exclusivo y excluyente parecería ser sacar avante la ley de justicia transicional con las Farc, por medio de la cual los máximos responsables de la guerrilla no tendrán restricción efectiva de la libertad, ni tampoco penas formales, sino sanciones restaurativas y alternativas, como el desminado, la siembra de árboles o la limpieza de las cuencas, mientras al mismo tiempo acceden a las curules automáticas del Congreso y comparten, en paralelo y sin especificar lugares, fechas o días, las sanciones con militares y policías así como con los civiles involucrados “directa o indirectamente” en el conflicto interno y que igualmente hayan sido juzgados por la jurisdicción extraordinaria establecida para los próximos dos lustros, prorrogables por otro tanto.

En la otra orilla, queda el ex vicepresidente Vargas Lleras, de candidato presidencial autónomo, crítico del sesgo ideológico en la reciente conformación de los tribunales correspondientes y cuyo partido, Cambio Radical, del cual se desprendió para avanzar su candidatura por firmas, ha mostrado la jurisdicción especial, con los jueces así previstos e incluso nombrados aun antes de entrar en rigor la normativa respectiva y todavía pendiente la ley posterior de reglamento interno, como un premio a las Farc y una grave erosión a la justicia ordinaria y las instituciones nacionales, por lo que esa bancada parlamentaria viene votando el tema negativamente.

Ante ello, en una entrevista dominical en El Tiempo, el actual ministro del Interior, vocero autorizado de Santos, dijo que Cambio Radical era “incoherente” y sostuvo que “distanciarse del proceso de paz es distanciarse del Presidente”. De suyo, afirmó, es una actitud “ingrata” porque “han hecho parte del Gobierno durante siete años en posiciones muy importantes”, es decir, motivo de la adhesión a ultranza o, en contrario, de la ingratitud traída a cuento. Y sostuvo que la coalición gubernamental se había hecho en torno al proceso de paz y cualquier conducta en contrario sería estar en contra del programa básico del Gobierno. Por lo que Cambio Radical, dijo, debe salir ipso facto del Ejecutivo, a lo que esta bancada había contestado de antemano respetar en un todo y de inmediato el “fuero presidencial”, puesto que igualmente habían proclamado que los “principios” no se negocian. De modo que solo basta que el ministro del Interior proceda a poner en práctica lo que extemporáneamente señala en la teoría, neutralizando confusamente su capacidad de iniciativa, intentando que pongan la renuncias en la mesa en lugar de pedirlas, como ya estaba anunciado por el primer mandatario.      

Génesis de la coalición

En realidad, la coalición hecha por Santos, después de las elecciones de 2010, cuando ganó de lejos a Antanas Mockus tras plantearse como sucesor escogido de Álvaro Uribe Vélez, no se hizo, ni se pudo haber hecho en torno a ningún proceso de paz, inexistente tanto en ese momento como durante las propuestas de campaña, donde no se habló un ápice de negociaciones guerrilleras, al igual que por el contrario estaba plenamente vigente la consigna de la “seguridad democrática”. Aquella de la que el mismo Santos había sido portaestandarte.

De hecho, su planteamiento fue el de congregar un “gabinete de rivales”, sacando la idea de una biografía de Abraham Lincoln, entonces en boga y aconsejada por el mismo Presidente, llevando al consejo de ministros a quienes habían sido sus adversarios electorales recientes. De modo que no se dio una coalición con fundamentos ideológicos, jamás exigidos, sino bajo los aportes exclusivamente programáticos de los diversos sectores representados y que habían sido ventilados en la campaña. Sobre esa base, Santos escogió a Vargas Lleras, excandidato presidencial que había quedado de tercero en la primera vuelta, de ministro del Interior. Y bajo su dirección se emitieron ochenta leyes, entre ellas la de Víctimas y de Tierras, ajenas, en todo tiempo y lugar, a cualquier proceso de paz, ni siquiera en ciernes, sino como responsabilidad autónoma y legítima del Estado. De hecho, el mismo Vargas Lleras lideró una norma para prohibir las llamadas “zonas de distensión”, con el consentimiento presidencial, lo cual enviaba señales perentorias sobre la idea que se tenía sobre procesos de este tipo.

Cumplida la misión de Vargas Lleras en el Ministerio del Interior, y por las razones programáticas aducidas anteriormente, Santos finalmente le aceptó llevar a cabo el ambicioso plan de vivienda gratuita en el que aquel venía insistiendo desde la campaña presidencial, cuando era candidato. Pasó entonces Vargas Lleras al Ministerio de Vivienda, con el fin de concretar su idea, que tuvo como desarrollo positivo la construcción de 400.000 unidades habitacionales, para las familias más desfavorecidas, amparando a más de dos millones de personas.

Ya por entonces Santos había abierto públicamente el proceso de paz con las Farc, en La Habana, que de inmediato prometió finiquitar en cosa de meses. No hubo entonces, sin embargo, exigencias de que quien no estuviera en esa línea exacta debía salir del Gobierno o era enemigo. Por el contrario, frente a las solicitudes de que Vargas Lleras se pronunciara sobre el proceso, hechas por miembros de la coalición que querían comprometerlo en ello y poner en evidencia sus reservas, siempre mantuvo silencio sin apremio alguno del Jefe de Estado, más bien satisfecho con que no diera sus opiniones.

Corrido el tiempo, Vargas Lleras renunció al Ministerio para no quedar inhabilitado constitucionalmente para una nueva aspiración presidencial, pasando a la Fundación Buen Gobierno. Las duras protestas agrarias, de transporte y mineras, de la época, habían llevado a Santos, luego de declarar que “el tal paro ese no existe”, a solo un 18 por ciento de favorabilidad en las encuestas. Por tanto, todavía no estaba claro si, con semejantes cifras, se presentaría a la reelección. En contrario, Vargas Lleras activaría su candidatura. En todo caso, en los sondeos Vargas Lleras llevaba la delantera, incluido el Presidente. Finalmente Santos, en diciembre de 2013, se decidió por la reelección y siempre consideró, en ese aspecto personal, la conducta de Vargas Lleras un acto de lealtad al aceptarlo así y renunciar a su aspiración legítima.

Hacia el 2010

A esas alturas se venía dando una dura pugna al interior del Gobierno por la campaña parlamentaria. El partido Liberal, encabezado por el expresidente César Gaviria, y algunos sectores del partido de La U habían enfilado las baterías contra Cambio Radical, colectividad a la que veían en ascenso y les quitaba curules. Además, le reprochaban a Santos haber nombrado a Vargas Lleras en Buen Gobierno, la fundación creada de antaño por el primer mandatario y que servía de base para los comités programáticos. Finalmente, como se dijo, Santos anunció su propósito reelectoral. Pero se guardó hasta después de las elecciones parlamentarias de 2016 para ofrecerle la vicepresidencia a Vargas Lleras, so pena de no irritar a quienes no perdían oportunidad de atacarlo al interior de la coalición, con el pretexto de su silencio en el proceso de paz, bajo la voz cantante de César Gaviria y Horacio Serpa y las acostumbradas de Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes para el cargo promovían el nombre del general retirado y negociador con las Farc, Oscar Naranjo.

De hecho, el anuncio de Santos dando el nombre de Vargas Lleras como su tiquete vicepresidencial no se hizo en torno al proceso de paz con las Farc. Por el contrario, Santos exaltó básicamente sus condiciones de ejecutor, por el exitoso programa de vivienda, aunque no dejó de lado su carácter reformista en su paso por el Ministerio del Interior, y lo calificó de su “ministro estrella”. En ningún momento habló de las conversaciones con la guerrilla como epicentro de lo que se vio más bien como una alianza entre pares, una especie de cogobierno según reseñaron los medios y los analistas, con la respectiva división de trabajos. Tanto así que el mismo Santos dejó entrever, desde ese mismo día, que Vargas Lleras, en su carácter de vicepresidente activo, quedaría de coordinador único de los planes de infraestructura además de la vivienda y que, por su parte, quedaría en cabeza suya y de forma exclusiva todo lo atinente a las negociaciones con las Farc, donde aquel no tendría voz ni injerencia.

Ese tiquete quedó segundo en la primera vuelta, prendiendo todas las alarmas gubernamentales. Entonces se le sugirió a Vargas Lleras dejar a un lado la coordinación de la campaña, como abolir los comités hasta entonces vigentes, para abrirle paso a la jefatura única del debate a César Gaviria. La coalición, que en principio tenía soporte en la llamada centro-derecha, pasó a apoyarse en los sectores de izquierda provenientes de la primera vuelta como del propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, incurso en una aguda polémica con la Procuraduría.

Los parlamentarios de la coalición mayoritaria, que poco se habían movido, parecieron cambiar de actitud, especialmente en la costa Atlántica. Del proceso de paz, del que solo se acababan de conocer los preacuerdos agrícolas y algunas generalidades de la participación en política, con múltiples glosas de las partes, estaba lejos de ser lo que se iría a negociar y conocer posteriormente. Nada se hablaba de justicia transicional o de jurisdicciones especiales, solo de un marco general donde se juzgaría a los máximos responsables de la guerrilla.

Segundo mandato

Posesionado para el segundo mandato, luego del triunfo en la segunda vuelta, Santos comenzó a cumplir lo prometido, dedicarse al proceso de paz de La Habana, mientras Vargas Lleras hizo lo propio con los temas de infraestructura y vivienda delegados por el Presidente. El período de meses anunciado para culminar el proceso de paz tenía, por el contrario, visos de llevarse todo el segundo mandato.

Hasta que llegaron los días previos al plebiscito de octubre, hace un año, en el que se aprobaría o denegaría lo pactado, luego de firmar las 300 páginas del convenio final entre el gobierno Santos y las Farc, en el acuerdo de Cartagena, incluida la polémica justicia especial que se llevó buena parte de las conversaciones hasta septiembre de 2016.

En ese momento, Vargas Lleras rompió su silencio, en una entrevista exclusiva, dando un voto condicionado al plebiscito, sobre la base de que en las leyes reglamentarias posteriores al acuerdo se modificara sustancialmente la justicia transicional, se mantuviera la prevalencia de la justicia ordinaria y se adecuara constitucionalmente la participación política de las Farc. Nadie le exigió, entonces, votar el plebiscito a rajatabla, aunque los sectores desafectos de siempre evidenciaron que estaba claro que el Vicepresidente estaba opinando en contravía del Presidente y la coalición. Pero ni se le destituyó, se le pidió la renuncia o se le llamó a somatén.

A los pocos días, el Gobierno perdió estruendosamente el plebiscito, cuando se daba por descontada una victoria abrumadora. Se esfumó la oportunidad, entonces, de renegociar un acuerdo de paz por consenso, sumados todos los sectores nacionales, dejando súbitamente de lado las conversaciones pos plebiscito a los efectos. Por el contrario, se dio paso a la intempestiva refrendación parlamentaria del acuerdo, ahora llamado del Colón, por una resolución secundaria e inferior a la voluntad popular, de lo que Cambio Radical hizo parte, sin dejar de recabar que en todo caso plantearía las modificaciones al núcleo de la justicia transicional, al momento de aproximar la legislación respectiva en el Parlamento. Lo mismo al votar el acto legislativo, un tema genérico cuya aplicación quedaba igualmente pendiente de la ley estatutaria, hoy a estudio del Congreso. Fue entonces, hace unos días, cuando Cambio Radical insistió en su postura, de hace tiempo conocida, acrecentada, por lo demás, con el sesgo ideológico que vislumbró de la reciente selección de los magistrados de la justicia especial, por lo cual anunció su voto negativo.

Según la última edición de Semana, palabras más, palabras menos, el ex vicepresidente simplemente habría asumido una jugada táctica al decirle al presidente en ejercicio, sin saberse la fuente, que “…soy un amigo suyo. Por lo tanto, lo que a usted le conviene es que yo sea su sucesor y para ello necesito que me dé espacio para maniobrar”. Al parecer, según la revista, se refería a sus diferencias con el proceso de paz, pero que él ante todo le habría dicho que es una persona “pragmática” y razonable. Lo que, a su vez, significaría que no podría llegar a la presidencia, defendiendo el proceso de paz y en andas del partido Liberal y de La U, cuyas bases, por el contrario, están en parte con el propio Vargas Lleras. Sobre el tema se señalan múltiples conclusiones, todas derivadas de la mecánica electoral en que está imbuida la actual campaña presidencial, pero ninguna ideológica, que son de la esencia de la política.

En principio, no parecería claro en el talante de Vargas Lleras pedirle permiso a nadie para desplegar su actividad y defender sus convicciones. En segunda instancia, nadie duda de las reservas públicas y privadas de Vargas Lleras con aspectos puntuales del proceso de paz llevado a cabo por el presidente Santos. En tercer lugar, parecería confundirse la amistad con la adhesión y la lealtad con la subordinación. Pero todo eso es secundario frente a un solo hecho: Vargas Lleras siempre se ha mantenido en la misma línea frente al proceso de paz. Lo cual no puede ser sorpresa, ni para el Presidente, ni para nadie.           

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