Por segunda vez durante este Gobierno sesionó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) y nuevamente lo hizo sin los expresidentes, que son parte sustancial de esa instancia que tiene rango constitucional y legal.
El encuentro de carácter informativo fue convocado desde el lunes pasado por la canciller Claudia Blum, en el marco de un nuevo flanco en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
No trascendió mayor noticia sobre la reunión y sus asistentes. Tan solo la Cancillería informó en sus redes sociales que en la CARE “se abordó el estado de los procesos judiciales de Nicaragua en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. En el encuentro se recibieron comentarios y aportes de los participantes. Cancillería continuará convocando estas reuniones informativas periódicamente”.
Antes de la sesión de ayer ya el expresidente César Gaviria le había enviado una carta a Blum reiterándole (como lo hizo en noviembre para la primera reunión) que no acudía a la cita porque se daba para cumplir una orden del Consejo de Estado y no por convicción del Gobierno nacional.
El jefe único del Partido Liberal señaló el hecho de que en más de dos años solo se han realizado dos reuniones informativas, lo que a su juicio “no es algo accidental, sino la expresión del desinterés oficial por tener una política exterior que represente a toda la Nación”, considerando inútil “atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”.
Mientras los exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana no hicieron pública ninguna explicación de su ausencia ayer, Ernesto Samper trinó que tampoco asistió a la CARE “entre otras razones, porque no fui invitado. Duque no le debe tener miedo a debatir en la Comisión temas de fondo como el de Nicaragua así le toque saludar de mano” a Santos.
La Cancillería rectificó a Samper, explicando que la invitación fue enviada al mismo correo electrónico que la vez pasada.
Según el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, Juan David Vélez, del Centro Democrático, los que sí asistieron fueron los senadores y representantes de las células encargadas de temas relacionados con las relaciones exteriores.
“Nos informaron sobre los avances de Colombia en la defensa de las pretensiones internacionales de Nicaragua contra nuestro país”, dijo Vélez, agregando que ese tema “llama a la unión de todos en torno a la defensa de nuestro territorio, que incluye a nuestros mares y a San Andrés y Providencia”.
El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, como vocero de la oposición en la CARE, consideró “desafortunado que el Gobierno desaproveche el papel de los expresidentes de la República en un tema de Estado como el conflicto limítrofe con Nicaragua”.
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Seaflower
El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, informó que presentó ante Nicaragua una nota de protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”.
Según expuso el gobierno Duque, esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. “Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”, explicó la Cancillería.
En su nota de protesta, Colombia rechazó que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluyera y calificara porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio.
La Cancillería colombiana señaló que “la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.
CARE
El artículo 225 de la Constitución señala claramente que la CARE, cuya composición es determinada por la ley, es un cuerpo consultivo del Presidente de la República, en el entendido de que este tiene claramente la facultad exclusiva y excluyente de dirigir la política exterior del país.
Ese mandato formal que, como se dijo, tiene rango constitucional y legal, no es, sin embargo, obligatorio. Es discrecional del Jefe de Estado convocar a esa instancia en donde tienen asiento permanente los expresidentes de la República, el Vicepresidente (a), seis congresistas de las comisiones segundas del Congreso y dos miembros independientes definidos por el Mandatario, cupo que recientemente fue llenado por el exministro Alfonso Gómez Méndez, cuya suplente es la también exministra María Consuelo Araújo, y la excanciller Noemí Sanín, cuyo reemplazo es el politólogo y analista Fernando Cépeda Ulloa.
De hecho, es innegable que citar a la Comisión Asesora se volvió en las últimas dos décadas un tema bastante complicado porque el factor de la contradicción o el respaldo político y partidista coyuntural terminó primando, sobre todo en los tres últimos gobiernos (Uribe, Santos y Duque), en medio de la fuerte polarización.
Como lo mencionó el expresidente Gaviria, esta citación y la de noviembre se produjeron como consecuencia de una acción judicial interpuesta por varios congresistas, fallada a su favor en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego ratificada por el Consejo de Estado.
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Reforma
Para la primera reunión el expresidente Pastrana también se excusó de asistir argumentando problemas de agenda, pero consideró urgente retomar este mecanismo en medio de esta difícil coyuntura. “Deliberadamente el gobierno Santos profanó el ejercicio democrático incluyente y deliberativo de la comisión y optó por sustituir la política de Estado por una estrategia del gobierno”, manifestó.
Aunque no se hizo con la regularidad anunciada, la canciller Blum cumplió con seguir citando sesiones informativas. Sin embargo, esto no hará desistir a quienes desde el Congreso insisten en reformar la facultad de convocar a la CARE.
De hecho, ya se viene debatiendo un proyecto al respecto que terminó supeditado a que se conformara una Mesa de Trabajo conjunto entre el Gobierno y Congreso que permitiera darle viabilidad a dicha iniciativa.
Al final el proyecto fue aprobado en primer debate el 17 de junio de 2020 en la Comisión Segunda de Senado y el 4 de septiembre se radicó ponencia para segundo debate en la respectiva plenaria.
“La falta de rigurosidad por parte de dicha Comisión, su carácter exclusivamente consultivo, y la politización en algunos casos de sus recomendaciones o reuniones, ha llevado a desdibujar su propósito inicial, lo que genera urgencia en la tecnificación del asesoramiento del Presidente en estos temas, pues permitiría que de forma sustancial se establezcan lineamientos concretos sobre la Política Exterior de Colombia, sin importar el gobierno en turno, creando políticas de Estado y no de Gobierno”, señalaron los ponentes en su informe.
Si bien se mantiene el carácter consultivo y reservado de las sesiones, se plantea que la Comisión entregará al Congreso cada año un informe de apreciación del marco estratégico de la política exterior de Colombia y sus recomendaciones, tanto como la información de su gestión a lo largo del año.
Asimismo, se establece que, al iniciar cada periodo presidencial, la Comisión deberá entregar ante el Congreso un informe con la valoración de la política exterior del Presidente saliente, en el que se evidencien los avances, retrocesos y desafíos en relación con la política exterior del país.