El sistema de salud esta semana entró en una de sus crisis más altas, pues después de que en Senado se hundió la reforma que presentó el Gobierno, lo que era previsible por la oposición que generó los profundos cambios que proponía, la Superintendencia del ramo intervino a Sanitas y la Nueva EPS porque, dijo, tienen una difícil situación financiera. Posteriormente, Compensar solicitó su liquidación voluntaria, ya que, explicó que la compleja realidad del sector afectó la sostenibilidad de su operación.  

Si bien el hundimiento de la reforma derivó en un rifirrafe entre el Gobierno —que fustigó al Congreso por no aprobarla y corregir, dijo, la crisis acumulada por fallas en el sistema—, y la oposición e independientes —que manifestaron respirar tranquilos porque libraron a los colombianos de la eventual destrucción de la salud—, lo más preocupante en este momento, es que más de 19 millones de afiliados a estas tres EPS tienen incertidumbre sobre qué pasará con las citas, los tratamientos y el suministro de medicamentos, a pesar de los anuncios del ministro Guillermo Jaramillo y el superintendente Nacional de Salud, Luis Leal Angarita, que aseguran que los servicios no sufrirán traumatismos por estas medidas.

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Muerte anunciada

El pasado miércoles la Comisión Séptima del Senado hundió en tercer debate —por nueve votos contra cinco— la polémica reforma que radicó el Gobierno, una decisión que no sorprendió a nadie, porque desde hacía más de una semana nueve parlamentarios de distintos partidos, de los 14 que conforman esta célula legislativa, presentaron una ponencia de archivo. Quienes, además, contaban con el respaldo de la senadora Paola Agudelo, del Partido MIRA, quien coincide con ellos en que el proyecto era nocivo para la operación efectiva de un sistema que atiende a más de 50 millones de personas en los regímenes contributivo y subsidiado.

Los nueve senadores que votaron el archivo de la reforma son Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Nadia Blel Scaff y José Marín, del Partido Conservador; Miguel Pinto, del Partido Liberal; Paola Agudelo, de MIRA; y Berenice Bedoya de ASI.

De esta forma se puso punto final a una controversia que se extendió por 14 meses, pues desde el mismo momento en que el Gobierno dio a conocer el proyecto, distintas fuerzas políticas, sectores de la salud y en otros campos manifestaron reparos por los fuertes cambios que proponía, pues sostuvieron que pondría en peligro el sistema que se ha construido por más de tres décadas, al incluir la eliminación de las EPS; concentrar los recursos en la estatal Adres; así como que los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud) fueran la única puerta de ingreso de los pacientes al sistema, entre otros.

De nada valieron los argumentos que dieron el miércoles pasado en la Comisión Séptima los congresistas del oficialismo, ni el llamado que hizo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y del Interior, Luis Velasco, allí presentes, para concertar el texto, que fue el Plan B que se jugó la Casa de Nariño para salvar el proyecto con una ponencia alternativa que había presentado Fabián Díaz, pues los nueve citados senadores se mantuvieron en su postura de hundirlo.

Estos parlamentarios se comprometieron a radicar el próximo 20 de julio un proyecto de reforma concertado con las fuerzas políticas y el sector salud para ajustar algunas fallas del sistema.

El Pacto Histórico (bloque de fuerzas que funge como partido de gobierno), no se dio por vencido tras el hundimiento de la reforma, pues el senador Wilson Arias apeló la decisión que tomó la Comisión Séptima, lo que fue criticado por la mayoría de los integrantes de la célula legislativa. Ahora le corresponderá a la plenaria determinar si tiene o no fundamento este recurso.

Arias expuso que “la propia Ley 5ª establece que, en algunos momentos, cuando una propuesta importante es negada en comisiones, puede llevarse a la plenaria para que sea la que disponga acerca del archivo definitivo, de manera que hemos hecho uso de un recurso que normalmente no es frecuente, pero al que hemos querido recurrir”.

Al respecto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, férrea opositora de esta reforma, lamentó: “Otra vez vamos a entrar en el debate sobre ese famoso proyecto de reforma a la salud. Pero si llega a decir la plenaria que se votó bien, finalmente el proyecto se entiende hundido”.

El presidente Petro reaccionó contra los nueve legisladores que votaron el proyecto para hundirlo: “Los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen ‘no, no votamos el proyecto’”. 

En tanto que Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, dijo —por medio de su presidenta— Ana María Vesga, que "la decisión que adoptó la Comisión Séptima de Senado con el archivo del proyecto de reforma a la salud recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y, en general, la operación cotidiana del sistema”. 

“Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate en los últimos meses, en una gran mesa de diálogo alrededor de los retos y oportunidades que tiene el sistema, para buscar en conjunto entre todos los actores cuáles son esas modificaciones y ajustes que requiere nuestro sistema de salud, y que nos van a permitir fortalecer lo que se ha construido durante los últimos 30 años”, agregó.

Intervienen EPS

Poco antes de que se hundiera en Senado la reforma de salud, sorpresivamente, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional.

El órgano de control explicó que la decisión se adoptó “luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5,7 millones de afiliados”.

Agregó que, a diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a $2,04 billones, “poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”.

Sin embargo, el pasado miércoles, la firma Keralty, una de las accionistas de EPS Sanitas, envió una misiva a la procuradora Margarita Cabello, con el fin, dijo, de poner en su conocimiento las anomalías que considera se presentaron para esta decisión de la Superintendencia.

Agregó que la decisión es “desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”.

Como consecuencia el pasado jueves, la Procuraduría abrió investigación al Superintendente de Salud por presuntas irregularidades en la toma de posesión de la EPS Sanitas. Ese mismo día un equipo del Ministerio Público visitó esta entidad para notificar del acto administrativo y solicitar la documentación que soporte la intervención a esta empresa.

En tanto que el miércoles anterior, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS, en la cual la mayoría accionaria es del Estado, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, “tras evidenciarse una crítica situación financiera en la que actualmente se encuentra y el creciente incumplimiento con sus usuarios, factores que ponían en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 10.9 millones de personas”, indicó el órgano de control.

Agregó esta Superintendencia que la Nueva EPS no cumple con el capital mínimo ni con las reservas técnicas y tampoco con el régimen de inversiones que las respalda. 

“La Nueva EPS SA ha faltado en la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. Es así como las deudas con IPS por parte de esa entidad ascendían para noviembre de 2023 a la suma de $1.194.629.869.529, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”, explicó la Superintendencia Nacional de Salud.

Agregó que se ha constatado una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones en contra de esta EPS, desde el año 2017 con una tasa de 126,43 y, al mes de diciembre de 2023, con un total de 1.075.319 reclamos y una tasa de incidencia de 263,61 por cada 10.000 afiliados.

Sin embargo, tras concluir la visita de la Procuraduría el pasado jueves a la Superintendencia de Salud, el procurador para el sector, Luis Escandón, informó que “no existe un expediente administrativo en el que conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS, lo que genera una posible vulneración a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso, propios de toda actuación administrativa”.

El caso Compensar

A la preocupación en el país por la intervención de EPS Sanitas y la Nueva EPS, tras conocerse el viernes, el anuncio de la EPS Compensar de que busca liquidarse porque no puede garantizar su operación en esta crisis de la salud.

"Luego de más de 30 años de indeclinable compromiso al servicio de la salud de millones de colombianos, a través de su programa Compensar EPS, este jueves 4 de abril de 2023, la Caja radicó carta ante la Superintendencia Nacional de Salud solicitando aprobación para retirar de manera total y voluntaria dicho programa del sistema de seguridad social en salud".

Añadió la empresa que esta decisión “obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad”.

El presidente Petro dijo que lo manifestado por Compensar EPS, “simplemente nos da la razón. Un sistema de aseguramiento financiero en salud es insostenible. Por eso en los años pasados se liquidaron 100 EPS. Ahora tendrá que liquidarse Compensar por su propia solicitud”.

El mandatario recordó que en la madrugada reforma a la salud se proponía “transformar la EPS de aseguradoras en gestoras de salud”, que las hace “dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras y con otras funciones a las actuales, pueden seguir existiendo en un modelo de salud mixto”.

No obstante, Petro anunció que “claro que Compensar podría ser transformada, con nuestra ayuda, en una gestora y salvarla. Liquidarla significa que dejará sus deudas en una proporción sin pagar y que sus afiliados tendrán que pasar a otra EPS que posteriormente también quebrará”.

En ese sentido, el ministro de Salud indicó: “Creo que ese es el gran temor de Compensar, que a raíz de lo que sabemos se han perdido las reservas, se ha perdido el patrimonio, se ha perdido el capital y en manera responsable dicen: ‘preferimos retirarnos, pero nosotros no queremos que se retiren’. Yo hoy (viernes 5 de abril) tuve la oportunidad de dialogar con el Presidente, el doctor Barragán, desafortunadamente tuvo una calamidad personal, para sentarnos a buscar las alternativas para que Compensar se mantenga en el mercado”.

Petro anunció reorganización del sistema

Ante el hundimiento de la reforma de salud, el jefe de Estado aseguró que “lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe”.

En ese sentido, el mandatario dijo luego de la intervención que ordenó la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS y a la EPS Sanitas, que “el Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud”.

El jefe de Estado dijo que para las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora, integrada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que deben dinero estas empresas, así como representantes de los pacientes.

Así mismo, el mandatario invitó a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud. Advirtió que “ninguna IPS pública o privada acreditada debe ser excluida”.

Anunció también que la estatal Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. “Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad”, dijo Petro.

Igualmente señaló que las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores y que “no habrá despidos masivos de trabajadores de las EPS intervenidas”.

Asimismo, expresó que todos los pacientes de las dos EPS intervenidas continúan con sus tratamientos. Dijo, además, que “todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy”.

El presidente sostuvo que con esta reorganización “evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros”.

Finalmente, aseguró que los giros se realizarán de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Añadiendo que, como ordena la Ley estatutaria de salud y la Constitución habrá un sistema de salud preventiva como se construyó en Bogotá cuando él fue Alcalde.

Señalan al Gobierno de querer tomarse el sistema

La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir las EPS Sanitas y Nueva EPS, así como el anuncio del presidente Petro de una reorganización del sector, han sido interpretados por varios sectores como que el Gobierno quiere tomarse el sistema después de que no pudo sacar adelante la reforma de la salud en el Congreso.

La presidente de Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, Carmen Dávila, dijo que “es casi imposible pensar que porque se hunde una reforma, entonces el camino es la intervención”.

Agregó que “lo más preocupante es que las experiencias frente a estas intervenciones no son buenas”. 

En tanto que la copresidenta del Partido de La U, Clara Luz Roldán, advirtió que “la crisis del sistema de salud no se resuelve interviniendo una EPS diaria sino logrando un gran consenso nacional con todo el sistema de salud. Me preocupa el poder que el Gobierno está concentrando, pero, sobre todo, me preocupa la atención de millones de usuarios”.

Mientras que la ANDI dijo en un comunicado que “es momento de que la sociedad, los entes de control y la justicia vigilen y auditen integral y profundamente cada intervención. Se debe evitar que ese mecanismo, creado para defender a los ciudadanos, pueda ser objeto de abusos”.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que “sería inconcebible que esta medida haya sido tomada en retaliación por la decisión del Congreso de la República de considerar el voto de ponencia negativa respecto a la reforma a la salud”. 

Mientras que el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dijo que “acá va a haber miles y miles de muertos por la manera en que Petro se está tomando el sistema de salud”.

A su turno, el expresidente Álvaro Uribe señaló: “El Gobierno en lugar de resolver los problemas económicos del Sistema, se dio a la tarea de destruirlo. No tardará mucho para que se vean los efectos de la estatización; politiquería y servicios decaídos”.

Por su lado, el presidente del Senado, Iván Name, indicó: "Lamento profundamente la intervención de las EPS Sanitas y Nueva PS, tienen un amplio prestigio entre los colombianos y una cobertura superior a los 15 millones de usuarios. Revisaremos minuciosamente las causas que generaron la toma de estas determinaciones”.