La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) presentó un requerimiento ante la Corte Constitucional solicitando que el Decreto 062, emitido el 24 de enero de 2025, que declara el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, sea declarado inexequible por considerarlo “incompatible con la Constitución”.
La CEJ argumenta que el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo no constituye un hecho "sobreviniente ni imprevisible", como lo exige la Constitución para la implementación de un estado de conmoción interior. Según la entidad, la crisis en la región ya había sido previamente anunciado por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas, lo que descalifica la medida excepcional adoptada por el gobierno.
“Una premisa esencial del estado de conmoción interior está dada porque tal medida de excepción debe estar precedida de circunstancias sobrevinientes e imprevisibles que justifican las atribuciones exorbitantes de una de las ramas del poder público en desmedro del consustancial debilitamiento de las otras. En el presente caso, un hecho objetivo, como lo son las alertas tempranas reportadas por la Defensoría del Pueblo, demuestra que el Decreto 062 de 2025 no es el resultado de hechos sobrevinientes e imprevisibles, conforme lo exigen los artículos 212 y siguientes de la Constitución”, señaló el documento presentado ante la Corte.
Además, la Corporación destacó que la crisis humanitaria en el nororiente del país debe ser atendida con políticas públicas integrales, no con medidas extraordinarias que no aborden de fondo los problemas estructurales derivados del conflicto armado. “Lo que el Estado debe implementar para conjurar la violencia estructural son políticas públicas integrales enfocadas en zonas históricamente afectadas y marginadas”, agrega el requerimiento.
Riesgo de abuso de poder
Otro de los puntos críticos planteados por la CEJ es el riesgo de que este decreto funcione como un "cheque en blanco" para el Gobierno. Según el análisis, si la Corte Constitucional avala este decreto, el Ejecutivo tendría la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior en otras regiones del país con problemas similares, como Arauca, Cauca, Putumayo, entre otras, donde la violencia es también endémica.
“Si la Corte lo avala, le estaría dando un cheque en blanco al Ejecutivo para declarar conmoción interior en otras regiones con problemáticas similares, como Arauca, Cauca o Putumayo”, advierte el requerimiento.
Críticas al Decreto
La CEJ también cuestiona la falta de justificación sobre la insuficiencia de las medidas ordinarias de seguridad y la carencia de una explicación clara sobre el fracaso de los operativos militares previos. La organización sostiene que las atribuciones del Presidente, previstas para circunstancias excepcionales, no deberían ser utilizadas sin haber agotado previamente otras estrategias. “Las circunstancias que motivan la declaratoria de un estado de conmoción interior no pueden ser conjuradas mediante el uso de las atribuciones ordinarias del Presidente de la República”, argumentó Leonardo Beltrán Rico, representante legal de la Corporación.
Desde el Congreso de la República se advierte que los decretos de conmoción interior que ha expedido el Gobierno Nacional, no se basan en un informe previo que debía presentar el Gobierno para justificar la medida. Al respecto el representante Duvalier Sánchez explicó que “el informe de conmoción interior otorga unas facultades extraordinarias de contratación. En varios casos no aplicará la ley 80 por lo que se debe vigilar atentamente". De igual manera, La representante Julia Miranda, resaltó que “el presidente de la República Gustavo Petro no presentó la declaración de conmoción interior a la Cámara de Representantes, lo que hizo fue delegar ese trabajo en sus ministros, sin asumir su responsabilidad política", agregó la congresista en relación con este aspecto.
Posteriormente la representante del partido MIRA, Irma Herrera manifestó que “los decretos de conmoción interior carecen de claridad frente al papel de los organismos de control. "Deberían incorporarse por que es fundamental que se vigile la contratación". De igual manera, el congresista Wilmer Carrillo del partido de La U, afirmó “no ha sido suficiente la ayuda del Gobierno en El Catatumbo, esta región pide a gritos ayuda del Congreso de la República para que junto al Gobierno los ayuden a mitigar esta guerra".