En el año 1991, cuando se firmó la nueva Constitución Política de Colombia, se dio origen a uno de los mecanismos más efectivos como herramienta de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos: la acción de tutela.

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, reza el Artículo 86.

Este mecanismo de protección logró la confianza de los ciudadanos, puesto que año tras año su frecuencia aumenta, situación que ha forjado un análisis y discusión en torno a su sobreutilización, fenómeno que se conoce en la actualidad como ‘tutelitis’.

De acuerdo con el informe de la Corte Constitucional del 2024, el comportamiento de las tutelas en Colombia ha mostrado una tendencia al alza en los últimos seis años, impulsadas en gran medida por demandas relacionadas con el derecho a la salud. 

De hecho, el recién elegido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, indicó en entrevista con EL NUEVO SIGLO que en 2022, de las 633.463 tutelas presentadas, el 24,79 % (156.274) buscaban la protección del derecho a la salud. En 2023, de las 742.876 tutelas, el 26,72 % (197.609) se relacionaron con el mismo derecho. Finalmente, en 2024, de 859.298 tutelas presentadas, el 28,90 % (247.129) correspondió al mismo objetivo. 

A partir de este panorama y a propósito de los 33 años que cumplió la Corte Constitucional, EL NUEVO SIGLO consultó a exmagistrados de este alto tribunal, directores de programas y diplomados en derecho y ciencias jurídicas de las universidades de los Andes, Javeriana y Politécnico Grancolombiano, y al presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sobre lo que se debe hacer para acabar con la 'tutelitis' aguda en el país. 

La exmagistrada Gloria Stella Ortiz fue enfática en mencionar que ve como problemático el término “sobreutilización”. “La tutela es el único medio de defensa de los derechos que tienen muchas personas. Tienen que interponer tutela porque no se les protegen los derechos y ahora hablamos de 'sobreutilización'. Obviamente no puedo compartir ese acercamiento a la tutela”, puntualizó. 

A su turno, el exmagistrado Manuel José Cepeda resaltó tres razones por las que este fenómeno ha tomado fuerza en los últimos años. 

“Primero, hay 'tutelitis' porque hay 'abusitis' de las autoridades contra las personas. Segundo, las personas prefieren la tutela porque logran protección de la justicia de una manera mil veces más accesible y expedita que cualquier otro procedimiento judicial. Y tercero, las entidades a cargo de las políticas sociales, en lugar de aplicar la jurisprudencia consolidada, siguen exigiendo que el interesado les traiga un fallo de tutela para hacer lo que por sí mismos han debido hacer”, indicó. 

En este sentido, reiteró que se deben reformar los procesos ordinarios lentos y engorrosos, señalando además que si las autoridades cumplieran la Constitución, habría menos tutelas. 

Confianza ciudadana

Por su parte, el exmagistrado Mauricio González analizó la sobreutilización de la acción de tutela desde dos flancos: la confianza ciudadana en este instrumento y los problemas estructurales en materia de respuestas estatales. 

“Los ciudadanos prefieren esta vía institucional para la resolución de conflictos. Y esto es positivo porque lo peor sería que las personas se resignaran a la vulneración de sus derechos fundamentales u optaran por vías de hecho o medios violentos. En segundo lugar, muestra los problemas estructurales asociados a la realización efectiva del derecho de petición, el derecho a la salud y de los derechos pensionales, principalmente. Vastos sectores de la población se ven obligados a interponer tutelas ante las deficiencias en las respuestas a sus peticiones y los problemas de atención de sus derechos sociales, especialmente salud, explicó. 

Análisis de la academia 

Andrea Celemín, directora del área de Derecho y Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, aseveró que acabar con la 'tutelitis' como propósito puede ser una mala lectura del problema.

“Esto no es sino una manifestación de un problema más grave que implica que no existe un diseño institucional que asegure el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos. Si se acaba la 'tutelitis' sin que se traten las causas que subyacen a su uso sobreinclusivo, esto puede conducir a problemas más graves que se manifiestan en mecanismos ilegítimos de gestión de los conflictos. Más que acabar o limitar este mecanismo de protección, hay que lograr que los diversos mecanismos de gestión del conflicto que existen en el ordenamiento jurídico se parezcan más a la tutela, en razón a sus atributos: universalidad, simplicidad, brevedad y eficacia”, afirmó. 

Por su parte, Tania Blanco, directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, recordó que el año pasado la Facultad produjo el informe "Juego justo en la justicia", para mostrar la visión del empresariado colombiano alrededor del sistema de justicia, siempre centrado en el ciudadano. 

“A partir de los datos, encontrábamos que la gente acudía a la tutela en mayor medida viéndola como un camino relativamente sencillo y corto (10 o 20 días para obtener una decisión), en comparación con los caminos de la justicia ordinaria, que consideraban en extremo largos y desgastantes. Si un proceso judicial puede prolongarse en el tiempo por años o décadas, ¿por qué seguimos haciendo nuestra justicia tan compleja?”, cuestionó la directora.   

“Esto nos llama a pensar, desde una visión estructural, que necesitamos hacer una mejor pedagogía constitucional sobre el uso de la acción de tutela, promoviendo una mayor interacción con los organismos de control y con la función disciplinaria alrededor de los abogados”, agregó. 

Por su parte, Nayibe Jiménez, directora de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Grancolombiano, señaló que el uso desbordado de este mecanismo genera una sobrecarga en el sistema judicial, lo que  termina impactando en la eficacia del medio constitucional. 

“Lograr mitigar este fenómeno incluye actividades de carácter multifactorial. La primera es el fortalecimiento de la administración pública, porque varias de las tutelas pueden surgir como consecuencia de esa deficiencia de los servicios que se encuentran a cargo del Estado y que se consideran esenciales, como salud, educación y seguridad. Un segundo elemento tiene que ver con el uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque si existe una adecuada promoción de estas herramientas, como pueden ser la conciliación o la mediación, estos podrían evitar que la tutela sea el primer recurso en activarse por parte de la ciudadanía”, explicó. 

Además, indicó que el tercer elemento tiene que ver con una mayor capacitación y sensibilización a los operadores judiciales en el sentido de que se pueda determinar con claridad el uso adecuado de la acción de tutela y el uso de la inteligencia artificial que permita automatizar el análisis de las tutelas y con ello optimizar el trámite para evitar una congestión innecesaria.

Un Estado indolente 

Por último, Francisco Bernate,  presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, afirmó que la ‘tutelitis’ representa una afectación en la prestación del servicio de justicia para todos los ciudadanos, por cuenta del gran volumen de estas acciones que reciben diariamente los juzgados de Colombia,

“Si desde lo administrativo se tomaran en serio la cosa, le contestaran a la gente sus pensiones, le atendieran sus temas de salud, este no sería un problema. La tutela es un gran avance, pero también es la demostración de un Estado indolente”, concluyó.