El arranque en firme de la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha permitido que, después de mucho tiempo invertido en recursos procesales de la defensa, la Fiscalía y la parte civil, por fin comience la etapa en que las partes deben sustentar sus respectivos acervos probatorios y controvertir los contrarios.

La defensa del exmandatario ha logrado varios puntos a su favor, empezando por la decisión, el pasado 16 de octubre, del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien lleva el proceso contra el exmandatario acusado de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que le permitiera a los abogados del expresidente el acceso a una serie de pruebas relacionadas con el teléfono celular y otros dispositivos del principal testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve.

Es vital que el juicio esté rodeado del respeto al debido proceso y garantías para todas las partes, so pena de incurrir en un circuito aún más desgastante de nulidades, apelaciones, tutelas y otros recursos. Más allá de la obvia notoriedad de este caso, es un derecho fundamental de cualquier sindicado realizar una defensa material y técnica sólidas, acudiendo a los elementos de contradicción que la ley le permite. Fiscalía, parte civil y víctimas, por igual. Y una de esas garantías básicas es, precisamente, tener el acceso oportuno a la totalidad de los elementos materiales probatorios y contar con el tiempo y margen de acción jurídica suficientes para analizarlos y replicarlos, según sea el caso.

Ya de por sí ha generado múltiples controversias jurídicas el que se puedan utilizar como prueba incriminatoria las informaciones derivadas de las interceptaciones a las comunicaciones telefónicas entre el expresidente y un parlamentario, pese a que no mediaba orden judicial en específico para ello y se obtuvieron en desarrollo de otro proceso. Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su uso, el debate aún no termina.

Este es, sin duda, uno de los juicios más importantes de los últimos años, no solo por involucrar a un expresidente y jefe natural de uno de los principales partidos políticos, sino porque en medio de un clima político y general tan caldeado es evidente que la imparcialidad y objetividad del sistema penal acusatorio están bajo la lupa. La justicia no puede ser inferior a este reto. Urge máxima transparencia y ponderación.