El cambio de titular en la Superintendencia de Salud genera aún más incertidumbre en la ya de por sí endeble estabilidad del sistema de aseguramiento y atención médica en el país. En su corto lapso al frente de la entidad, Luis Carlos Leal tomó una serie de medidas, muchas de ellas controvertidas, que impactaron tanto a la malla de EPS privadas y públicas como a la red prestacional.

Su salida se produce cuando hay muchas decisiones pendientes, como es el caso de las solicitudes de retiro del sistema de Compensar y Sura, presentadas en abril y mayo pasados. Tampoco hay claridad sobre cómo avanzan los procesos de intervención a varias EPS, así como las investigaciones a otras más por el aumento de quejas, demoras en la entrega de medicamentos, deficiencias en el servicio, manejos irregulares de recursos y crisis financiera insalvable. Incluso, la semana pasada la propia Superintendencia denunció ante la Fiscalía actos de corrupción en cuatro EPS (tres de ellas intervenidas).

De igual manera, persisten las dudas en muchos sectores sobre las intervenciones de clínicas y hospitales. En el Congreso también hay preguntas sobre los reportes de la Supersalud en cuanto a mayor cobertura territorial, mejoría en los tiempos de respuestas a las necesidades de los pacientes y la oxigenación presupuestal a la red prestacional.

Más complicado aún es la cantidad de hipótesis −muchas de ellas con graves implicaciones− surgidas alrededor de las razones del relevo de Leal y su reemplazo, posiblemente, en cabeza del actual director del Instituto Nacional de Salud, a donde, según los corrillos, terminaría recalando el saliente superintendente.

La renuncia de Leal se une a otras dimisiones en altos cargos gubernamentales en los últimos dos meses, en medio de escándalos, cortocircuitos funcionales e investigaciones. Inestabilidad que ya parece una marca distintiva de este accidentado mandato.