A dos días de las elecciones regionales y locales son muchas las apuestas que se hacen sobre cómo quedará el nuevo mapa político. Sin embargo, no será fácil establecer esa correlación de fuerzas partidistas debido a la gran cantidad de alianzas y coavales con que cuentan muchos candidatos a gobernaciones y alcaldías.
Los nuevos alcaldes y gobernadores que sean elegidos este domingo tienen muchos retos. Unos son de gran calado y tendrán alto impacto. Por ejemplo, la depuración de la base de datos del Sisben apunta a ser una de las tareas más complicadas porque el Gobierno nacional alista una revisión a fondo de este listado de millones de colombianos sobre los que se focaliza la mayor cantidad de subsidios de todo tipo, desde vivienda y educación hasta salud y servicios públicos.
En los corrillos políticos se afirma con insistencia que el Gobierno está preocupado por la estabilidad de la coalición de Unidad Nacional y que, por lo mismo, una vez pasen las elecciones regionales y locales de este domingo próximo, el propio presidente Juan Manuel Santos citaría a una especie de ‘retiro espiritual’ a los jefes naturales, presidentes y jefes de las bancadas en Senado y Cámara de los partidos liberal, La U y Cambio Radical.
El efecto de las encuestas de la campaña ha sido de tal magnitud que, según conoció EL NUEVO SIGLO, hay un candidato de una ciudad principal del país que estaría pensando en demandar a la Nación, específicamente al Consejo Nacional Electoral, al considerar que las falencias en materia de regulación de los sondeos de opinión sobre referencias electorales afectaron su derecho a elegir y ser elegido.
No están muy contentos en las toldas de La U en torno de los pronósticos sobre cuántas gobernaciones y alcaldías podrían ganar los distintos partidos el próximo domingo.
“…El Centro Democrático puede estar en contra de la legislación vigente. Pero eso no le permite atribuir a los acuerdos algo que ellos no dicen ni usar su insatisfacción con normas vigentes desde el siglo pasado, para provocar alarma entre propietarios legítimos y empresarios… No ha habido capitulación alguna. No hay una sola palabra que se desvíe del estado de derecho. Proponemos transformaciones y cambios, eso sí, pero ninguno de los acuerdos rompe los fundamentos de la democracia.
Para el uribismo es claro que el Gobierno está detrás de la última reforma al articulado del acto legislativo que se tramita para acelerar la implementación de un eventual acuerdo de paz con las Farc. Ese último cambio abre la puerta a que personas que no sean congresistas puedan integrar la Comisión Legislativa Especial de Paz que crea el acto legislativo y que, según la propuesta inicial, sólo estaría compuesta por los representantes y senadores de las Comisiones Primeras y 12 congresistas más.
No tendrían fundamento los temores advertidos por algunos parlamentarios uribistas frente a las facultades extraordinarias que se otorgarían, a través del acto legislativo que está tramitando en el Congreso, para acelerar la implementación de un eventual proceso de paz.
Existe una inmensa preocupación en varios sectores políticos por el índice de abstención que se pueda presentar en los comicios del próximo 25 de octubre.
Uno de los candidatos a una de las alcaldías más importantes del país alcanzó a indagar con prestigiosos juristas sobre la posibilidad real de que su campaña o él mismo pudieran prohibir a las firmas encuestadoras incluirlo en los sondeos que se hacen para saber el grado de preferencia electoral.
En el alto gobierno aún resuenan las duras acusaciones que esta semana hiciera el senador y presidente de La U, Roy Barreras, contra el Centro Democrático, a cuyos integrantes acusó de ser los nuevos “terroristas” en Colombia. Una alta fuente del Ejecutivo indicó que a la Casa de Nariño la aseveración le pareció muy dura y que por lo mismo el congresista presentó las respectivas excusas en el Parlamento.
Aunque no hay una petición oficial todavía y se sabe que es un tema que por su impacto social debe ser manejado con pinzas por el Gobierno Nacional, se conoció que algunos de los titulares de concesiones viales son partidarios de que se analice a fondo la posibilidad de cobrar una tarifa especial de peaje a las motocicletas, cuyo volumen crece casi exponencialmente, a tal punto que se calcula que hay más de 4 millones de estos vehículos circulando por las carreteras del país.